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domingo, 22 de diciembre de 2013

Pronunciamiento de la II Cumbre Amazónica de COICA

Pronunciamiento de la II Cumbre Amazónica de COICA en solidaridad con CONAMAQ ante la agresión del gobierno a su local institucional

Las organizaciones de pueblos indígenas presentes en esta Segunda Cumbre, teniendo conocimiento de los lamentables acontecimientos acaecidos en Bolivia la noche del 10 de diciembre; el asalto y la ocupación de la casa de gobierno del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) principiada por una turba de individuos financiados por el gobierno y completada luego por fuerzas de la policía Boliviana.

Manifestamos nuestra más profunda preocupación porque desde la noche del martes 10 de diciembre las autoridades originarias del CONAMAQ están impedidas de desarrollar sus actividades con normalidad toda vez que no se les permite ingresar a sus oficinas y hacer usos de sus equipos de computación y comunicación, tan necesarios para la vida organizativa de los pueblos indígenas.

Repudiamos la actitud intervencionista y divisionista del gobierno de Bolivia con las organizaciones de pueblos indígena como fue en el año 2012 con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y ahora con CONAMAQ por el solo hecho de exigir el respeto y el cumplimiento de sus derechos a la vida, territorio y libre determinación.

Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, al Foro Permanente sobre cuestiones indígenas, al Mecanismo de Expertos para los Derechos de los Pueblos indígenas, el Relator Especial James Anaya a pronunciarse sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de Bolivia y del CONAMAQ.

Exigimos la inmediata devolución de la casa, oficinas, equipo y documentación a la organización CONAMAQ, así como la necesaria investigación judicial de los hechos del 10 diciembre y posteriores de agresión violenta a miembros del CONAMAQ, destrozos y pérdidas causada en los bienes y patrimonio de las organización de pueblos indígenas.

 Colombia, Villavicencio-Meta, 15 de diciembre de 2013

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Comunicado en rechazo a la denuncia pública del PFG de agroecología

«Hablamos de ética y de postura sustantivamente democrática, porque al no ser neutra, la práctica educativa, la formación humana, implica opciones, rupturas, decisiones. Estar y ponerse en contra, a favor de un sueño y contra otro, a favor de alguien y contra alguien. Y es precisamente ese imperativo el que exige la eticidad del educador y su necesaria militancia democrática y le impone la vigilancia permanente, en el sentido de la coherencia entre el discurso y la práctica».
                                   Tomado de «Política y Educación» Paulo Freire

Nosotros miembros del colectivo Autana Tepuy, orgullosamente  estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, integrantes de la Campana Venezuela Libre de Transgénicos; hemos desde hace meses emprendido una lucha por el cambio de la matriz productiva en el país que supere la agricultura comercial y revalorice nuestra cultura campesina y proteja la semilla como patrimonio de los pueblos al servicio de la vida.

En el marco de la cátedra abierta Venezuela Libre de Transgénicos que hemos venido impulsando como estudiantes, hemos estudiado y rechazado categóricamente tanto la ley de semillas vigente desde el año 2002, como el proyecto de ley propuesto por la comisión de Finanzas y Desarrollo Económico que contienen elementos que privatizan las semillas, criminaliza las practicas ancestrales de intercambio de semillas, defiende el derecho de propiedad intelectual y promueve la figura privatizadora de obtentores vegetales, iniciativa que pone en riesgo la soberanía alimentaría de nuestro país. Además permite los Organismos Genéticamente Modificados reflejado en el artículo 42, donde a través de un certificado de inocuidad biológica pueden ser liberados en el territorio nacional.

En este sentido el viernes 8 de Noviembre nos incorporamos en el primer encuentro de  estudiantes de agroecología, por encontrarse en agenda de discusión “b- Ley de Semillas”, espacio al cual nos permitieron ingresar, el objetivo del colectivo de estudiantes era comunicar el proceso y nuestra experiencia en la reunión sostenida el 23 de octubre de 2013 con la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca Eekhout y los diputados José Alfredo Ureña, Manuel Briceño y Leobardo Acurero, donde participaron diferentes organizaciones campesinas y sociales. Aprovechando la oportunidad para elevar las implicaciones antes mencionadas del proyecto de ley, debido a la situación evaluada por el colectivo se acordó en presencia de la Vicepresidentade la Asamblea Nacional Blanca Eekhout y los diputados ya mencionados, que el proyecto del ley de fecha 09 octubre de 2013 seria anulado y se iniciaría la construcción popular y constituyente de la  nueva ley de semillas, nutriendo desde el debate popular la exposición de motivos de la nueva ley.
Como resultado de la evaluación realizada conjuntamente en dicha reunión, tal como lo reseña el portal digital EPALE de la Alcaldíade Caracas en el día de hoy 10/11/2013,
 “Hubo un logro importante: el diputado por el PSUV José Ureña, principal propulsor y redactor de la propuesta, aceptó participar en la discusión y formulación de una nueva ley, junto con diversos colectivos. Esta jornada de elaboración de otra ley tuvo lugar el lunes 28 y martes 29 de octubre en Monte Carmelo (Sanare, Lara), durante el Encuentro de Guardianes de Semillas”.

En este encuentro la profesora Ingrid Castillo explicó el llamado de la Coordinación Nacional del PFG Agroecología a cargo de la Profesora Olga Domené, para realizar mesas de trabajo y generar aportes al proyecto de ley que fue rechazado  por los movimientos populares y la asamblea nacional, según el acuerdo logrado en la reunión de fecha 23 de octubre, en este encuentro solicitamos el derecho de palabra el cual nos fue concedido y además nos facilitaron un carpeta que contenía el proyecto de ley impreso, procedimos a comunicar lo antes expuesto, los avances alcanzados y las reuniones que hasta el momento se han realizado, a partir de las cuales se han generado aportes significativos sobre los cuales valdría la pena generar el debate; lamentablemente desde el ejercicio del poder y deslegitimación del estudiantado se produjo una interrupción sistemática durante toda esta aclaratoria, que no permitió alcanzar este objetivo, negando la oportunidad a los estudiantes y educadores participantes, de conocer el proceso y los avances producto de la construcción colectiva de campesinos, colectivos sociales, ciudadanía en general en torno a la ley, lo cual evitaría discutir sobre un documento ya en sí mismo desestimado y deslegitimado, por las propuestas neoliberales y capitalistas que recoge, lo que además significaría una peligrosa legitimación de un articulado ya rechazado.

A partir de ese momento hemos sido objeto de descalificación, señalamiento y vilipendio pues nos califican de derecha, desestabilizadores, desconocedores de la ley y la lucha en torno a ella, cuando expresan en el documento de la denuncia: “este discurso es el utilizado por la derecha para atacar y confundir”, “derecha fascista, que en víspera del día de la lealtad (8D) genera focos de conflicto para promover el clima de desestabilización en nuestra patria”, “no se discute lo que no se conoce” , entre otros aspectos que no son, ni sucedieron como se narra en tal documento.

En virtud de todo lo expuesto rechazamos categóricamente el comunicado emitido por la coordinación de Agroecologia, por carecer de veracidad, exagerando y manipulando de los hechos.

El derecho a manifestarnos y participar en el debate crítico, ha sido una tradición histórica y heroica del movimiento estudiantil y un instrumento de reivindicación de nuestros derechos, con el cual hemos sido consecuentes, pues hartas evidencias hay, de nuestra vinculación y discusión sobre la Ley de Semilla realizada como parte de un gran colectivo nacional que acciona para que el resultado de la misma sea consecuente con el Socialismo y la Transformación de las relaciones de poder que hasta el momento se han cristalizado a nivel mundial y a las cuales estamos comprometidos y comprometidas a pulverizar en revolución.


Creemos que es importante que como Universidad Bolivariana de Venezuela hija de la Revolución Bolivariana y del Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, nos manifestemos y fijemos posición revolucionaria y socialista, para la formulación de la nueva ley de semillas de la mano con el Poder Popular, considerando que tenemos programas de formación vinculantes.

Avanzamos hacia un nuevo concepto del quehacer legislativo que rompe con el modelo antiguo, parlamentario representativo, es por esto que expresamos nuestro más profundo apoyo al proceso popular y constituyente que impulsa el Poder Popular para construir desde las bases un nuevo instrumento legal que refleje  la voluntad del pueblo.

Comunicamos a la comunidad universitaria y en general que hemos realizado un esfuerzo para dar a conocer el proyecto de ley de semillas de la comisión Finanzas y Desarrollo Económico, desarrollando  múltiples actividades enmarcadas en la cátedra abierta “Venezuela Libre de Transgénicos” (ver Adjuntos)

Hacemos un llamado a la rectificación revolucionaria del profesorado involucrado en estos hechos para que juntemos esfuerzos por dar cumplimiento a este reto histórico de construir poder popular constituyente, transformando las lógicas representativas y socialdemócratas que aun perviven de la cuarta república, y que nos apoyen como juventud revolucionaria a construir la patria nueva, desde la participación y protagonismo del pueblo legislador.

Por ultimo somos hijos e hijas de las sabidurías libertadoras y emancipadoras de Bolívar, el Che, y sobre todo del maestro Hugo Chávez.


El presente es de lucha, el futuro les pertenece.
 Vamos muchachos a construir la Patria Buena. 

Hugo Rafael Chávez Frías  (2011)
Colectivo  Autana Tepuy
@Autana_ Tepuy

Comunicado: Documentalistas latinoamericanos y caribeños protestan

Protesta de documentalistas latinoamericanos y caribeños contra la decisión de la Corte Constitucional Dominicana debido a la cual se priva de su nacionalidad a todos los ciudadanos dominicanos de origen haitiano

Nosotros, cineastas, artistas, hombres y mujeres del mundo cultural latinoamericano, miembros activos de EnDocXXI (Encuentros de Documentalistas de América Latina y del Caribe del Siglo XXI) que agrupa asociaciones, grupos y cineastas independientes, somos particularmente sensibles a los sufrimientos de nuestros hermanos en cualquier latitud que se encuentren.

La decisión 168-13 adoptada por la Corte Constitucional de la República Dominicana, privando de su nacionalidad a todos los ciudadanos dominicanos de origen haitiano nacidos después de 1.929, interpela nuestra conciencia y nos obliga a elevar nuestra voz contra esta medida de consecuencias incalculables para unos 250.000 ciudadanos dominicanos de raza negra.

En efecto, lo que podría parecer como un acto demencial de tiempos pasados, acaba de realizarse en violación de la Declaración Universal de los Derechos humanos, que estipula en su Artículo 15 que todo individuo tiene derecho a una nacionalidad y que nadie puede ser privado de ella.

Este acto de la Corte Constitucional, nos recuerda las medidas que precedieron al genocidio en 1937 de 30.000 haitianos perpetrado por el dictador fascista, Rafael Leonidas Trujillo, émulo de Hitler. Y más recientemente podría parecerse al genocidio Rwandés que fue precedido por un clima similar el que ciertos sectores racistas y xenófobos quieren crear en la República Dominicana.

Los miembros de EnDocXXI y los demócratas del mundo entero condenan una medida tan peligrosa exigiendo al mismo tiempo su retiro por la Corte Constitucional dominicana. 

Pedimos a todas las organizaciones anti racistas, anti apartheid y de defensa de los derechos humanos, así como a todas las instancias democráticas del mundo, de elevar sus voces para condenar esta medida exigiendo su retiro inmediato o el boicot de productos dominicanos y del turismo en ese país que ningún demócrata y anti-racista debería visitar en solidaridad con esos ciudadanos dominicanos amenazados de destierro por su origen racial.


EnDocXXI - Encuentro de Documentalistas de América Latina y del Caribe del Siglo XXI
Latinoamérica, 28 de octubre de 2013

FIRMAN:

Asociación de trabajadores tucumanos de las artes audiovisuales-ATTAA - Argentina
ADOC – México
Asociación de Documentalistas de Costa Rica-DOKUS
Asociación Rosarina de Documentalistas-ARDoc - Argentina
LA RASTROJERA TV - LRTV cooperativa audiovisual – Misiones, Argentina
Agustín Cavadini – Coop. La Mula - Argentina
Alejandra Guzzo - Cine insurgente/ Doca /Documentalistas Argentinos
Ana María García – PhD – Puerto Rico
Ana Zanotti – Argentina
Annie Canavaggio - Panamá
André Leão - Cineasta - Brasil
Aníbal Garisto – Argentina
Ariel Direse- Argentina
Arnold Antonin - Asociación Haitiana de Cineastas (AHC)
Beatriz Rosselot - Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC
Belkis Ramírez - Nicaragua
Braudin Eusebio – República Dominicana
Camilo Moreira Biurra – Argentina
Carollini Assis - Guionista - Brasil
Dario Gularte - Brasil
David Hernández Palmar - Venezuela
Diego de la Texera – Puerto Rico
Dolores Miconi – Argentina
Donald Myerston- Venezuela
Fernando Kirchmar - Cine insurgente/ Doca /Documentalistas Argentinos
Gisela Hirschfeld - Argentina
Heydi Salazar - Nicaragua
Hugo Gamarra E. - Fundación Cinemateca del Paraguay - FESTIDOC PARAGUAY
Humberto Ríos – Argentina
Humberto Mancilla – PUKAÑAWI - Bolivia
Ignacio Mireles - México
Iván Argüello L. - Nicaragua
Jaime Lerner – Brasil
Jaime Tello - México
Jorge Solé - Venezuela
José Cettour - Santa Fe, Argentina
José Peguero - México
José Zambrano Brito – Ecuador
Juana Miranda - Kino Colectivo - Paraguay
Juan Carlos Lossada - Venezuela
Kaori Flores Yonekura – Venezuela
Kathy Sevilla Z - Presidenta Asociación Nicaragüense de Cinematografía
Katia Lara - Honduras
Laureano Ladislao Gutiérrez - ADN (Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Idependiente de Argentina)
Liliane Blaser Aza - Documentalista, Venezuela
Marcelo Céspedes – Argentina
Marcelo Pérez – Chaco, Argentina
Marc Villá - Venezuela
María José Alvarez - Luna Films - Nicaragua
Marta de la Vega – ACCOR - Córdoba, Argentina
Martha Checo – Documentalista - República Dominicana
Martin Ferrari - Asociación Cinematográfica San Luis - Argentina
Moise Camille - Asociación Haitiana de Cineastas (AHC)
Néstor Moreno – Mendoza, Argentina
Noilton Nunes – Brasil
Nora de Izcue - Perú
Norma Fernández – Argentina
Omar González – Cuba
Omar Neri - Cine insurgente/ Doca /Documentalistas Argentinos
Orlando Senna - Brasil
Oscar Menéndez – México
Pablo Dellamea - Argentina
Pita Ochoa - México
Pocho Alvarez – Ecuador
Purificación González de la Blanca - Abogada y escritora - España
Rodolfo Arévalo - Guatemala
Saudhi Batalla – México
Sergio Muñiz - Brasil
Soledad Cortés - Chile-Argentina
Soledad San Julian - Argentina
Susana Molina – Cuba
Tito Ameijeiras – Rio de Janeiro, Brasil
Virginia Croatto - Argentina
Wayruro Comunicación Popular – Jujuy, Argentina
Wolney Oliveira - Brasil

sábado, 26 de octubre de 2013

Carta abierta para el señor Rafael Correa Presidente de la hermana República de Ecuador

Caracas, 20 de octubre de 2013 

Estimado señor Presidente:

El pasado 10 de octubre lo escuchamos, no con poco malestar, manifestar opiniones adversas a la despenalización del aborto. Usted se encargó de dejar muy claro que, en esta ocasión, defenderá sus principios por delante de las necesidades del pueblo. Nosotras consideramos que se ha equivocado y desde la firme convicción de que la rectificación es un acto revolucionario, lo instamos a repasar sus actos.

Acá en Venezuela, como usted bien sabe, hemos tenido la oportunidad de formarnos los últimos catorce años en el marco de un proceso revolucionario. Nuestro Comandante eterno, Hugo Chávez Frías, nos enseñó algo que jamás olvidaremos: los líderes políticos son hijos e hijas del pueblo, no sus padres o madres. Desde esa postura, deben responder a sus necesidades y defender sus derechos, no decretar valores.

Entendemos el deseo y necesidad de ser fieles al desarrollo de una línea estratégica de gobierno, pero las transformaciones sociales responden a procesos dialécticos durante los que se acumulan contradicciones con las que debemos lidiar con madurez y firmeza, no para imponer criterios individuales, sino para no alejarnos del sur al que apuntamos voluntariamente los pueblos latinoamericanos: el socialismo. Hace no más de un mes, en el marco de su visita a Bolivia, usted se refirió al socialismo del siglo XXI como un modelo “que lucha contra inequidades centenarias, que disminuye la pobreza con dignidad y soberanía de nuestros países (...) hacia la construcción de la Patria Grande”.

No podemos hablar de soberanía sin empezar por la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, que son el primer territorio de lucha. No podemos hablar de luchar contra inequidades centenarias y no hablar de feminismo.

Compañero presidente, nosotras tenemos el deber de recordarle que más de la mitad de la población de nuestra futura Patria Grande somos mujeres, que hemos luchado y lucharemos día a día lidiando con contradicciones históricas que nos perjudican y que a pesar de eso, nunca hemos amenazado con renunciar, porque sabemos que sin nosotras no hay patria. Usted ha ganado la presidencia de su país con un proyecto socialista y forma parte de un conjunto de líderes que defienden la unidad latinoamericana. Seguramente ha estudiado – muy bien- a Marx y Engels, entre otros. Sin embargo, hace un par de días formuló que “ahora resulta que ser heterosexual, creer en la familia y ser católico es un pecado”. No celebramos su intento de frase sarcástica. Usted sabe bien que el primer lugar donde se aprenden, reproducen y sostienen los mecanismos del modelo capitalista es la familia patriarcal. Desde esa claridad nuestro presidente se declaró, en el 2008, feminista. Recordemos: sin feminismo, no habrá socialismo y no hay forma de acabar el capitalismo sin destruir primero el patriarcado.

Desde el cariño por usted que heredamos de nuestro comandante, volvemos a decirle: esta vez está equivocado. Presidente, rectifique. Si las reivindicaciones de nuestros compañeros y compañeras de lucha atentan contra nuestros principios entonces es hora de repasar nuestros principios.

¡Por la construcción de la Patria Grande! ¡Por la soberanía de nuestros Pueblos y de Nuestros Cuerpos! ¡Sin feminismo no hay socialismo!

Colectivo F.A.L.D.A.S. en Revolución


(Feministas en Acción Libre y Directa por el Aborto Seguro)

miércoles, 23 de octubre de 2013

Comunicado del Frente Simón Bolívar

ANACO, 19 DE OCTUBRE DEL 2013
Ciudadana
Blanca Eekhout
2da Vice Presidencia Asamblea Nacional.
Su Despacho.

Asunto: Solicitud de diferimiento de entrada en primera discusión del Proyecto de Ley de Semillas

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, como digna vocera de las organizaciones de base del poder popular, para hacerle llegar esta solicitud de interponer sus buenos oficios ante la presidencia de la asamblea nacional que muy acertadamente dirige el camarada Diosdado Cabello, a fín de solicitar sea diferida la entrada de dicho instrumento a plenaria para su primera discusión en nuestra asamblea nacional. Es oportuno mencionar que el instrumento legal que se pretende pasar a discusión a laplenaria, atenta con principios fundamentales para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, ya que la semilla es el germen de todo el inicio del proceso productivo; además vulnera el Plan de la Patria y el legado del comandante presidente HUGO CHAVEZ. En este sentido, creemos oportuno mencionar aspectos resaltantes en esta propuesta que van de manera directa contra nuestra independencia y soberanía nacional entregándole a privados la producción y derechos intelectuales sobre la semilla, aquí acotamos:

Se reconocen y promueven los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas (derechos de obtentor),

propiciando así la privatización de las semillas y el reconocimiento de la investigación agrícola como principal mecanismo de desarrollo de nuevas variedades y único sistema de conocimiento, negando los sistemas de conocimiento tradicional campesinos e indígenas.

  1. No se prohíben las semillas transgénicas y tampoco define claramente los mecanismos de control y sanción para estas semillas. Tampoco regula absolutamente nada de la semilla importada (ni en calidad, ni bioseguridad, ni en ningún otro aspecto)
  2. Considera la semilla campesina de modo errado, estableciendo regímenes rigurosos de fiscalización a la semilla campesina.
  3. Establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales.
  4. No establece mecanismos de participación del poder popular ni contraloría social, sólo se reconoce al Instituto Nacional de Semilla y a los investigadores como sujetos de la ley.
  5. Se solapan responsabilidades con otras instituciones, por ejemplo en materia de bioseguridad, la propuesta de ley establece responsabilidades al Instituto Nacional de Semillas que son actualmente responsabilidades del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, generándose vacíos legales que debilitan la gestión pública de la bioseguridad.
  6. Todo el espíritu de la ley establece criterios economicistas sobre la semilla, promoviéndose a partir de los derechos de propiedad intelectual y los regímenes de fiscalización y certificación de semillas a realizar por el Instituto Nacional de Semillas. No se contempla la semilla como elemento fundamental de la soberanía alimentaria ni como patrimonio de la diversidad biológica.


 Como usted podrá observar son apenas unas aristas de instrumento de Ley que se pretende presentar y aprobar en su primera discusión en nuestra honorable asamblea nacional, estamos convencidos que este proyecto de ley debe ser discutido a profundidad con los voceros de las diversas instancias del poder popular, y por lo tanto debe ser impedida su entrada a discusión en la asamblea nacional. Nos preguntamos compañera:

¿QUIÉN O QUIÉNES DISCUTIERON ESTA PROPUESTA?
¿QUIÉN O QUIÉNES SE BENEFICIAN CON ESTA PROPUESTA?
¿ES ESTA UNA ARISTA MÁS DE LA GUERRA ECONÓMICA QUE SE ADELANTA CONTRA NUESTRA PATRIA?
¿POR QUÉ NO HEMOS SIDO CONVOCADOS NI ESCUCHADOS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LEY?
¿POR QUÉ SE SIGUE PENSANDO QUE EL PUEBLO ES SOLO PARA ACATAR LEYES QUE SE DISCUTEN ENTRE BASTIDORES Y GALLOS DE MEDIA NOCHE?
¿ES ACASO QUE SÓLO CHÁVEZ CREE EN NOSOTROS?

 Son muchas e innumerables las preguntas que se desprenden de esta situación cuando discutimos y analizamos lo que se pretende hacer. Apreciada camarada, en este momento acudimos a usted PARA QUE UNA VEZ MAS SEA NUESTRA VOCERA Y SE DETENGA DE MANERA TAJANTE ESTE PROYECTO DE LEY, EL CUAL COMO USTED PUEDE APRECIAR ES CONTRARIO A LOS INTERESES DE LA PATRIA. El presente documento fue leído discutido y aprobado por diferentes colectivos de base que sienten con suma preocupación hacia donde pretenden llevarnos, los cuales firmamos en respaldo y señal de conformidad lo aquí expuesto.

 Nota: el respaldo de firmas de aprobación serán presentados en originales en caso deser requeridas.

¡CHAVEZ VIVE!

¡LA LUCHA SIGUE!

lunes, 21 de octubre de 2013

Carta pública de los Yanomami de Venezuela y Brasil

Puerto Ayacucho, 11 de Octubre de 2013

Nosotros, el Pueblo Yanomami de Venezuela y Brasil, representados por nuestras organizaciones “HORONAMI Organización Yanomami” y “HUTUKARA Asociación Yanomami”, reunidos en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, del 07 al 11 de octubre de 2013,  realizamos el Foro en conmemoración de los 20 Años de la Masacre de los Yanomami de Haximú (1993) y el Seminario Binacional “Derechos Indígenas y Políticas Nacionales”. En estos días de reflexión llegamos a las siguientes conclusiones:

1.- La lucha de los pueblos indígenas de Venezuela y Brasil resultó en un importante reconocimiento constitucional de nuestros derechos. Sin embargo, los gobiernos de Venezuela y Brasil deben realizar mayores esfuerzos para implementar los derechos reconocidos, mediante políticas públicas nacionales y binacionales que permitan garantizar la integridad de nuestro territorio y modo de vida. En particular nos solidarizamos con la Campaña “Movilización Indígena” realizada en Brasil, la cual hace un llamado nacional para que los pueblos originarios sean respetados y sus derechos específicos garantizados a propósito de los 25 años del reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución brasileña.

2.- Al conmemorar los 20 años de la Masacre de Haximú en la cual fueron asesinados en Venezuela 16 Yanomami (en su mayoría mujeres, ancianos y niños) por mineros ilegales brasileños (garimpeiros), queremos llamar la atención a nuestros Gobiernos sobre la necesidad de acciones efectivas para erradicar la presencia de mineros y así evitar la repetición del caso.

3.- Solicitamos el respeto a nuestros derechos originarios sobre nuestras tierras reconocidos por ambas constituciones, los cuales deben ser garantizados por la demarcación de las tierras y hábitats Yanomami y Ye’kuana, en el caso de Venezuela, y la protección de la Tierra Indígena Yanomami (TIY) en Brasil ya demarcada. Solicitamos también que la demarcación de nuestras tierras en Venezuela sea hecha respetando nuestra unidad territorial como pueblos. En el caso de Brasil, es necesario que el Gobierno retire a los hacendados que todavia están dentro de la TIY.

4.- Son muchas las denuncias sobre minería ilegal (garimpo) que nos traen nuestros parientes. La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de nuestras tierras y contaminación de los ríos. Es urgente que los Gobiernos de Venezuela y Brasil planifiquen y ejecuten acciones articuladas para erradicar y controlar la minería ilegal en nuestras tierras. Además de la minería ilegal, nos preocupa la intención de ambos gobiernos de promover la exploración y explotación minera. En el caso venezolano sabemos de la intención de establecer campamentos para la exploración minera en Convenio con la empresa china “CITIC” en los ríos Ocamo (Alto Orinoco), Paragua, Caura y Ventuari, dentro de las tierras de los Yanomami y de nuestros hermanos vecinos Ye’kuana. En Brasil nos oponemos a cualquier reglamentación que imponga la minería en nuestra tierra. Exigimos que nos consulten sobre estos proyectos y manifestamos que estamos en contra porque amenazan de nuestra vida.

5.- A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, en nuestras comunidades ha empeorado la situación de salud por la deficiente atención sanitaria y la presencia de mineros que traen epidemias y contaminación. Solicitamos que las instituciones públicas encargadas de la salud en ambos países mejore la implementación de las políticas respectivas incrementando la formación de agentes de salud Yanomami, la dotación de medicinas y la contraloría social. En el caso de Venezuela es urgente la ampliación de la atención a las comunidades lejanas. Solicitamos también que nos permitan participar en la revisión de estas políticas y en su ejecución. Igualmente es fundamental implementar acciones binacionales conjuntas para atender a las comunidades que habitan en la región fronteriza

Es  importante que se entienda la relación cercana entre la salud, las tierras y la presencia de minería. No es posible tener buena salud si no tenemos nuestro territorio protegido. También es importante comprender que para nuestra buena salud y la protección de nuestras tierras se necesitan acciones articuladas de los dos gobiernos que incluyan la participación de las organizaciones indígenas.

Descargue el documento final en el siguiente enlace:



domingo, 13 de octubre de 2013

Provea denuncia estancamiento en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas

Caracas, 11.10.2013 - Cuando se cumple un nuevo 12 de octubre, calificado como el “Día de la Resistencia Indígena”, el Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea) desea visibilizar el estancamiento de los derechos indígenas establecidos en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

El artículo 119 de la CRBV, que señala la obligación del Ejecutivo Nacional en demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, ha sido incumplido en su totalidad.

La disposición transitoria décimo segunda colocaba como plazo dos años para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y entregado a sus propietarios.

La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia.

Provea denunció que durante el 2012 fueron asesinados 06 indígenas yukpas por conflictos relacionados con la tenencia de tierras. El 03.05.13 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero quien había protagonizado diferentes acciones de exigibilidad de derechos para presionar por la demarcación del hábitat indígena y rechazar la explotación de minerales en sus territorios.

A pesar que las autoridades han mostrado celeridad en la captura y enjuiciamiento a los presuntos autores materiales, organizaciones sociales del estado Zulia han expresado sus dudas sobre la transparencia de la investigación así como la falta de voluntad política para sancionar a los autores intelectuales del crimen.

El gobierno del presidente Maduro ha prometido aumentar la producción de crudo y gas para el año 2019, según el llamado “Programa de la Patria 2013-2019” entre otros recursos naturales a explotar.

Sin embargo, muchos de los yacimientos a desarrollar se encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones presentes en el artículo 120 de la CRBV acerca del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada como requisito previo para el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado.

En este sentido la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera.

En el caso de la minería hay problemas adicionales, como la presencia de los llamados garimpeiros y las denuncias de la participación de funcionarios militares.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) ha dicho que “La entrada de garimpeiros a territorio venezolano ha sido constante y cíclica, y frente a esta situación, las respuestas del Estado venezolano en términos de acciones efectivas para controlar la presencia sistemática de los mineros ilegales de Brasil en tierras Yanomami, han sido bastante deficientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos”.

Por otro lado, comunidades pemonas de la Gran Sabana en dos oportunidades desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de minería ilegal. Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de los militares contra las comunidades.

Otra de las violaciones la constituye la presencia de enfermedades que vulneran el derecho a la salud de las comunidades aborígenes, derecho garantizado en el artículo 122 de la CRBV.

Provea ha venido alertando como, debido a la ausencia de campañas de vacunación y jornadas de orientación en las comunidades, aunado a la descoordinación y desorganización interinstitucional, periódicamente se denuncian epidemias de enfermedades como malaria, hepatitis B, VIH, influenza tipo B, tuberculosis y tétanos, entre otras.

El Pueblo Yanomami, por ejemplo, sigue desatendido a pesar de existir un Plan de Salud Yanomami.

También se ha denunciado los casos de miembros de etnias contaminados por mercurio, así como los nacimientos de niños indígenas con enfermedades congénitas producto de la actividad minera.

En noviembre de 2012 la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre divulgaron los resultados de un estudio que reflejaba que el 92% de las mujeres indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a estos hechos algunos pueblos indígenas han levantado su voz y la respuesta del Estado ha sido abrir juicios penales en la justicia militar.

Un ejemplo es el caso de los cinco capitanes Pemones actualmente procesados en los tribunales militares del estado Bolívar.

Ante las anteriores situaciones Provea propone a los poderes públicos:

- Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 de la CRBV y Título VII de la LOPCI, que reconocen la existencia de la jurisdicción indígena para la aplicación de instancia de justicia en sus hábitats con base a sus tradiciones ancestrales.

- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.

- Implementar programas orientados a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, propiciando el protagonismo de las comunidades en el desarrollo de una política que trascienda el asistencialismo, abordando estructuralmente los problemas de salud, educación y alimentación.

- Investigar y sancionar de manera transparente, expedita y apegada al estado de derecho los asesinatos de indígenas en el contexto de conflictos relacionados a la tenencia de tierras.

- Cumplir con el Acuerdo Amistoso suscrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desarrollar un Plan de Salud para el pueblo yanomami y garantizar la salvaguarda de su territorio de minería ilegal.


- Conceder libertad plena a los capitanes indígenas procesados injustamente en tribunales militares. 

(Prensa Provea)

Comunicado CEPSAL-ULA (A propósito de otro 12 de octubre…)

A siete meses de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra de la Comunidad Indígena de Chaktapa, en la Sierra de Perijá del Estado Zulia, Venezuela, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), grupo de investigación académica y de acción social adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL), de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, manifiesta lo siguiente:

1. La situación de los pueblos y comunidades indígenas de la Sierra de Perijá prefigura el estado general de los pueblos y comunidades indígenas del país, en cuanto al proceso de criminalización de la protesta indígena por la demanda histórica de sus derechos territoriales.

2. Dicho escenario anticipa casos similares en la cuenca del Caura del Estado Bolívar con el pueblo Yekwana, el pueblo Pemon en la Paragua del Estado Bolívar y del pueblo Uwottuja (Piaroa) en el Estado Amazonas, entre otros.

3. Esta peligrosa tendencia pone en evidencia escenarios de genocidios silenciosos hacia las culturas indígenas.

4. Lo anterior, sumado a la salida de instancias regionales de protección de los derechos humanos por parte del Estado venezolano, pone en entredicho la voluntad gubernamental de hacer efectivos los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente.

5. El ámbito interamericano de protección de los derechos indígenas ha sido el más preciado en cuanto al avance jurisprudencial en materia de garantías a estos pueblos históricamente discriminados.

6. El Estado venezolano como cualquier Estado colonial comete un doble crimen contra los pueblos indígenas del país, al criminalizar la demanda histórica indígena por el territorio y al dejar a estos sujetos de derechos desamparados de un espacio importante de protección y de garantías de sus derechos.

7. Esta perversa acción paradójicamente ocurre al mismo tiempo y con fines inconfesables, cuestionando el compromiso del Estado con el conjunto de derechos humanos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.

8. La condición de Estado colonial, tanto del anterior Estado liberal de derecho como del actual denominado democrático, social y de justicia, cabalga sobre los mismos fundamentos del Estado westfaliano de 1648.

9. Estos cimientos del Estado que aún no han cambiado, constituyen el principal problema con los cuales se enfrentan en la actualidad los derechos humanos en general y los derechos indígenas en particular.

10. Estos últimos aspectos hacen de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) un contrato social pendiente de materialización, sobre todo, en lo que se refiere a los derechos territoriales indígenas.

11. Hasta tanto a los derechos territoriales indígenas en Venezuela no se les conceda un tratamiento con rango presidencial, difícilmente se pueda avanzar en una agenda nacional para la demarcación.

12. Esta última debe ir vertebrada de los procesos de autodemarcación que los pueblos y comunidades indígenas del país han iniciado casi desde el mismo momento en que sería aprobada la nueva Constitución en el año 1999.

13. De nuevo, la materialización de los derechos indígenas en Venezuela es no sólo un asunto de voluntad política sino fundamentalmente de voluntad estatal, como condición de un garantismo constitucional descolonizador.

14. La muerte del Cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios.

15. El asesinato del Cacique Sabino Romero deja clara la inexistencia de un Estado que en su momento reconoció derechos indígenas, que se han ido difuminando frente a tanta impunidad.

16. Finalmente, la celebración de los próximos 12 de octubres deberían ser fechas propicias para hacer balances de derechos indígenas reconocidos y efectivos, y no para llamar la atención a las instancias gubernamentales de la existencia de derechos
indígenas pendientes.


En Mérida, Venezuela, el 12 de Octubre de 2013

domingo, 6 de octubre de 2013

Urgente: Alertas sobre el Proyecto de Ley de la Semilla en Venezuela

Red Nacional de Guardianes de Semilla Venezuela


Recibimos ayer la última versión de la Propuesta de Ley de Semillas que lleva a cabo la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, la cual será presentada en primera discusión este mes de octubre.

Desde la campaña hemos venido consignando ante al comisión las firmas recogidas de solicitud de prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios.

Asimismo, hemos consignado ante esta comisión informes sobre el impacto de los cultivos y alimentos transgénicos sobre la salud, la diversidad biológica y la soberanía, así como los aportes del debate popular para la ley.

Consideramos que el debate en torno a esta ley es un primer momento de un debate nacional sobre la transfomación del modelo agroalimentario nacional y es fundamental activar en todos los espacios los debates sobre este tema sobre el cual se ciernen poderosos intereses globales de las transnacionales del agronegocio, pero al mismo tiempo constituye una trinchera para el pueblo legislador y su accionar en función de la soberanía alimentaria, generando un referente de ley por la semilla libre.

Divulgamos esta última versión que presenta la comisión y que según declaraciones de dicha comisión, será sometida a un proceso de consulta pública en los próximos días, posterior a su primera discusión en plenaria de la asamblea nacional. Desde la campaña tenemos observaciones fuertes al articulado de la propuesta  de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las  prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley.

Es así como consideramos importante iniciar una debate nacional desde los sectores revolucionarios en torno a este tema a fin  de trascender la mera consulta a una “construcción colectiva revolucionaria”.

Muchos Saludos y estaremos activadxs como pueblo legislador, 

Descargue a última versión del proyecto de ley en el siguiente enlace:


lunes, 30 de septiembre de 2013

¿Hasta cuándo pospondremos en Venezuela el debate sobre la legalización del aborto?

Un año más reafirmamos la necesidad de un indispensable debate público sobre la legalización del aborto, ya que mientras no hablemos sin miedo del aborto inducido, tampoco podremos analizar la realidad de los embarazos no deseados, ni contrarrestar la falta de programas públicos efectivos para prevenirlos. Llevar a cabo esta discusión sin prejuicios, sin tapujos y sin la presión de las coyunturas electorales, es fundamental para impulsar una política de prevención y solución responsable del embarazo no deseado. Y es que, no sólo para evitar las consecuencias fatales de la mala praxis de los abortos ilegales, sino inclusive para reducir su práctica, es esencial que sea el sector público de la salud el que se haga responsable de la atención de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Usualmente se habla de las razones que puede tener una mujer para no seguir con su embarazo y la lista suele ser interminable. Sin embargo, puede que sea más oportuno preguntarnos por qué una mujer decide iniciar y continuar el proceso de un embarazo, es decir, por qué una mujer planifica ser madre en un momento determinado de su vida. La respuesta nos ayudará a clarificar el problema: la mayoría de las mujeres no tienen las condiciones de decidir, ni de planificar sobre el inicio, ni la continuidad de un embarazo. Es decir, no hemos creado aún el escenario social que permita planificar una opción de vida tan trascendente para la mujer, sobretodo en una sociedad en la que aún la responsabilidad fundamental de la crianza y sustento de los hijos e hijas recae en ella de forma privada.

Un evento, que dentro de la sociedad capitalista probablemente va a condicionar restrictivamente sus relaciones sociales, no es casi nunca consecuencia de una decisión consciente y planificada individual y socialmente, sino fruto del azar. Para colmo, la sociedad reprime la posibilidad de que la mujer se ponga al frente de esa eventualidad para sopesar la conveniencia o no de seguir adelante con un embarazo. Como sociedad ni atacamos las causas del problema, ni asumimos las consecuencias, simplemente nos tapamos los ojos, o pero aún, tan sólo juzgamos sobre la base de prejuicios sociales antiquísimos y nefastos.. Frente a un embarazo no planificado, ni deseado la mujer, abandonada por la sociedad a su desventura, no tendrá más opción que ser madre de forma forzada o interrumpir su embarazo de forma clandestina, a un precio exorbitante y sin la adecuada atención médica.

Socialmente, como es lógico, nos preocupa el alto índice de “mortalidad materna” del país, pero si no queremos reconocer la enorme relación que tiene con la alta tasa de embarazos no deseados, ya sea que éstos deriven en abortos clandestinos y por tanto inseguros, o que se traduzcan en falta de cuidado y de seguimiento médico de un embarazo no deseado y a veces aborrecido, poco podremos hacer para reducirlo. Hay que recordar que todas las muertes derivadas de embarazos no deseados podrían evitarse con una medida basada en criterios de salud pública y de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la que no interfirieran los prejuicios religiosos, los intereses económicos del capital y los cálculos electorales.

Por: Susana Gómez Ruiz. Colectivo INSUMISAS

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Afrodescendientes o Garifunas: raza o cultura

¿Adán y Eva eran Negros? En África empezó el viaje humano en el mundo.

Espejos, Una Historia Casi Universal, Eduardo Galeano

La utilización del término "afro- descendientes" para suplantar el gentilicio de Garífuna,  es  un ardid con trasfondo político mas que cultural, destinado a complacer los mandatos de organismos financieros que vienen promoviendo la entrega de nuestro territorio ancestral a cambio de una supuesta inserción en el mercado laboral y las instituciones del Estado.

A partir de los años 90, en Brasil se origina el uso del término afrodescendiente como sustituto de negro, para lograr una mayor aceptación entre la población de origen africano de ese país, los que ante el racismo y los estereotipos promovidos por el sistema, temían identificarse como tales.

Raza y Cultura

La identificación como afrodescendientes se encuentra ubicada mas en el concepto de raza que de cultura. En la interesante ponencia de Claude Leví-Strauss, intitulada Raza y Cultura, en la cual señala “Sabemos qué es una cultura, pero no sabemos qué es una raza”. En el termino  afrodescendiente no sólo recaemos los Garifunas sino que toda la humanidad, la cual definitivamente proviene de África.

Incluso el concepto de África es bastante discutible como señala el filósofo congoleño Vicente Mudimbe en su magistral libro La Invención de África. En el continente africano conviven mas de 1000 pueblos con una enorme variedad de culturas y de genotipos. Los Europeos fueron los encargados de inventarle el nombre al continente y de dividirse el pastel en la Conferencia de Berlin de 1885.

La OFRANEH ha venido durante décadas representando al pueblo negro Garifuna, e identificándonos como indígenas, ante nuestras características culturales heredadas del pueblo kalinagu insular, del cual heredamos nuestro idioma, clasificado como arawak maipure norteño; además de circunscribirnos con las culturas de la yuca amarga provenientes del río Orinoco. Existen algunas palabras de origen africano y prácticas culturales entre la población masculina con raíces africanas como el uraga, wanaragua y el llamado indio bárbaro.

En la década de los años 30, el intelectual trujillano Sixto Cacho mantenía que el pueblo Garifuna era de piel negra pero de cultura indígena. Hasta la fecha hemos logrado preservar buena parte del acervo cultural a pesar de la homogeneización promovida por el estado, a través del sistema educativo y los medios de comunicación masivos.

Del censo promovido por la afroderecha y el espejismo de la inserción

En las últimas décadas, se ha venido promoviendo la estafa cultural de erradicar la identificación Garífuna para sustituirla por el vago término de afrodescendiente, desechando el bagaje cultural de nuestros ancestros por una simple identificación de supuesta raza, denegando esta forma el hibridismo genético del cual somos portadores.

El censo nacional del año 2011 arrojó un resultado de  49,952 Garífunas en Honduras. Podemos señalar que fue un intento deliberado de invisibilización por parte del Estado, cuando para ese entonces radicábamos en el país mas de 200 mil garinagu a lo largo de las 47 comunidades costeras e insulares.

Hace algunas semanas se inició un conato de censo en las comunidades Garifunas promovido por el INE (Instituto nacional de Estadísticas) y la afroderecha aliada de la actual administración Lobo. Las brigadas del “INE” se encuentran en las comunidades Garífunas efectuando mas que un censo, una encuesta con algunas preguntas preconcebidas en un documento del Banco Mundial (B.M.) intitulado MÁS ALLÁ DE LOS PROMEDIOS: Afrodescendientes en América Latina,”Los Afrohondureños”.

Al final de dicho documento se encuentran una serie de “Recomendaciones”, algunas de ellas bastantes capciosas, siendo la primera de ellas “Incluir preguntas sobre raza y étnicidad – de manera continua – en las encuestas de hogares y censos de población”.

En el caso del pueblo Garífuna, las oneges pro gobiernistas han venido soterrando nuestra identificación como pueblo indígena para pasar a convertirnos en una simple minoría étnica, donde la identificación radica en el color de la piel, negando y ocultando el bagaje cultural de nuestro pueblo.

El texto del B.M. llega al extremo de aseverar  que “un alto porcentaje de población Chortí comenzó a identificarse como tal cuando la administración del Presidente Ricardo Maduro comenzó con el proceso de devolución de tierras a los Chortís”. Descartando la reciente historia del pueblo Maya-Chorti, el que desde de la década de los años 90 viene movilizándose en defensa de su territorio ancestral, hasta al punto que en 1997 fue asesinado su líder Cándido Amador, homicidio que permanece  en la impunidad.

Entre otras de las recomendaciones, se encuentra la inclusión de preguntas sobre remesas, VIH/SIDA, trabajo, mercado informal y sexual infantil, Medición de la incidencia de drogas. La última recomendación va dirigida a “Determinar si el grado de aculturación ha llegado al punto que las distinciones étnicas han sido prácticamente eliminadas – y por que razones – que la población se identifica como hondureña”.

Supuestamente las intenciones del B.M. es la creación de políticas publicas destinadas a la inclusión. Desafortunadamente la experiencia que poseemos en relación a la tenencia de tierra y territorios por parte del B.M, es la de disolver la propiedad comunitaria para incluir las comunidades Garífunas en el mercado de bienes raíces.

La información obtenida de estas encuestas, mas que censo, puede ser de una enorme utilidad siempre y cuando sea dirigida a fortalecer al pueblo Garífuna, no solamente los grupúsculos adeptos a la dictadura civil existente en Honduras.

La mayoría de la población Garífuna observa con sospecha o indiferencia la incursión del INE, ante el enorme fiasco que representa la actual administración surgida tras el golpe de estado y la cual ha sucumbido en la violencia y abusos de derechos humanos, además de promover la entrega del territorio Garifuna al capital extranjero bajo el rótulo de ciudades modelo (Ley RED-ZEDE).

La diferencia de visiones entre los Garífunas y los que se autodenominan “afrodescendientes” es abismal. Los primeros buscamos la autonomía territorial y defensa de nuestras comunidades, los segundos se satisfacen con una inserción dentro de un sistema corrupto y las dádivas de poder de los sátrapas de turno. Para nuestro pueblo el paradigma es Satuye y las dos guerras consecutivas libradas contra el imperio británico; los segundos son herederos políticos de Narciso Gil y los negros franceses (monarquistas) que arribaron a Trujillo en 1775, desde la isla de Haití.

Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, 18 de Septiembre del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

jueves, 19 de septiembre de 2013

Firma el manifiesto por el Yasuní (Ecuador)


La esperanzadora propuesta levantada por el pueblo ecuatoriano para “dejar el crudo en el subsuelo”, reconocida posteriormente por el gobierno del presidente Rafael Correa y conocida en el escenario internacional como Iniciativa Yasuní ITT -una transición desde los pueblos en este camino pospetrolero- ha sido sepultada por el propio presidente ecuatoriano mediante el Decreto 74 del 15 de Agosto de 2013.

Encuestas de opinión estiman que cerca del 80% de los ecuatorianos están en contra de la decisión de Correa de abandonar la propuesta y abrir el área a la exploración petrolera. Además de organizaciones indígenas y ambientalistas y de ciudadanos en general, las protestas vienen de prominentes figuras como el economista Alberto Acosta, anterior ministro de energía y presidente de la Asamblea Constituyente.

Este manifiesto que invitamos a firmar, busca respaldar la Consulta Popular solicitada por el pueblo del Ecuador para que las ecuatorianas y los ecuatorianos decidan qué hacer con el Parque Natural Yasuní; también busca enviar un mensaje de solidaridad al valeroso pueblo ecuatoriano que se ha constituido en un referente de las luchas ambientales y las propuestas para construir un mundo donde primen las relaciones armónicas entre los seres humanos y entre los seres humanos con la naturaleza, como principio de la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir.

 MANIFIESTO LATINOAMERICANO POR EL YASUNÍ

Las grandes crisis de la humanidad suelen propiciar ambientes bastante fecundos en ideas, iniciativas y cuestionamientos. La crisis ambiental que nos acoge actualmente, nacida de las maniobras extractivas propias del modelo capitalista que viene agobiándonos históricamente, ha sido un escenario fértil para cuestionar nuestra relación con la naturaleza, para pensar el territorio y para embarcarse en nuevos propuestas alternativas al modelo. Así la iniciativa de “dejar el crudo en el subsuelo”, concebida por organizaciones y ciudadanos ecuatorianos, conscientes de la barbarie ambiental causada por la extracción de petróleo en sus selvas amazónicas, se encamina a proponer estrategias que impidan la continuidad y la implementación de un modelo extractivista en los territorios, llamando a la comunidad internacional a acompañarles en su tarea.

Lamentablemente la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo, reconocida posteriormente por el gobierno de Rafael Correa como Iniciativa Yasuní/ITT, se encuentra ahora sepultada por el propio presidente ecuatoriano mediante el Decreto 74 del 15 de Agosto de 2013, que da por terminada la Iniciativa Yasuni-ITT. Procediendo inmediatamente a solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de asunto de importancia nacional la explotación del petróleo en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini del Yasuní, ubicado en la región de mayor diversidad biológica del mundo. No obstante, el potente pueblo ecuatoriano, inalienable ahora en este tema, comprende la importancia ambiental del Yasuní y, por ende, ha solicitado a la Corte Constitucional un dictamen de constitucionalidad a la pregunta que servirá de base para una consulta popular.

Ante este escenario, las organizaciones sociales, ambientalistas, comunitarias, culturales, académicas y la ciudadanía abajo firmantes apoyamos decididamente la propuesta de Consulta Popular, considerando que además de buscar la conservación eficaz de la vida y existencia de la selva amazónica, la consulta es una evidencia de la conciencia creciente de los ecuatorianos frente a su propia naturaleza. Se triunfa con una Consulta Popular porque se reivindican los poderes políticos de la sociedad, se potencia el poder de lo popular y se refuerza el derecho legítimo de los pueblos de tomar decisiones concernientes a su territorio Sin lugar a dudas, entendemos que la Constitución Política de la República del Ecuador es una carta audaz en términos de derechos constitucionales y conservación de la naturaleza, y rechazamos la forma en que el gobierno actual pretende transgredirla con la propuesta de explotación del bloque petrolero ITT en el Parque Nacional Natural Yasuní. Rechazamos el decreto presidencial que consideramos ilegítimo, dado que viola los derechos humanos y de la madre tierra contemplados en la Constitución Nacional ecuatoriana. La decisión presidencial vulnera particularmente los siguientes artículos:

Artículo 57.- Relacionado los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Artículo 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Artículo 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras…
Artículo 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.
Artículo 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas…
Artículo 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles…
Artículo 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua…

Objetamos los argumentos presentados por Rafael Correa para explotar el petróleo existente en el Yasuní, al decir que los ingresos generados de la explotación son indispensables para mejorar las condiciones de vida de las comunidades amazónicas ecuatorianas, dudamos que esto sea posible bajo el escenario propuesto de explotación. En primer lugar, porque históricamente está demostrado que en el Ecuador las regalías por petróleo no tienen una relación directa con una mejor calidad de vida, por el contrario han sido las comunidades, que habitan las zonas de donde se extrae el petróleo, quienes se cuentan entre los más desabastecidos y con los mayores índices de pobreza.

En segundo lugar, resaltamos que no es posible pretender mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante la explotación petrolera, porque con la degradación de su territorio, se vulneran asimismo sus relaciones sociales y con la naturaleza, que son el sustento real para su vida. La cultura de las comunidades es una manifestación de la naturaleza de la que hacen parte, así pues el desequilibrio de su territorio, será el desequilibrio de su vida, porque su cosmovisión incluye lo que para ellos es conocido: sus ríos, sus alimentos, sus rutas, sus tiempos, su aire, su maraña verde.

Reafirmamos las decenas de razones para defender el Yasuní de cualquier tipo de actividad extractiva, principalmente la riqueza de su biodiversidad, sus relaciones ecológicas tejidas por milenios, sus medicinas, sus particularidades fisiológicas, paisajísticas, su resiliencia, su metabolismo ecológico, sus particularidades étnicas (especialmente la presencia de pueblos en aislamiento voluntario), su valor escénico, su vida, sus millones de años de historia evolutiva. Asimismo rechazamos los modelos gubernamentales basados en el extractivismo, la adicción por el petróleo, la obsesión por el crecimiento económico ilimitado y las economías rentistas.

Rebatimos la idea de que el uno por mil (1x1000) del Yasuní que se explotará es un área mínima o despreciable, pues esa proporción corresponde a la magnífica área de 982.000 hectáreas, que no está distribuida de manera continua, sino que está compuesta por diferentes campos que tendrán que ser interconectados. Por lo cual, el uno por mil presentado como despreciable, aumentará a través del tiempo, por esta razón instamos a las comunidades a no dejarse distraer por la forma conveniente de presentar esta cifra. Asimismo, contradecimos la idea de que la afectación ambiental será mínima por la implementación de modernas tecnologías con poco impacto, pues aún para la explotación horizontal como mínimo se necesita numerosas detonaciones en toda el área solo en la fase de exploración, además se necesitarán también instalaciones para vías de acceso, líneas de transmisión, tuberías en toda el área y usar amplias zonas para la instalación de cada pozo, sin mencionar de los procesos de colonización que provoca la actividad petrolera.

Aplaudimos a los ciudadanos y organizaciones ecuatorianas tanto por la propuesta de “dejar el crudo en el subsuelo” (Iniciativa Yasuní/ITT) como ahora por el llamado a Consulta Popular. En especial a los movimientos de jóvenes que con sus acciones se convierten en un referente histórico para el planeta entero, y el Ecuador como un indiscutible líder en propuestas innovadoras en materia ambiental. Celebramos el mensaje contundente que están dando al mundo, que la permanencia de la vida no tiene discusión, que la vida puede entenderse en términos de ciclos, flujos y sinergias, porque como dice Fritjo Capra, “lo que le hagamos a la tierra nos lo hacemos a nosotros mismos”.


Por último hacemos un llamado a la comunidad internacional, organizaciones ambientalistas, académicas, sociales, espirituales, étnicas y ciudadanos permanezcamos atentos al futuro del Yasuní y continuemos respaldando y acompañando las motivaciones del pueblo ecuatoriano en esta labor de repercusiones planetarias. Apoyamos la Consulta Popular... queremos un Yasuní vivo y que los ecuatorianos sigan inspirando a las naciones con su proceder!