Desde el cuerpo a la semilla

Por: Ernesto Cazal

Foto: Paul Ledesma
Colectivo Autana Tepuy

03/11/13.- El cuento es sencillo: existe una sarta de lacras, dueños de algunas grandes propiedades (privadas), quienes amasan el capitalismo para que el resto consumamos la misma mierda que ellos venden. Este cogollo pretende almacenar a todo el planeta en un stock para condensar toda la mercancía posible (personas y recursos). Entre ese amasijo de cosas quiere controlar la comida del planeta bajo relación compra-venta. Para hacer esto tienen que imponer la forma de agricultura que les conviene: producción, producción, producción a gran escala, con todos los riesgos que conlleva (según la Organización para la Agricultura y la Alimentación —FAO, sus siglas en inglés—, se produce tres veces más comida de lo que la población mundial necesita, pero una gran cantidad se va al desecho dejando a millones depersonas sin comer).

La manera que encontraron para producir, según ese modelo, fue introducir investigaciones biotecnológicas y nanotecnológicas en semillas, lo que derivó en los transgénicos (OGM: organismo genéticamente modificado). Estas semillas reclaman, según su constitución y por ser generadas dentro del capitalismo, productos industriales para que generen lo que las corporaciones y el campesino engañado necesitan producir. Por eso, no solo se comercializan estas semillas sino que vienen acompañados de un kit de agrotóxicos y manutenciones mercantiles. Todo un negocio. Redondito.

Pero la vaina no termina allí. Al lado de esta comercialización de “materia prima” se encuentra un beneficio transnacional (corporaciones como Monsanto, Dupont, Syngenta y Cargill, entre otros, se llevan gran parte de la tajada), que muchos países en el mundo convierten en tributo mediante la legislación: la patente de semillas. La propiedad sobre estas provoca la competencia entre generadores de semillas. Allí entran las grandes transnacionales con sus intereses. ¿Cómo? Te dicen que cada semilla debe tener un “propietario” (esto entrecomillado, ya que la propiedad, en este caso, no se determina por la compra de productos, servicios y bienes) y que este debería comprarlas a alguna compañía autorizada por la FAO, ente que hace las veces de ONU de la comida. Es decir, que el semillero de un conuquero, quien austeramente rechaza el uso de químicos y de semillas genéticamente modificadas porque no los necesita y conoce sus orígenes y funciones comerciales, sería ilegal en un país que legisla para beneficio de las corporaciones que venden estos productos.

La tragedia de estos procedimientos se puede contar con pocos ejemplos: en la India se han registrado suicidios de agricultores por deudas a corporaciones agroindustriales y enfermedades causadas por agrotóxicos desde principios de la década de los 90 hasta nuestros días (que algunos analistas desestiman en defensa de las transnacionales). Syngenta es la empresa que tiene más patentes relacionadas con las tecnologías de restricción de uso genético, lo cual asegura que el campesino deba comprar, entre otras cosas, semillas al vendedor por plantas que brotan y se consumen pero que no producen más semillas para su reproducción: entonces el productor debe volver a comprar más semillas. Se asumen riesgos por la mutación de un tipo de soya en específico, el Roundup Ready, como que el consumidor sea mucho más sensible al estrés por calor y más proclive a infecciones que con las variedades de soya no transgénica. Esto último, sin contar las últimas investigaciones que indican que el consumo de alimentos transgénicos produce modificaciones celulares que derivan en tipos de cáncer y problemas en órganos vitales.

  

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En Venezuela se quiso promover una ley de semillas que fue rechazada por campesinos y movimientos sociales agrarios y agroecológicos. Este amasijo de pueblo convocó una concentración el día lunes 21 de octubre frente a la Asamblea Nacional (AN), en Caracas, para manifestarse en contra de la ley a discutir al día siguiente, martes 22. En el preámbulo, o exposición de motivos, de la mencionada ley se señala el carácter antitransgénico y antipatente de la misma. Además, habla de una regulación de semillas “desde una perspectiva agroecológica”. Se presume derogar, con la ley discutida, la Ley de Semillas y Material para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos publicada en Gaceta Oficial número 37.552 el 18 de octubre de 2002. El diputado Ureña cuestiona dicha ley por parecerle “ambigua” con respecto al asunto de los transgénicos y las patentes. Para el poder popular: hasta aquí todo bien. O casi.

En el cuerpo de la ley propuesta para su discusión, artículo 7, apartado 5, decía: “Se aceptan como valores de la presente Ley (…): El reconocimiento a la creación intelectual y el derecho a la propiedad intelectual en materia del desarrollo de nuevas variedades de semilla y cultivares” (las cursivas son nuestras). Precisamente este enunciado es el grito al cielo del movimiento popular y campesino con respecto a la presente. El denominado “derecho a la propiedad intelectual” es un copyright sigiloso, es decir: determina patente sin mención explícita. Convendría, en todo caso, para un individuo (léase bien: una sola persona) este tipo de legislación, ya que podría optar por microcréditos para el fomento de su “creación intelectual” y así poder endeudarse y obligarse a la producción del monocultivo a mediana o gran escala. ¿Suena conocido este proceder? Para refrescar la memoria: leer algunos párrafos atrás o revisar el documental El mundo según Monsanto, por mencionar alguno.

Hubo un debate entre los diputados José Ureña, Víctor Bocaranda (militante del Movimiento Popular Revolucionario Argimiro Gabaldón) y Ana Felicién (del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos) el día miércoles 23 de octubre en el programa matutino de La Radio del Sur Mientras tanto y por si acaso. Se discutió sobre la pureza y privatización de las semillas campesinas y sus legitimidades dentro del cuerpo de la ley, así como de tasas a pagar para validación y certificación de semillas y la burocratización innecesaria para la circulación de semillas entre campesinos. Asimismo, se pidió que se activara la carta del “pueblo legislador”, es decir, discusión profunda de la propuesta y, si es necesaria, nueva redacción de dicha ley y su exposición de motivos. El diputado Ureña tuvo que aceptar el debate político abierto a nivel nacional, en la calle y en el campo, tal como garantiza su propuesta de ley.

  

Al día siguiente se produjo una reunión, a puerta cerrada, entre voceros del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos, la segunda vicepresidenta de la AN, Blanca Eekhout, y otros diputados. Hubo un logro importante: el diputado por el PSUV José Ureña, principal propulsor y redactor de la propuesta, aceptó participar en la discusión y formulación de una nueva ley, junto con diversos colectivos. Esta jornada de elaboración de otra ley tuvo lugar el lunes 28 y martes 29 de octubre en Monte Carmelo (Sanare, Lara), durante el Encuentro de Guardianes de Semillas.

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En el lapso 1940-1970 surgió en nuestro país un éxodo masivo del campesinado hacia las ciudades. Acontecimiento hijo de la monoproducción petrolera, boom que devino gracias a la gestoría de Juan Vicente Gómez como peón de las corporaciones gringas que empezaban, a principios del siglo XX, a trinar dedos para hacer sonar sus cajas registradoras. El campesino, desasistido, hambriento y engañado, decidió marchar hacia las ciudades. Por menos de cuatro lochas se lo llevó la corriente, como dice la canción de Gino González “Guacharaca conuquera”, y así comenzó el sitio de las barriadas (el súbito empobrecimiento) en los proyectos venezolanos de urbes. La llamada modernidad tocó la puerta y los desgobiernos y dictaduras de la Tercera y Cuarta repúblicas decidieron abrirle la puerta. El modo de producción capitalista cuasi industrial llegó a la hora del mango y, con ello, el horroroso latifundio con que azotan los terratenientes los lomos del país.

Debido a esta historia, Venezuela se convirtió en un importador neto de alimentos en el mercado mundial. Además, subsidia el consumo con los excedentes del petróleo. Debido a esto, se especula, nuestro país no ha sido blanco de presión de las corporaciones biotecnológicas. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos considera convenientemente que Venezuela tenga una vocación agrícola, pues tiene mucha cantidad de territorio desperdiciado en latifundios (más de tres millones de hectáreas).

 A partir del año 2000, con la llegada del Comandante Chávez a la Presidencia de la República, el reimpulso de la agricultura en sus varias facetas (conuco, huerto, malla sombra, grandes cultivos, agricultura urbana) ha ido in crescendo. Se ha demostrado, incluso, que en todo un siglo de tragedia venezolana el conuco ha sido el único factor de producción que se ha mantenido (disperso pero resistiendo), aunque detrás de la gran escena, por sus facultades inherentes, lo cual lo hace ser la mejor propuesta para la producción de alimentos. Debido a esta convocatoria para generar comestibles desde y para el pueblo (no en balde la buena intención —para muchos mal ejecutada— de lanzar la Gran Misión AgroVenezuela) para obtener la tan anhelada soberanía alimentaria, el Coman, en abril de 2003, durante el II Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, prohibió la siembra de transgénicos (este NO rotundo nunca se hizo ley, pero fue reiterado por el Taita por lo menos unas tres veces más en 10 años) y pidió revisar en sucesivos AlóPresidente el tema (y engaño del agronegocio) de las patentes a su gabineteinstitucional.

  

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El frío de las montañas de Sanare arremete contra la voluntad de los movimientos campesinos y populares que dan vida a Monte Carmelo. El caserío se ve amontonado de gente dispuesta a defender con el cuerpo lo que se dice. Se escucha por ahí incluso un “hay que caminar con la palabra”.

El lunes 28 de octubre se celebra una asamblea para debatir y alimentar (o devorar) la propuesta de la nueva ley de semillas. Llegan a asistir, entre otros, los diputados Ureña y Acurero, quienes escuchan atentamente y debaten lo concerniente a la ley. Se decide, entonces, convocar cuatro mesas de trabajo.

El “pueblo legislador” anuncia discursos, propone ideas concretas en cuanto a la exposición de motivos y a la ley, asume su rol participativo y protagónico. Es un pueblo en revolución.

“¿Realmente necesitamos una ley para nuestras semillas? ¡La ley somos nosotros!”, dice un pure, campesino de vieja guardia.

“Aquí hay que entender que estamos en una guerra, y en esta guerra debemos pelear desde lo que comemos hasta lo que decidamos vivir como pueblo”, aclara una militante de la verdad.

“En Venezuela se importan transgénicos, además tenemos esa institución abominable llamada Agropatria, pero nadie dice nada”, lanza una agroecóloga.

En la mesa número 3, luego de varias horas de debate, Polilla, campesino de unos cincuenta y tantos, hace un golpe de mesa entre risas:

“Según leí recientemente, datos y vainas, somos en Venezuela poco más de 300.000 campesinos que tenemos que alimentar a unos 28 millones de glotones. ¡No hay cuerpo pa’ eso, compadre!”.

El año pasado (29 de octubre de 2012), durante el I Encuentro de Guardianes de Semillas, se redactó una declaración que se utiliza, en sesión plenaria al final de la noche, como soporte para la redacción de la próxima ley de semillas (sí, se decidió hacer borrón y cuenta nueva, en plena asamblea, mientras se elegía la metodología a seguir), que finaliza del siguiente modo: “¡Todas las manos a la siembra, todas las siembras a la escuela y a las bocas, promoviendo e impulsando la siembra y la cosecha de una sociedad nueva, donde las semillas más importantes son nuestros niños, niñas y jóvenes, verdadero semillero de la patria, porque sabemos que con la semilla se desentierra la historia de Abya Yala (Nuestramérica), territorio vivo que nos junta en una espiral que no entiende de fronteras!”

En algún momento de la noche Walterio Lanz, con su voz apagada pero firme, llamó a la reflexión: “No comercialicemos la semilla”. Ya 29 de octubre de 2013, Día Nacional de la Semilla Campesina, en Monte Carmelo se cuestiona el modelo agrario que los poderosos del planeta quieren imponer. No con mero discurso, demagogia o ideología sino desde el cuerpo a la semilla.

Caracas-Sanare
Originalmente publicado en la revista Épale CCS número 54

Fuente: http://bitacorotos.blogspot.com/2013/11/desde-el-cuerpo-la-semilla.html

El buen vivir, un concepto en disputa

Remedios Sánchez

lalineadefuego.info

La persistencia y recrudecimiento de varios problemas sociales, económicos, ambientales y culturales, evidencian que el planeta atraviesa en la actualidad una crisis que amenaza no solo la estabilidad política de varios países, sino que pone en tela de duda los supuestos sobre los que se ha levantado la llamada modernidad. Obsesionados por vivir “mejor”, en términos de tener cada vez más posesiones materiales y supuestos satisfactores, los seres humanos no hemos tenido empacho en echar mano de todo lo que nos rodea bajo la creencia de que la tecnología suplirá los daños que provocamos al planeta y nos permitirá resarcir, posteriormente, la pérdida de ecosistemas, biodiversidad y especies. Poco ha importado que en esta desenfrenada voracidad por vivir mejor, grandes contingentes de seres humanos hayan quedado relegados de la consecución de sus más elementales derechos, o que hayamos olvidado que somos parte de un sistema mayor en el que cada uno de sus componentes tiene una función que alimenta la trama de la vida. Menos importancia hemos dado a la erosión y pérdida de culturas, de lenguas y saberes milenarios, de los que con mayor humildad y una menor devoción a la “verdad” de occidente, podríamos aprender –o haber aprendido- nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.

En esta lógica de crecimiento económico ilimitado, con un gran simplismo confundimos los medios con los fines, y otorgamos al mercado y al dinero un papel decisivo en la definición del rumbo por el que debería transitar la humanidad (Leff 2006). No hemos concedido oídos a lo señalado un siglo atrás por el economista húngaro Polanyi al advertir la falacia de considerar como mercancías a la naturaleza y a la fuerza de trabajo (Alimonda2011).

Las astronómicas cifras económicas en términos de producción interna bruta de los países, deuda externa, flujos financieros internacionales, no han podido paliar un descontento social cada vez más amplio respecto a la forma en cómo el mundo está organizado. Los problemas ambientales contemporáneos como los impactos generados por el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono, el achicamiento de la masa polar, las crecientes dificultades en el acceso a agua y merma significativa de su calidad, la pérdida de especies y bosques, erosión y pérdida de suelos, contaminación atmosférica, constituyen motivos de alerta para pensar que la carrera por el crecimiento económico continuo es claramente insostenible y que no podemos mantener los mismos patrones de producción y consumo, menos aún reproducir la forma de vida de las economías más ricas del planeta. Hay sobradas evidencias para afirmar que el “perfil metabólico”[1](Fischer-Kowalski y Haberl 2000)- los flujos de energía y materiales que utilizan estos países para satisfacer sus estilos de vida-no alcanzan para todos y que es imperativo comenzar a tomar en serio los límites finitos de la tierra, la escasez de recursos y las restricciones en sus funciones de absorción de residuos y ritmo de reposición natural de los recursos no renovables.

En medio de este panorama complejo, si algo positivo puede desprenderse de la crisis contemporánea que atravesamos es el llamado de atención a la necesidad de reubicar el centro de nuestras motivaciones y a considerar que la complejidad de los problemas actuales demanda respuestas integrales, innovadoras y contundentes, que den sentido a la vida, que doten nuevamente a la naturaleza de su significado propio, independientemente de la economía, y que identifiquen puntos de encuentro entre lo natural y lo social, la ecología y la cultura, lo material y lo simbólico(Leff 2006). Entre los inmensos cambios que debemos introducir, resulta ineludible el desafío de proponer una nueva epistemología que interpele el discurso occidental homogenizante y aportar en lo que hoy se denomina como “pensamiento de frontera”, “que cuestiona la modernidad (…) y se interroga sobre caminos y lógicas alternativas” (Alimonda2011: 26). Para decirlo en palabras de Escobar, “la habilidad de la modernidad para proveer soluciones a los problemas modernos es cada vez más estrecha, haciendo (…) factible una discusión sobre una transición más allá de la modernidad” (2011: 83).

En este contexto, y recogiendo el conocimiento milenario de los pueblos ancestrales, en los últimos años ha comenzado a configurarse un nuevo paradigma que contradice la noción del progreso sin fin: la noción del Buen Vivir, inspirada en el “Sumak Kawsay” o “Suma Qamaña” de los pueblos indígenas de los andes ecuatorianos y del altiplano boliviano, respectivamente, y que puede equiparse al "UtzK'aslemal" de los pueblos Mayas. Aunque no existe una definición única y compartida del Buen Vivir (lo que desde otra perspectiva también podría ser entendido como una poderosa potencialidad de este concepto en ciernes), resulta interesante discutir algunos de sus fundamentos sobre los que parecería identificarse cierto consenso alrededor de su acepción y alcance.

La noción del Buen Vivir busca la consecución de un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, propone romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y la ha convertido en su objeto de manipulación, dominio y apropiación. Al llamar a modificar nuestra actitud frente a la naturaleza, el Buen Vivir parte del principio de que todo forma parte de una sola unidad y que la alteración de un elemento fractura la estabilidad del flujo vital. Apela por tanto a recrear una forma de co-existencia con la naturaleza que en lugar de asentarse sobre la explotación de los recursos hasta su agotamiento, promueva su optimización para el bienestar colectivo.

Pero, lejos de ser una postura que únicamente aboga por las causas ecológicas, el Buen Vivir reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para las comunidades humanas, desligada de la mercantilización a la que inevitablemente nos ha conducido el capital y un proceso de acumulación sin fin que ha desdibujado el sentido mismo de la existencia. De ahí que el Buen Vivir ponga énfasis, en la reciprocidad como principio fundacional de la convivencia humana y en la complementariedad según la que cada ámbito, sector o dimensión de la realidad se corresponden de manera armoniosa con otro ámbito, sector o dimensión del mundo. En la búsqueda de una vida plena, el Buen Vivir está íntimamente ligado a la interculturalidad y a la plurinacionalidad y en esa medida sugiere, por un lado, la necesidad de repensar nuevas formas de organización social y política de la mano con un nuevo modelo económico y aboga por otro lado, el encuentro entre saberes ancestrales, prácticas basadas en el lugar –para usar el lenguaje propuesto por Arturo Escobar (2011)- y lo mejor del pensamiento occidental y de los logros alcanzados en el mundo contemporáneo.

El Buen Vivir atraviesa la Constitución del Ecuador y consta como un derecho en la Constitución de Bolivia gracias a la lucha de movimientos sociales –principalmente de los pueblos indígenas- de ambos países y de una correlación de fuerzas que facilitó, en su momento, canales de interlocución y diálogo social. La construcción y concreción de sus postulados y principios está sin embargo aún pendiente. No basta que la incorporación del Buen Vivir conste en los más importantes cuerpos legales nacionales. Esta aparente conquista puede ser al mismo tiempo su mayor debilidad debido a los riesgos de institucionalizar su sentido.

La institucionalización del Buen Vivir y su consiguiente tecnocratización podría coartar y desviar la dimensión contestataria al orden establecido que está implícita en la génesis de esta noción pues con demasiada frecuencia el tradicional concepto de desarrollo, ese ideal de progreso (acumulación) incesante que promueve el capitalismo, es suplantado indiscriminada y acríticamente por el Buen Vivir. En última instancia, al ser cooptado por la institucionalización, el Buen Vivir es solo el ropaje bajo el que, con un aparentemente nuevo léxico, continúa un modelo de crecimiento económico fundamentalmente orientado a satisfacer la demanda externa, una democracia de baja intensidad y un manejo centralizado del poder político. Esta afirmación no es lamentablemente lejana al caso ecuatoriano en donde, antes que cambios estructurales, procesos de redistribución serios y sostenidos y rupturas profundas, bajo el régimen del Buen Vivir impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, hay cada vez más cercanía con una política de desarrollo basada en las denominadas ventajas competitivas –patrimonio natural- del que dispone el país y con un estilo de gestión política poco propenso a la participación y el diálogo.

Aunque podría argumentarse que en consideración del lapso transcurrido desde la aprobación de la Constitución ecuatoriana vigente (2008) a la actualidad es aún prematuro plantear una suerte de regresión en el alcance del concepto del Buen Vivir que instrumenta la institucionalidad del poder, algunos elementos de la coyuntura permiten corroborar tal afirmación. En efecto, es poco probable pensar que las excepcionales condiciones con las que ha contado el gobierno –importante respaldo social, control de todos los poderes del Estado, elevados ingresos producto de los altos precios del petróleo- puedan redituarse en los siguientes años a fin de introducir los cambios que aspiraba el país para transitar hacia el Buen Vivir y que posibilitaron el ascenso al poder del Presidente Correa. Estos cambios no se han producido en la magnitud y la forma que se esperaban; más bien se ha acentuado una orientación de la gestión pública distinta a la volcada en el primer plan de campaña y que ha provocado el distanciamiento con sus iniciales aliados: indígenas, ambientalistas y sectores de izquierda.

El proceso de institucionalización del Buen Vivir en el Ecuador ha dado poco espacio al diálogo intercultural, al juego democrático y a una real descentralización de la gestión pública, menos aún ha sentado las bases para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional. La participación se circunscribe actualmente, como en el pasado, a los procesos electorales; sin diálogo ni espacios para procesar diferencias. El disenso es sinónimo de traición y no en pocos casos ha significado la criminalización de la protesta social.

En el plano económico, pese a la disponibilidad de un régimen de Buen Vivir y del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos[2], el énfasis de las actuales políticas públicas descansa aún en el extractivismo–que en el corto plazo se pretende extender hacia regiones relativamente alejadas de la dinámica del mercado- y en una concepción según la quees necesario inyectar importantes recursos económicos para avanzar en la superación de la pobreza y corregir las asimetrías sociales que soporta el Ecuador. En esta carrera hacia el progreso siguen pendientes políticas para modificar la estructura de propiedad de la tierra, una de las más inequitativas en la región, y disminuyen cada vez más las expectativas sobre los prometidos cambios para modificar la matriz productiva e iniciar la transición hacia una economía post-extractiva.

La propuesta más difundida al respecto, la Iniciativa ITT-Yasuní que proponía mantener en tierra las reservas petroleras de los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (estimadas en 920 millones de barriles) localizadas al interior del Parque Nacional Yasuní, a cambio de una compensación internacional equivalente al 50% de los ingresos netos de las potenciales exportaciones de dichas reservas (estimadas en 7,2 millones de dólares), fue unilateralmente abandonada por el gobierno a mediados de agosto del 2013. A cambio de esta compensación, Ecuador se comprometía a no emitir 420 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera del planeta (cantidad equiparable a lo que cada año emiten Francia o Brasil).

Tal iniciativa constituía una oportunidad excepcional para sentar las bases de una nuevo pacto civilizatorio entre seres humanos y naturaleza, incorporaba el criterio de responsabilidades comunes y diferenciadas, abría las puertas para otro tipo de cooperación y para el reclamo de la deuda ecológica, protegía diversidad biológica única contenida en el Parque Yasuní y la vida de pueblos en aislamiento voluntario; constituía una respuesta efectiva para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático. Así lo entendieron pueblos indígenas, jóvenes y diversos sectores sociales que se identificaron con la Iniciativa Yasuní-ITT y que, a raíz de la decisión gubernamental, presionan por la realización de una consulta ciudadana que decida su futuro.

El abandono de la Iniciativa Yasuní ITT por parte del gobierno ecuatoriano es solo el corolario de una tendencia que comenzó a manifestarse con más claridad hacia mediados de su segundo mandato (2009-2013) y sobre la que el Presidente Correa no ha tenido empacho en reiterar su adhesión: una economía sustentada en las riquezas hidrocarburíferas y minerales del país, una constante minimización de los impactos ambientales y sociales bajo el argumento de las bondades tecnológicas y una división de la sociedad entre supuestos defensores y detractores del progreso.

En este contexto, la posibilidad de mantener la noción del Buen Vivir como una “ilusión movilizadora”, como una postura política que confronte la racionalidad dominante, que haga eco de otras y diversas visiones e identidades y que reivindique los saberes plurales (Leff 2006; Escobar 2011),no puede supeditarse a lo que haga o deje de hacer el poder. El hecho de que el Buen Vivir siga siendo parte de una epistemología alternativa –y de una ecología política renovada- dependerá en gran medida de la correlación de fuerzas existente en cada sociedad, de la capacidad de organización y propuesta de los sectores sociales, de la necesaria reapropiación política de los conceptos, de la profundización de una democracia participativa y con espacios para la resolución de conflictos y disensos. Ventajosamente, el Sur global presenta evidencias de la construcción de una voluntad social cada vez más grande para iniciar una reconciliación entre los seres humanos y la Tierra y para establecer el cimiento de un nuevo pacto civilizatorio. Disputemos entonces el verdadero sentido del Buen Vivir.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Acosta, Alberto y Esperanza Martínez (comp.). El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Ediciones Abya-Ayala. Quito, 2009.

Alimonda, Héctor. La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política latinoamericana. En: La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Alimonda, Héctor (coord.). Colección Grupos de Trabajo. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-987-1543-84.7

Escobar, Arturo. Ecología política de la globalidad y la diferencia. En: La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Alimonda, Héctor (coord.). Colección Grupos de Trabajo. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-987-1543-84.7

Fischer-Kowalski, Marina y Helmut Haberl. El metabolismo socioeconómico. En: Ecología Política. No. 19. Cuadernos de Debate Internacional. Fundación Hogar del Empleado. Icaria Editorial. Barcelona, 2000. ISBN: 1138-6738.

Leff, Enrique. La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En publicación: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Alimonda, Héctor. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2006. ISBN: 987-1183-37-2

Santos, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina.Perspectivas desde una epistemología del Sur. Ediciones Abya-Ayala. Quito, 2010.

Otros documentos consultados

República del Ecuador. Constitución del Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. Montecristi, 2008.

 República del Ecuador. Documento base de posición nacional. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20. Martha Moncada (coord.). Ministerio Coordinador de Patrimonio. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quito.2012.

SENPLADES.PlanNacionalparaelBuenVivir2009-2013.SecretaríaNacionaldePlanificaciónyDesarrollo.Quito, 2009.

SENPLADES. Evaluación. Plan Nacional para el Buen Vivir. Secretaría Nacional de Planificación. Quito, 2012.

Notas

[1]Según algunas estimaciones, las necesidades materiales totales –que incluye los insumos materiales directos y los denominados flujos ocultos- de los países industrializados ascienden a más de 80 toneladas por persona al año (Fischer-Kowalski y Haberl 2000:25).

[2]El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos consta por primera vez a nivel mundial en la Constitución ecuatoriana del 2008.

Fuente: http://lalineadefuego.info/2013/10/18/buen-vivir-un-concepto-en-disputa-por-remedios-sanchez/

Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma

Introducción

Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito.

América Latina no está libre de tales ataques

Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.

Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer.

Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1

Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.

¿Que es UPOV?

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. 2 En el lenguaje de UPOV, “protección” significa privatización.

La historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades “descubiertas” y otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir la confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.

El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas.

Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.

En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91. 3

El saco sin fondo de las ambiciones empresariales

Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto:

a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.

b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.

c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.

Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.

Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.

Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.

La resistencia crece y se multiplica

Pero también es en América Latina donde las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.

Chile

La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.

Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.

A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.

Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.

El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de ley.

Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.

A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.

Argentina

El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.

Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.

A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.

La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.

Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.

El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.

El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.

El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.

Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que “Los productores que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología”. Una particular manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.

La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.

Colombia

En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.

La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.

Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales”. 6

A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012 que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”. 8

Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.

La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.

El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías. 10

Venezuela

En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.

La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.

Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.

México

Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de leyes combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales” (1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la nueva ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.

Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”. 16

Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.

En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio público”. 17 Se incluían los organismos genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético que no es vegetal”. 18

La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero seria un error pensar que está desactivada su aprobación. 19

En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el resto del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa dirección.

Las resistencias dan sus frutos

Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.

En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.

En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.

En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.

En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.

También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.

Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy consientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.

Notas:

1 UPOV

2 “Leyes de semillas: imponiendo un apartheid agrícola”, GRAIN, 29 de octubre, 2005.

3Ibid

4 “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”, MNCI, CLOC-VC Argentina, GRAIN, AT, ACBIO, 2 de octubre, 2012

5 Monsanto, “Licencia de uso, Intacta rr2”

6 “Propiedad intelectual y patentes”, Grupo Semillas, 18 de mayo, 2012

7 “Colombia: Declarada inexequible la ‘Ley de Semillas’”, Biodiversidad, 12 de diciembre, 2012

8 “Caída de leyes de obtentor y de Internet afectaría TLC”, Portafolio, 27 de enero, 2013

9 “9.70, la historia de la semilla privatizada”, Clementina Producciones – Victoria Solano, 2013

10 “Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática”, Grupo Semillas, 9 de junio, 2013

11 Campaña Venezuela Libre de Transgénicos

12 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, GRAIN, 14 de abril, 2010

13 “Ley Federal de Variedades Vegetales”, SAGARPA

14 “Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados” (pdf), CONACYT, 18 de marzo, 2005

15 “Ley Federal de Producción, certificación y comercio de Semillas” (pdf), Gobierno de Mexico, 15 de junio, 2007

16 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, op. cit

17 “Mexican farmers block Monsanto law to privatize seeds and plants”, Occupy Monsanto, 14 de junio, 2012

18 Ibid

19 Ibid

Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/4801-leyes-de-semillas-en-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistencia-que-crece-y-suma

La resistencia indígena es el origen de los procesos de rebelión en Venezuela

Así lo sostiene el antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosonyi, quien considera un gran avance haber eliminado el “Día de la Raza”, que es “algo totalmente anticientífico y además inhumano” 

Más de 500 años han pasado desde que la invasión europea comenzó en estas tierras, pero es muy poco el tiempo que tienen posicionados conceptos como el que se expresa en la denominación de Día de la Resistencia Indígena para conmemorar el 12 de Octubre, a pesar del esfuerzo de mujeres y hombres como el antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosonyi.

Ha sido larga la lucha que desde sectores revolucionarios y comprometidos se ha librado para desmontar el discurso de un supuesto “descubrimiento” que convierte a Cristóbal Colón casi en un héroe fundador. Mosonyi tiene razones para defender ese cambio de visión:

“El 12 de octubre de 1492 es importante, querámoslo o no, porque en esa fecha se inició una etapa en la historia con miras a la mundialización, por la confluencia entre dos aconteceres, en un continente y otro. Ya no se trataba solamente de la historia de Europa como tal, o de Asia y mucho menos de América, y por eso ese día representa un cambio histórico inmenso, pero transformarla en el Día de la Resistencia Indígena para mí ha sido muy oportuno y positivo”

El cambio de denominación, agrega el investigador -Rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca- expresa que “el origen de los procesos de rebelión, de la independencia, y de todo lo que estamos viviendo del siglo XXI es la resistencia indígena”.

RESISTENCIA FUNDAMENTAL

El antropólogo aseveró que “lo mejor fue sustituir el contenido pretérito por hechos, procesos y fenómenos que han ocurrido en la historia, sobre todo en los últimos 500 años. Porque antes se hablaba del Día de la Raza, algo totalmente anticientífico y además inhumano, que se basa en los caracteres biológicos, que sólo sirven para discriminar unas poblaciones y otras, sobre la base de rasgos genéticos o fenotipos sin aportar nada positivo”.

Mosonyi destaca, de entre esos hechos y procesos, la resistencia del indígena, y aclara que paralelamente a ella hubo otras resistencias como la del mestizo, del afrodescendiente, del blanco de orilla y de tantas poblaciones que convergen en nuestro país. Pero la indígena, enfatizó, es la base de todo.

“Hay que entender que sin la resistencia fundamental de los pueblos indígenas esas otras resistencias, no se hubieran realizado con la magnitud y coherencia como verdaderamente ocurrió. En ese sentido es emblemática pues el indígena fue un pueblo condenado, no a desaparecer, sino a ser desaparecido, exterminado, a través de un programa de colonización hecho para no dejar ni un solo indio vivo. ¿Cuántas veces no decían “el mejor indio es el indio muerto”?, expresó.

“Esa resistencia fue, no solamente de los pueblos, sino también de la cultura, de los idiomas; le fue inoculada a otras poblaciones que llegaron después, que también tomaron la idea de no dejarse avasallar por fuerzas dominantes que ilegítimamente los pisoteaban, los oprimían”, agregó.

NO AL DESCUBRIMIENTO

Mosonyi recordó que ha ratificado muchas veces que no hubo descubrimiento: “Aun si no se hubiese tratado de habitantes de la especie humana, sino de otros seres biológicos, que también son respetables, creo que no es válido hablar de un descubrimiento hecho por unos seres y designar como descubiertos a otros seres distintos, sean humanos o no humanos: arrogarse esa prepotencia de que ‘yo descubrí un mundo nuevo’. Y cuando hay habitantes, muchísimo menos, como efectivamente ha sido la realidad”.

Al respecto comentó que “hoy sabemos mucho más de cómo transcurrió ese primer contacto indudablemente vergonzoso hasta para Colón y más para los que siguieron a Colón. A mí me escandaliza la sola idea de la pretensión de descubrir, por ejemplo, las Antillas”.

Mosonyi declaró totalmente incierto que los españoles hayan llegado a “zonas deshabitadas”, pues “cuando alguna superficie lo estaba, era por ser terrenos no productivos, o más bien por tener una biota de tipo vegetal y animal más que la humana, es decir, razones ambientales perfectamente respetables”.

El antropólogo ofreció el siguiente dato, para ilustrar si las Antillas estaban en ese momento habitadas: “En las Antillas había muchísimos seres humanos, esas islas estaban muy habitadas, llenas de gente. Se habló hasta de medio millón de habitantes en las Antillas para Rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Taucaaquel momento -los taínos, los siboneyes- sobre todo por taínos en lo que hoy es Cuba y Puerto Rico”.

Explicó que esas culturas existían y siguen existiendo: ”El taíno se está reconstruyendo, el Caribe nunca se extinguió y las lenguas arawak, que son muchísimas, también permanecen vivas, por ejemplo el wayúu que es arawak, tiene muchos hablantes. A tal punto que ya se contabilizan más de un millón de wayúus entre Colombia y Venezuela”.

LA VERDAD DE LO QUE PASÓ

Mosonyi expuso su visión de lo que ocurrió en aquel octubre, más de cinco siglos atrás: “Pudo haber sido un hermoso encuentro de culturas. Lamentablemente no lo fue, pues aunque apenas al llegar, en el primer momento, Colón estaba muy inspirado y escribió unas hermosas cartas donde habla muy bien de los pueblos arawacos que encontró, que si eran hermosos de cuerpo, que sin de alma, que si hablaban muy bonito, que eran unos pueblos encantadores, que eran trabajadores, casi idealizándolos”.

“Pero enseguida, el oro, los minerales, influyeron y empezaron a actuar compulsivamente porque ¿qué era lo que esperaba el reino de España? ¿para qué les pagaron? No era para hablar bonito o para mandar unas cartas con mucha retórica. Cuando empezó el proceso de la minería de oro y otras formas de explotación, y la esclavitud de los indígenas, eso se volvió un infierno”, apuntó.

El prestigioso investigador negó que en un par de años desaparecieran totalmente los taínos y otros indígenas: “Algunos permanecieron vivos por mucho tiempo, otros se mestizaron. Ha habido una sobrevivencia. El pueblo taíno, no se ha extinguido. Como algunos sacerdotes y cronistas se ocuparon de escribir las costumbres indígenas, la lengua, etc., con esa información estamos reconstruyendo la cultura y la lengua de los taínos en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Entre quienes migraron de las islas para residir allá, hay descendientes de taínos y también participan en esa reconstrucción”.

Agregó que “más allá de hablar de mestizaje vemos que existe una cantidad de elementos étnicos que hoy afloran también en regiones de Venezuela supuestamente no indígenas, como los estados Lara, Falcón, o Sucre. Allí surgen representantes de los Chaima, Caquetíos, Gayones, Ayamanes, y Jirajaras, que según nuestra historiografía tradicional ya no existían”.

“Pero resulta que sí existen. Y si se argumenta que no hablan su lengua, tampoco es verdad siempre, porque a veces encuentran los códices y con ellos buscan las raíces de su idioma”, sentenció.

Comentó que está terminando un libro sobre el grupo de los arawak donde afirma que, aunque allí había Caribes, en ese momento predominaban los arawak porque la conquista Caribe era casi tan reciente como la española. Pero allí había unas culturas bien específicas, con su organización, su agricultura, incluso con su tecnología.

LA MASACRE

Mosonyi, sin embargo, no duda en afirmar que “lo que sí hubo fue una tremenda masacre, hubo genocidio, etnocidio, de todo. Pero con todo lo mezquino que uno pueda ser, algunos sacerdotes católicos se portaron mejor que los conquistadores de la estirpe militar”.

El Rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, mencionó a algunos como Fray Montesinos, Bartolomé de las Casas, Bernardino Sahagun, “y otros más. Gracias a ellos tenemos algunos testimonios que han hecho posible a los descendientes de aquellos indígenas retomar su cultura y es así como encontramos movimientos activos, de indígenas y proindígenas”.

“Se perdió muchísimo, pero no tanto como se cree. Por eso es que actualmente, aparte de los representantes de aquellos pueblos indígenas que sí han permanecido resistiendo todo el tiempo y que siguen siendo casi exactamente lo que fueron históricamente hace siglos y milenios”, acotó.

Aclaró que hay también campesinos indígenas, o incluso urbanos indígenas que reivindican sus raíces sin renegar del mestizaje, pero que con todo y eso siguen siendo descendientes de la misma población que se creyó desaparecida: “Estas culturas se están desarrollando con la existencia de nuevas leyes favorables y medidas que propician y estimulan ese desarrollo, pero también ellos se autoestimulan porque basta que haya un mínimo de interés, una nueva forma de tratar la historia”.

“La ideología antiindígena que involucra pueblos otrora totalmente oprimidos, olvidados, convencidos ellos mismos de que estaban perdiendo sus características y hasta se estaban extinguiendo, con su vergüenza étnica, con su sumisión, desaparece y se produce un levantamiento, o un alzamiento de estas mismas poblaciones que presentan otro cariz, tienen otra voz, el discurso cambia, eso es lo que está pasando”, advirtió.

LAS BUENAS LEYES

“Hay países donde aún no hay buenas leyes para los indígenas. No es el caso de Venezuela, porque aquí realmente la legislación es excelente, comenzando por la Constitución, que no se ha cumplido totalmente pero por lo menos ese marco legal ya lo tenemos muy avanzado”, exprespo Mosonyi, quien acotó que “donde no existe esa legislación, los movimientos indígenas la están exigiendo en una onda distinta, de reivindicaciones, replanteamiento de su identidad y búsqueda de una solución sociodiversa en lugar de una solución homogeneizante”.

-¿Que impacto ha tenido ese cambio en las venezolanas y venezolanos de hoy?

“En Venezuela, salvo los inmigrantes más recientes, algo de indígena tienen casi todos, es casi inevitable y sin embargo no lo reconocen así. La propia población indio descendiente debe reconocer sus orígenes y ser orgullosa de esos orígenes y no rechazarlos ni discriminarla y mucho menos tener vergüenza étnica. En la medida en que reconozcamos esos aportes se enriquece también el proyecto país que estamos manejando”

Explicó que en la concepción del siglo XXI “se ha tomado en cuenta el aporte indígena, el Buen Vivir, etc., y en eso ya ha habido avances. Pero en comparación con el eurocentrismo contenido en las ideas revolucionarias como tales, todavía el peso específico del aporte indígena y el aporte afro son muy endebles”.

“Eso se nota cuando los hermanos afrodescendientes nos preguntan ¿por qué se habla de comunas y no se habla de cumbes? Hace falta introducir toda esa forma de hacer valer la parte comunitaria, las comunidades. El espacio que debe tener la herencia indígena y la no europea, la afro, incluso la mestiza nuestra, debe ser mucho más grande de lo que efectivamente se le concede hasta este momento”, expuso.

Para lograr algo como lo que plantea, Mosonyi comentó que “lo indicado es hacer valer la Constitución y las leyes, pues la forma como se permea la sociedad, incluyendo sus formas operativas, es todavía muy débil en relación con la fuerza de lo básicamente normativo”. No obstante, apuntó que “Tenemos más normas que la posibilidad de ejecutarlas o desarrollarlas en la praxis social, entonces eso es lo que hay que superar. Hay formas de hacerlo pero tiene que haber un amplísimo diálogo nacional para que nadie vea al indígena como una amenaza a la integridad del país, o las otras culturas como algo que se contradice con la unidad del pueblo”

Agregó que “aunque sabemos que esas suspicacias ya no caben, no tienen razón de ser porque es producto acumulado de muchos siglos de coloniaje. Pero para que eso se realice hace falta una participación primero que nada de los mismos pueblos indígenas, de los mismos pueblos afrodescendientes”.

“Quienes tenemos años, decenios en esa experiencia podemos suministrar nuestras ideas, nuestro conocimiento, pero hace falta de alguna manera que vaya más allá de lo normativo, aunque no dejo de reconocer que sí ha habido avances. Pero por lo menos, cuando comparo la posibilidad, la riqueza de todas esas manifestaciones con lo que se ha aplicado hasta el presente, veo todavía una asimetría, un desnivel demasiado grande porque el proceso ha sido demasiado lento”, declaró.

UNA UNIVERSIDAD QUE PIENSA Y SE SIENTE

Esteban Emilio Mosonyi es rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. En esa institución se piensa en cómo trabajar de una manera idónea, explica: La Universidad donde yo soy rector, ha estudiado el problema y tiene una práctica que puede aportar muchas formas de acelerar el proceso el problema es que se acepte el diálogo y se logre actuar en consecuencia”.

“Creo que con una gran voluntad política, si no en un año, ya en diez años la cosa podría parecer muy distinta de lo que tenemos hoy, pero si seguimos con cierta inercia, como dejar las cosas para después, estamos mal, es lo que nos enseño el capitalismo: resolver primero lo cuantitativo y dejar lo cualitativo una y mil veces para después, y eso es lo que hay que resolver”, asevera el antropólogo.

T/ Mercedes Aguilar

F/Héctor Rattia 

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/resistencia-indigehector-rattiana-es-origen-procesos-rebelion-venezuela/