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domingo, 17 de noviembre de 2013

¿Quién nos alimentará? ¿La cadena industrial de producción de alimentos o las redes campesinas de subsistencia?

Quienes gobiernan, quienes elaboran las políticas, y la inmensa mayoría de los habitantes de las ciudades, no saben que existen importantes sistemas alimentarios invisibles. Han pasado el último medio siglo sin cuestionar el modelo occidental de producción, procesado y consumo de alimentos.

Casi todo lo que se ha pensado sobre seguridad alimentaria en las últimas décadas se basa en ese modelo.

Nos hemos vuelto dependientes de las limitadas estadísticas e interpretaciones que promueven las agroempresas y cada vez hay menos información accesible al público sobre la realidad de los mercados y sus utilidades.

El gran público y quienes diseñan las políticas aceptan que el aumento del consumo de carne y lácteos, la obesidad y la necesidad de fertilizantes y agroquímicos es incontrovertible. Urge debatir lo que sabemos (y lo que suponemos) de la cadena industrial de producción de alimentos.

Para unos, la producción basada en las multinacionales de agronegocios, dominante en la mayor parte del mundo occidental, es el único paradigma realmente creíble y posible. Para otros, son los campesinos quienes deben estar en el punto de partida, en el centro de todas las políticas de alimentación, locales, nacionales y globales.

Usamos el término “campesinos” y “campesinas” para describir a todos aquellos que producen alimentos principalmente para ellos mismos y sus comunidades, sean agricultores rurales, urbanos o peri-urbanos, pescadores de costas y ríos, pastores o cazadores y recolectores. Muchos campesinos entran en todas esas categorías. Los sembradores frecuentemente tienen estanques o animales de traspatio, cazan o recolectan. Muchos van y vienen entre el campo y la ciudad. Por “red” entendemos la complejidad de relaciones que se apoyan unas a otras y que comparten campesinos y comunidades.

La variedad de fuentes de alimentos de las que se nutren las comunidades campesinas dificulta las estadísticas: los campesinos trabajan con unos 7 mil cultivos mientras los analistas de la industria se enfocan en 150. Casi nunca consideran las “cosechas ocultas” (recolección estacional en bosques, orillas y sabanas) o la abundancia de cosechas urbanas (hortalizas, piscicultura y animales).

También es difícil calcular cuánta comida se produce y se consume en la cadena industrial. Se ha escrito mucho acerca del desperdicio que proviene de descartar frutas y vegetales “imperfectos” o de los problemas del transporte a largas distancias, de la buena calidad de los alimentos descartados por los supermercados y lo que los propios consumidores tiran en sus hogares; hay muy poca investigación sobre el consumo excesivo: ¿qué porción del 80% de la tierra agrícola y los fertilizantes que a nivel planetario se destinan a alimentación animal y se convierte en carne y productos lácteos se desperdicia? Cada vez más consumidores rebasan con mucho la ingesta recomendada por las autoridades de salud. Al calcular todas esas formas de desperdicio concluimos que la cadena sólo entrega un 30% de la comida que la humanidad consume y necesita.

Definitivamente la producción industrial de alimentos no es capaz de proporcionar lo que en verdad necesitan aquellos que padecen hambre o desnutrición.

Quién nos alimenta

La cadena industrial provee el 30% de los alimentos utilizando de 70% a 80% de la tierra arable. Usa más de 80% de los combustibles fósiles y 70% del agua destinados para uso agrícola; ocasiona entre el 44 y 57% de las emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI) al año; deforesta 13 millones de hectáreas y destruye 75 mil millones de toneladas de cubierta vegetal cada año. Aunque domina los 7 billones de dólares que vale el mercado mundial de comestibles, controla sólo 15% de la comida que se produce en el planeta, (la que se comercia internacionalmente) y deja 3 mil 400 millones de personas desnutridas u obesas.

En un año normal y con buenas tierras, las variedades más productivas de los principales monocultivos comerciales producirían más masa crítica para el mercado por hectárea que las variedades campesinas del mismo cultivo, pero a un costo mucho mayor, que incluye daños a la salud, a los medios de subsistencia de las comunidades y devastación ambiental.

Las redes campesinas producen más de 70% de la comida que consume la humanidad. Entre un 15% y un 20% proviene de agricultura urbana; otro 10 a 15% de la caza y recolección; 5 a 10% de la pesca y entre 35 y 50% de parcelas agrícolas de pequeña escala. Cosecha 60-70% de cultivos alimentarios con el 20-30% de la tierra arable; utiliza menos del 20% de los combustibles fósiles y 30% del agua destinados para usos agrícolas. Nutre y usa la biodiversidad de manera sostenible y es responsable de la mayor parte del 85% de los alimentos que se producen y consumen en las fronteras nacionales. Es el proveedor principal, y a veces el único, de los alimentos que llegan a los dos millones de seres humanos que sufren hambre y desnutrición en el planeta.

En un año normal o malo, en suelos buenos o empobrecidos, las variedades campesinas en sistemas de asociación de varios cultivos, junto con la pesca y la cría de ganado de traspatio producen en total más comida por hectárea y más nutritiva que cualquier monocultivo de la cadena industrial, a una fracción del costo, empleando a más personas y cuidando el ambiente.

Quién nos alimentará

La cadena industrial: Con los acaparamientos de tierras, los tratados comerciales que favorecen a las industrias, los más y más abusivos monopolios de patentes, la criminalización de los intercambios de semillas, los subsidios ventajosos a los combustibles fósiles baratos y el hecho de transferirle a los consumidores y los productores campesinos más y más costos de la producción industrial de alimentos y de la seguridad alimentaria, el porcentaje de población urbana en el planeta llegará al 70%, la obesidad se duplicará, la carne y la producción de lácteos crecerán 70%; la demanda total de alimentos aumentará 50% y la necesidad de agua crecerá 30%. Las emisiones de GEI aumentarán 60%.

La red campesina: Con respeto irrestricto a los territorios campesinos, si se salvaguarda el derecho a la tierra y el agua, a los intercambios de semillas y al mejoramiento vegetal y pecuario comunitarios; si se eliminan las regulaciones que sabotean los mercados locales y la diversidad, si se generaliza el comercio social y ambientalmente justo, si se democratiza la investigación y el desarrollo de prácticas agroecológicas, la población rural planetaria se mantendría en un 50%, el acceso a alimentos y la calidad de los mismos se duplicaría, las tazas de obesidad se desplomarían, las emisiones de GEI se reducirían al menos 60% y la demanda de agua 50%; el uso de combustibles fósiles para labores agrícolas se reduciría entre 75 y 90%.

La cadena industrial usa 150 cultivos, pero se enfoca en sólo 12. 45% de la investigación y desarrollo agrícolas se concentra en la versatilidad del maíz. Se han registrado más de 80 mil variedades bajo propiedad intelectual desde 1970; más de la mitad (59%) son ornamentales. El costo promedio para desarrollar una variedad genéticamente modificada es de 136 millones de dólares. Sólo entre el 10 y el 20% de las semillas que se utilizan en el Sur global provienen del sector comercial. La cadena se centra en el mejoramiento de pocos cultivos y considera sólo 700 de sus parientes silvestres para la adaptación al cambio climático.

La red campesina ha cultivado más de 2 millones 100 mil variedades de 7 mil especies de cultivos desde los años sesenta. Ornamentales, una mínima parte. Producir nuevas variedades no cuesta nada. Entre el 80 y 90% de las semillas se consiguen fuera del mercado. Los campesinos conocen y manejan de 50 a 60 mil especies de parientes silvestres, lo que según la cadena industrial, costaría 115 mil millones de dólares por año.

La cadena industrial trabaja con 5 especies y menos de 100 variedades. Menos de una docena de corporaciones dominan la investigación en genética pecuaria de pollo, cerdo y res. Cuatro empresas dominan 97% de la investigación sobre mejoramiento genético del pollo y 4 dominan 65% de la genética de cerdos. Por la uniformidad genética que promueven, Europa y Norteamérica tienen la proporción más alta de especies pecuarias en peligro de colapso.

La red campesina: Utiliza por lo menos 40 especies pecuarias y mantiene 7 mil variedades locales. 640 millones de agricultores campesinos y 190 millones de pastores cuidan la diversidad animal que nos alimenta. 2/3 de los cuidadores de esas especies pecuarias son mujeres. Hogares rurales y urbanos en el Sur global obtienen de la ganadería doméstica entre 1/3 y 1/2 de sus ingresos.

La cosecha acuática

La cadena industrial captura 363 especies marinas y cría 600 en cautiverio, pero sus programas de mejora se enfocan en sólo 25. La sobreexplotación amenaza a 20% de las especies de agua dulce; 30% de las reservas oceánicas de peces están sobre-explotadas y 57% están al límite de la sobre-explotación. Los barcos pesqueros pescan hoy sólo 6% de lo que se capturaba hace 120 años.

La red campesina pesca más de 15 mil especies de agua dulce y millares de especies en los océanos. Una 5ª parte de la humanidad depende de la pesca como fuente principal de proteínas. Las mujeres representan 33% de la fuerza de trabajo rural dedicada a la acuacultura en China, 42% en Indonesia y 80% en Vietnam.

Quién tiene las tierras y cómo las usa

Por lo menos desde 2001, la cadena industrial se ha apoderado de 15% de la tierra agrícola para producir materias primas industriales y de 2% o más para producir agrocombustibles. Usa entre 70 y 80% de la tierra arable y 176 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos, y devasta 75 mil millones de toneladas de suelos (valuadas en 400 mil millones de dólares) cada año. A 78% de la tierra agrícola del planeta la cadena industrial le impone la producción pecuaria (piensos, forrajes o pasturas). 80% del fertilizante se usa en los forrajes pero la mitad de ese fertilizante nunca llega al cultivo por deficiencias técnicas.

La red campesina usa entre 20 y 30% de la tierra arable del planeta, de la cual cultiva por lo menos la mitad sin usar fertilizantes sintéticos. (23% del nitrógeno que se usa en sistemas agrícolas de cultivos asociados proviene de estiércol). La mayoría de los campesinos logran que entre 70 y 140 millones de toneladas de nitrógeno sean fijadas anualmente a los suelos, lo que en un esquema de mercado costaría más de 90 mil millones de dólares.

Quién protegerá nuestros bosques

La industria de productos madereros primarios, con valor de 186 mil millones de dólares, se enfoca en el 0.5% de las especies conocidas (450) . En Centroamérica, el cambio del uso de suelo de bosques a forrajes destruyó 40% de los bosques en 40 años. El 75% de las tierras deforestadas en el Amazonas brasileño está ocupado por ganaderos. Más de 90% de la madera tropical se comercia de manera ilegal.

En las redes campesinas se conservan unas 80 mil especies forestales que 80% de las comunidades del Sur global utilizan de diversas formas. De los bosques y sabanas se recolecta entre el 10 y 15% de la alimentación mundial. Mil 600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia y las tierras llamadas “ociosas” generan aproximadamente 90 mil millones de dólares por año. La mitad de la tierra de cultivo en el planeta cuenta con al menos 10% de bosques, que tienen un rol vital en la conservación y almacenamiento de los GEI.

Producir destruyendo o producir cuidando

Con la agricultura industrial, se calcula que las emisiones de gas metano aumentarán 60% para 2030. Las parcelas no orgánicas emitirán una cantidad adicional de 637 kg/ha de CO2por año. La explotación del área de lecho submarino que actualmente hacen los buques de pesca industrial cada año contribuye a la destrucción del 1.5% de los prados submarinos y libera 299 millones de toneladas de carbono a la atmósfera.

La agricultura de las redes campesinas mantiene los pastos, las variedades y la diversidad microbiana que contribuyen a reducir las emisiones de metano y óxido nitroso. La agricultura orgánica y campesina, así como las prácticas agroecológicas de restauración de suelos pueden almacenar entre 3 y 8 toneladas adicionales de carbono por hectárea, reduciendo hasta el 60% de las emisiones de GEI. Las tecnologías de los pescadores artesanales no destruyen los prados submarinos.

Quién se acaba el agua

El 76% del agua que cruza las fronteras nacionales se usa para la agricultura industrial y el procesamiento de sus productos (el comercio de frijol de soya [soja] y sus derivados gasta 20% del total de los flujos de agua internacionales de aguas limpias). El comercio de productos animales e industriales requieren cada uno de 12% del uso del agua. La dieta basada en proteína animal necesita hasta 5 veces más agua que una dieta vegetariana. El agua usada para la producción de alimentos que luego se desperdician sería suficiente para satisfacer las necesidades domésticas de 9 mil millones de personas.

En las parcelas que no usan agroquímicos, las filtraciones de nitrato hacia los mantos freáticos son cuatro veces menores. Unos mil millones de personas consumen productos agrícolas que se cultivaron en principio con aguas residuales. El agua de una ciudad con un millón de habitantes puede irrigar entre 1 500 y 3 500 hectáreas de tierras semiáridas. Entre 15 y 20% de la producción global de alimentos ocurre en áreas urbanas. Una dieta vegetariana requiere unas 5 veces menos agua que una dieta basada en la proteína animal.

Quién gasta energía

La cadena industrial consume enormes cantidades de carbón fósil (en combustibles, fertilizantes y plaguicidas) contribuyendo a la degradación ambiental y la emisión de gases. Los fertilizantes y plaguicidas químicos equivalen a la mitad de la energía que se utiliza para producir trigo. La manufactura de nitrógeno sintético usa el 90% de toda la energía que se usa en la industria de fertilizantes.

La red campesina trabaja con una eficiencia energética muchísimo mayor: mientras que para la cadena industrial se requieren 2.7 mega calorías (Mcal) de energía externa para producir un kilo de arroz, la red campesina lo produce con sólo 0.03 Mcal. Para el maíz, el costo energético de la cadena es de 1.4 Mcal, mientras que para la red es 0.04.

La producción industrial alimenta las enfermedades y lucra con el desperdicio. Las conservas se inventaron para alargar la vida de los comestibles, pero actualmente la meta comercial del procesamiento es homogenizar, transportar y concentrar ingredientes en un mercado con valor de 1 billón 370 mil millones de dólares. Desde 1950, el procesamiento de alimentos ha ocasionado que se reduzcan los contenidos nutricionales, se uniformen las dietas, se reduzca la diversidad y se incrementen las tasas de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas.

Entre las redes campesinas se procesan y conservan los alimentos para consumo local. Dos mil millones de personas en el Sur dependen de los procesos locales artesanales de fermentación y procesamiento de gran parte de los alimentos que consumen.

De la comida producida industrialmente, entre el 33 y el 40% se desperdicia durante la producción, transporte, procesamiento y en los hogares; un 25% se pierde por el sobreconsumo.

El desperdicio per cápita de alimentos en Europa y Norteamérica es de 95 a 115 kilos por año. Menos de 5% de la investigación agrícola se dedica a comprender y remediar las pérdidas post-cosecha. Los barcos pesqueros industriales arrojan de vuelta al mar 7 millones de toneladas de producto cada año y asesinan 40 millones de tiburones para comerciar sus aletas.

Sumados las pérdidas y desperdicios de todo tipo se calculan entre 280 a 300 kg per cápita en Europa y América del Norte.

En contraste, el desperdicio en los hogares de África Subsahariana y el Sudeste de Asia es de 6 a 11 kilos per cápita, menos de 10% de lo que se desperdicia en los países industrializados.

En esa misma región, la suma de pérdidas y desperdicios daría 120 y 170 kilos per cápita. Gran parte de los desperdicios de los cultivos y alimentos procesados de modos locales en el Sur global fertilizan los suelos, alimentan los peces o el ganado doméstico.

Pese a que la cadena industrial tiene grandes costos y desperdicios, 2 mil millones de personas tienen deficiencias de micronutrientes (868 millones están por debajo de la línea de hambre) y mil 400 millones más padecen sobrepeso (de los cuales 500 millones son obesos). El consumo de carne en los países ricos es casi 2.2 veces más de lo que recomienda la FAO. Se espera que la obesidad se duplique para 2030. Las pérdidas en productividad y en gastos por enfermedades relacionadas con la malnutrición y el sobreconsumo excedieron ya los 4 billones de dólares por año, equivalentes a más de la mitad del valor mundial del mercado de comestibles.

Las redes campesinas de subsistencia en el Sur global son el principal proveedor de comida para quienes padecen hambre o desnutrición. Evitan los monocultivos agrícolas y pecuarios y promueven la diversidad genética. Las dietas diversas, en los lugares donde no dominan las corporaciones de comida rápida, podrían ahorrarle al mundo hasta 4 billones de dólares por año y son la forma más segura para resolver las deficiencias de micronutrientes entre la población. Los valores nutricionales de los cultivos campesinos, debido a su diversidad genética, pueden variar hasta mil veces comparados con la cadena industrial: 200 gramos de arroz por día pueden representar el 25 o hasta 65% de los requerimientos de proteína; un plátano puede brindar entre el 1 y el 200% de la porción diaria de vitamina A que necesita un cuerpo humano.

¿Y los bichos chiquititos?

La apicultura comercial da servicio a una tercera parte de los cultivos en los países industrializados. Las colonias de abejas están teniendo bajas dramáticas a causa de los insecticidas, lo que amenaza con una pérdida de la productividad de unos 200 mil millones de dólares.

Gracias a las redes campesinas, 71 de los 100 cultivos alimentarios más importantes son polinizados principalmente por abejas silvestres que sobreviven con quienes comparten los mismos hábitats, de donde obtienen alimentos y medicinas.

La uniformidad genética de cultivos y animales, combinada con el uso masivo de fertilizantes sintéticos y plaguicidas, ha diezmado las poblaciones de microbios benéficos para la agricultura, erosionando los suelos, afectando la eficiencia alimentaria de los animales y haciéndolos vulnerables en extremo a enfermedades. La industria recolecta y conserva ex-situ 1 millón 400 mil cepas microbianas, sin embargo menos del 2% de la diversidad de los microbios ha sido identificada.

Las redes campesinas de producción de alimentos conservan la diversidad microbiana agrícola en la medida en que logran mantener la integridad de los suelos y la diversidad de cultivos y animales. Los microbios gastrointestinales, al variar entre razas y piensos, ayudan a la eficiencia alimentaria y a la salud general de los animales y reducen las emisiones de metano de las reses.

Trabajo, salud y tecnología

En la cadena industrial la tecnología procede desarrollando micro-invenciones para macro-ambientes: innovaciones o modificaciones genéticas desarrolladas celosamente en laboratorios privados, para aplicar a cultivos que se pretende distribuir a nivel global. Esta tecnología necesita establecer monopolios cerrados, que provocan uniformidad y vulnerabilidad a enfermedades.

En las redes campesinas la experimentación constituye sistemas de tecnología amplias y horizontales que aplican macro-soluciones que son útiles en micro-ambientes: cambios multidimensionales y diversos en los ecosistemas agrícolas de cada parcela. No son patentables, (son el pan de cada día), se benefician de la investigación compartida y de los sistemas de saberes tradicionales.

En los países industrializados se redujo el número de familias de campesinos o agricultores a la mitad o menos, en los últimos 50 años, con el desarrollo agroindustrial y el procesado de alimentos. Millones de familias en todo el planeta han sido desterradas por el advenimiento de la industria en todos sus órdenes.

Además de quitarles su sustento, la agroindustria es una fábrica de exterminio de comunidades: los plaguicidas causan 3 millones de enfermedades severas y 220 mil muertes cada año. Por cada dólar gastado en plaguicidas en el África subsahariana, la región pierde más 6 mil 300 millones por año en costos médicos y baja de productividad ocasionada por enfermedades relacionadas con el uso y consumo de plaguicidas.

En las redes campesinas, 80% de los hogares cultiva algún alimento. Más de dos mil 600 millones de personas en el planeta dependen de la agricultura, la pesca y la cría de animales. Las parcelas campesinas dan empleo a 30% más personas que los monocultivos y desiertos verdes industriales. Aunque el número y tamaño de las parcelas campesinas no está bien documentado, es verificable que la agricultura en pequeña escala es más productiva y sus productos más nutritivos: una de las variedades campesinas de papas en Perú tiene 28 veces más fitonutrientes útiles para prevenir el cáncer que su pariente industrial. Las tortillas hechas de variedades indígenas de maíz azul contienen 20% más de proteínas y son más fácilmente digeribles que las tortillas hechas de maíz de variedades comerciales.

La diversidad

La cadena alimentaria industrial considera que la diversidad es un obstáculo para la producción y para los monopolios. Por su ubicación y sus procesos, está eliminando la mitad de las 7 mil lenguas y culturas que habitamos el planeta. Una tercera parte de los territorios en América del Sur (la República de la Soja y alrededores) ya no cuenta con hablantes de lenguas indígenas.

Las redes campesinas consideran necesaria la diversidad agrícola para asegurar la existencia. En cada región, la supervivencia depende del conocimiento específico y profundo que se tenga de cada cultivo, suelo, clima o raza animal que allí exista. Si se pierden las culturas y las lenguas que estoicamente permanecen en el mundo y que resisten la invasión industrial, nuestra generación será tal vez la primera en la historia en perder más saberes de los que ha ganado.

Asumir que podemos contar con la cadena industrial para solucionar el cambio climático y la crisis de alimentos no se sostiene estadísticamente. La cadena no sólo NO es la respuesta, sino que es gran parte del problema. Urge apoyar los sistemas campesinos de producción de alimentos y las prácticas agroecológicas. Urge más investigación, debate informado y diversidad para terminar los mitos que sabotean los sistemas de alimentación justos y saludables.

Ver el texto completo “Quién nos alimentará: ¿La cadena industrial de producción de alimentos o las redes campesinas de subsistencia? en el sitio del Grupo ETC:www.etcgroup.org/es

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Comunicado en rechazo a la denuncia pública del PFG de agroecología

«Hablamos de ética y de postura sustantivamente democrática, porque al no ser neutra, la práctica educativa, la formación humana, implica opciones, rupturas, decisiones. Estar y ponerse en contra, a favor de un sueño y contra otro, a favor de alguien y contra alguien. Y es precisamente ese imperativo el que exige la eticidad del educador y su necesaria militancia democrática y le impone la vigilancia permanente, en el sentido de la coherencia entre el discurso y la práctica».
                                   Tomado de «Política y Educación» Paulo Freire

Nosotros miembros del colectivo Autana Tepuy, orgullosamente  estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, integrantes de la Campana Venezuela Libre de Transgénicos; hemos desde hace meses emprendido una lucha por el cambio de la matriz productiva en el país que supere la agricultura comercial y revalorice nuestra cultura campesina y proteja la semilla como patrimonio de los pueblos al servicio de la vida.

En el marco de la cátedra abierta Venezuela Libre de Transgénicos que hemos venido impulsando como estudiantes, hemos estudiado y rechazado categóricamente tanto la ley de semillas vigente desde el año 2002, como el proyecto de ley propuesto por la comisión de Finanzas y Desarrollo Económico que contienen elementos que privatizan las semillas, criminaliza las practicas ancestrales de intercambio de semillas, defiende el derecho de propiedad intelectual y promueve la figura privatizadora de obtentores vegetales, iniciativa que pone en riesgo la soberanía alimentaría de nuestro país. Además permite los Organismos Genéticamente Modificados reflejado en el artículo 42, donde a través de un certificado de inocuidad biológica pueden ser liberados en el territorio nacional.

En este sentido el viernes 8 de Noviembre nos incorporamos en el primer encuentro de  estudiantes de agroecología, por encontrarse en agenda de discusión “b- Ley de Semillas”, espacio al cual nos permitieron ingresar, el objetivo del colectivo de estudiantes era comunicar el proceso y nuestra experiencia en la reunión sostenida el 23 de octubre de 2013 con la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca Eekhout y los diputados José Alfredo Ureña, Manuel Briceño y Leobardo Acurero, donde participaron diferentes organizaciones campesinas y sociales. Aprovechando la oportunidad para elevar las implicaciones antes mencionadas del proyecto de ley, debido a la situación evaluada por el colectivo se acordó en presencia de la Vicepresidentade la Asamblea Nacional Blanca Eekhout y los diputados ya mencionados, que el proyecto del ley de fecha 09 octubre de 2013 seria anulado y se iniciaría la construcción popular y constituyente de la  nueva ley de semillas, nutriendo desde el debate popular la exposición de motivos de la nueva ley.
Como resultado de la evaluación realizada conjuntamente en dicha reunión, tal como lo reseña el portal digital EPALE de la Alcaldíade Caracas en el día de hoy 10/11/2013,
 “Hubo un logro importante: el diputado por el PSUV José Ureña, principal propulsor y redactor de la propuesta, aceptó participar en la discusión y formulación de una nueva ley, junto con diversos colectivos. Esta jornada de elaboración de otra ley tuvo lugar el lunes 28 y martes 29 de octubre en Monte Carmelo (Sanare, Lara), durante el Encuentro de Guardianes de Semillas”.

En este encuentro la profesora Ingrid Castillo explicó el llamado de la Coordinación Nacional del PFG Agroecología a cargo de la Profesora Olga Domené, para realizar mesas de trabajo y generar aportes al proyecto de ley que fue rechazado  por los movimientos populares y la asamblea nacional, según el acuerdo logrado en la reunión de fecha 23 de octubre, en este encuentro solicitamos el derecho de palabra el cual nos fue concedido y además nos facilitaron un carpeta que contenía el proyecto de ley impreso, procedimos a comunicar lo antes expuesto, los avances alcanzados y las reuniones que hasta el momento se han realizado, a partir de las cuales se han generado aportes significativos sobre los cuales valdría la pena generar el debate; lamentablemente desde el ejercicio del poder y deslegitimación del estudiantado se produjo una interrupción sistemática durante toda esta aclaratoria, que no permitió alcanzar este objetivo, negando la oportunidad a los estudiantes y educadores participantes, de conocer el proceso y los avances producto de la construcción colectiva de campesinos, colectivos sociales, ciudadanía en general en torno a la ley, lo cual evitaría discutir sobre un documento ya en sí mismo desestimado y deslegitimado, por las propuestas neoliberales y capitalistas que recoge, lo que además significaría una peligrosa legitimación de un articulado ya rechazado.

A partir de ese momento hemos sido objeto de descalificación, señalamiento y vilipendio pues nos califican de derecha, desestabilizadores, desconocedores de la ley y la lucha en torno a ella, cuando expresan en el documento de la denuncia: “este discurso es el utilizado por la derecha para atacar y confundir”, “derecha fascista, que en víspera del día de la lealtad (8D) genera focos de conflicto para promover el clima de desestabilización en nuestra patria”, “no se discute lo que no se conoce” , entre otros aspectos que no son, ni sucedieron como se narra en tal documento.

En virtud de todo lo expuesto rechazamos categóricamente el comunicado emitido por la coordinación de Agroecologia, por carecer de veracidad, exagerando y manipulando de los hechos.

El derecho a manifestarnos y participar en el debate crítico, ha sido una tradición histórica y heroica del movimiento estudiantil y un instrumento de reivindicación de nuestros derechos, con el cual hemos sido consecuentes, pues hartas evidencias hay, de nuestra vinculación y discusión sobre la Ley de Semilla realizada como parte de un gran colectivo nacional que acciona para que el resultado de la misma sea consecuente con el Socialismo y la Transformación de las relaciones de poder que hasta el momento se han cristalizado a nivel mundial y a las cuales estamos comprometidos y comprometidas a pulverizar en revolución.


Creemos que es importante que como Universidad Bolivariana de Venezuela hija de la Revolución Bolivariana y del Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, nos manifestemos y fijemos posición revolucionaria y socialista, para la formulación de la nueva ley de semillas de la mano con el Poder Popular, considerando que tenemos programas de formación vinculantes.

Avanzamos hacia un nuevo concepto del quehacer legislativo que rompe con el modelo antiguo, parlamentario representativo, es por esto que expresamos nuestro más profundo apoyo al proceso popular y constituyente que impulsa el Poder Popular para construir desde las bases un nuevo instrumento legal que refleje  la voluntad del pueblo.

Comunicamos a la comunidad universitaria y en general que hemos realizado un esfuerzo para dar a conocer el proyecto de ley de semillas de la comisión Finanzas y Desarrollo Económico, desarrollando  múltiples actividades enmarcadas en la cátedra abierta “Venezuela Libre de Transgénicos” (ver Adjuntos)

Hacemos un llamado a la rectificación revolucionaria del profesorado involucrado en estos hechos para que juntemos esfuerzos por dar cumplimiento a este reto histórico de construir poder popular constituyente, transformando las lógicas representativas y socialdemócratas que aun perviven de la cuarta república, y que nos apoyen como juventud revolucionaria a construir la patria nueva, desde la participación y protagonismo del pueblo legislador.

Por ultimo somos hijos e hijas de las sabidurías libertadoras y emancipadoras de Bolívar, el Che, y sobre todo del maestro Hugo Chávez.


El presente es de lucha, el futuro les pertenece.
 Vamos muchachos a construir la Patria Buena. 

Hugo Rafael Chávez Frías  (2011)
Colectivo  Autana Tepuy
@Autana_ Tepuy

Desde el cuerpo a la semilla

Por: Ernesto Cazal

Foto: Paul Ledesma
Colectivo Autana Tepuy
03/11/13.- El cuento es sencillo: existe una sarta de lacras, dueños de algunas grandes propiedades (privadas), quienes amasan el capitalismo para que el resto consumamos la misma mierda que ellos venden. Este cogollo pretende almacenar a todo el planeta en un stock para condensar toda la mercancía posible (personas y recursos). Entre ese amasijo de cosas quiere controlar la comida del planeta bajo relación compra-venta. Para hacer esto tienen que imponer la forma de agricultura que les conviene: producción, producción, producción a gran escala, con todos los riesgos que conlleva (según la Organización para la Agricultura y la Alimentación —FAO, sus siglas en inglés—, se produce tres veces más comida de lo que la población mundial necesita, pero una gran cantidad se va al desecho dejando a millones depersonas sin comer).

La manera que encontraron para producir, según ese modelo, fue introducir investigaciones biotecnológicas y nanotecnológicas en semillas, lo que derivó en los transgénicos (OGM: organismo genéticamente modificado). Estas semillas reclaman, según su constitución y por ser generadas dentro del capitalismo, productos industriales para que generen lo que las corporaciones y el campesino engañado necesitan producir. Por eso, no solo se comercializan estas semillas sino que vienen acompañados de un kit de agrotóxicos y manutenciones mercantiles. Todo un negocio. Redondito.

Pero la vaina no termina allí. Al lado de esta comercialización de “materia prima” se encuentra un beneficio transnacional (corporaciones como Monsanto, Dupont, Syngenta y Cargill, entre otros, se llevan gran parte de la tajada), que muchos países en el mundo convierten en tributo mediante la legislación: la patente de semillas. La propiedad sobre estas provoca la competencia entre generadores de semillas. Allí entran las grandes transnacionales con sus intereses. ¿Cómo? Te dicen que cada semilla debe tener un “propietario” (esto entrecomillado, ya que la propiedad, en este caso, no se determina por la compra de productos, servicios y bienes) y que este debería comprarlas a alguna compañía autorizada por la FAO, ente que hace las veces de ONU de la comida. Es decir, que el semillero de un conuquero, quien austeramente rechaza el uso de químicos y de semillas genéticamente modificadas porque no los necesita y conoce sus orígenes y funciones comerciales, sería ilegal en un país que legisla para beneficio de las corporaciones que venden estos productos.

La tragedia de estos procedimientos se puede contar con pocos ejemplos: en la India se han registrado suicidios de agricultores por deudas a corporaciones agroindustriales y enfermedades causadas por agrotóxicos desde principios de la década de los 90 hasta nuestros días (que algunos analistas desestiman en defensa de las transnacionales). Syngenta es la empresa que tiene más patentes relacionadas con las tecnologías de restricción de uso genético, lo cual asegura que el campesino deba comprar, entre otras cosas, semillas al vendedor por plantas que brotan y se consumen pero que no producen más semillas para su reproducción: entonces el productor debe volver a comprar más semillas. Se asumen riesgos por la mutación de un tipo de soya en específico, el Roundup Ready, como que el consumidor sea mucho más sensible al estrés por calor y más proclive a infecciones que con las variedades de soya no transgénica. Esto último, sin contar las últimas investigaciones que indican que el consumo de alimentos transgénicos produce modificaciones celulares que derivan en tipos de cáncer y problemas en órganos vitales.
  
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En Venezuela se quiso promover una ley de semillas que fue rechazada por campesinos y movimientos sociales agrarios y agroecológicos. Este amasijo de pueblo convocó una concentración el día lunes 21 de octubre frente a la Asamblea Nacional (AN), en Caracas, para manifestarse en contra de la ley a discutir al día siguiente, martes 22. En el preámbulo, o exposición de motivos, de la mencionada ley se señala el carácter antitransgénico y antipatente de la misma. Además, habla de una regulación de semillas “desde una perspectiva agroecológica”. Se presume derogar, con la ley discutida, la Ley de Semillas y Material para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos publicada en Gaceta Oficial número 37.552 el 18 de octubre de 2002. El diputado Ureña cuestiona dicha ley por parecerle “ambigua” con respecto al asunto de los transgénicos y las patentes. Para el poder popular: hasta aquí todo bien. O casi.

En el cuerpo de la ley propuesta para su discusión, artículo 7, apartado 5, decía: “Se aceptan como valores de la presente Ley (…): El reconocimiento a la creación intelectual y el derecho a la propiedad intelectual en materia del desarrollo de nuevas variedades de semilla y cultivares” (las cursivas son nuestras). Precisamente este enunciado es el grito al cielo del movimiento popular y campesino con respecto a la presente. El denominado “derecho a la propiedad intelectual” es un copyright sigiloso, es decir: determina patente sin mención explícita. Convendría, en todo caso, para un individuo (léase bien: una sola persona) este tipo de legislación, ya que podría optar por microcréditos para el fomento de su “creación intelectual” y así poder endeudarse y obligarse a la producción del monocultivo a mediana o gran escala. ¿Suena conocido este proceder? Para refrescar la memoria: leer algunos párrafos atrás o revisar el documental El mundo según Monsanto, por mencionar alguno.

Hubo un debate entre los diputados José Ureña, Víctor Bocaranda (militante del Movimiento Popular Revolucionario Argimiro Gabaldón) y Ana Felicién (del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos) el día miércoles 23 de octubre en el programa matutino de La Radio del Sur Mientras tanto y por si acaso. Se discutió sobre la pureza y privatización de las semillas campesinas y sus legitimidades dentro del cuerpo de la ley, así como de tasas a pagar para validación y certificación de semillas y la burocratización innecesaria para la circulación de semillas entre campesinos. Asimismo, se pidió que se activara la carta del “pueblo legislador”, es decir, discusión profunda de la propuesta y, si es necesaria, nueva redacción de dicha ley y su exposición de motivos. El diputado Ureña tuvo que aceptar el debate político abierto a nivel nacional, en la calle y en el campo, tal como garantiza su propuesta de ley.
  
Al día siguiente se produjo una reunión, a puerta cerrada, entre voceros del Movimiento Venezuela Libre de Transgénicos, la segunda vicepresidenta de la AN, Blanca Eekhout, y otros diputados. Hubo un logro importante: el diputado por el PSUV José Ureña, principal propulsor y redactor de la propuesta, aceptó participar en la discusión y formulación de una nueva ley, junto con diversos colectivos. Esta jornada de elaboración de otra ley tuvo lugar el lunes 28 y martes 29 de octubre en Monte Carmelo (Sanare, Lara), durante el Encuentro de Guardianes de Semillas.

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En el lapso 1940-1970 surgió en nuestro país un éxodo masivo del campesinado hacia las ciudades. Acontecimiento hijo de la monoproducción petrolera, boom que devino gracias a la gestoría de Juan Vicente Gómez como peón de las corporaciones gringas que empezaban, a principios del siglo XX, a trinar dedos para hacer sonar sus cajas registradoras. El campesino, desasistido, hambriento y engañado, decidió marchar hacia las ciudades. Por menos de cuatro lochas se lo llevó la corriente, como dice la canción de Gino González “Guacharaca conuquera”, y así comenzó el sitio de las barriadas (el súbito empobrecimiento) en los proyectos venezolanos de urbes. La llamada modernidad tocó la puerta y los desgobiernos y dictaduras de la Tercera y Cuarta repúblicas decidieron abrirle la puerta. El modo de producción capitalista cuasi industrial llegó a la hora del mango y, con ello, el horroroso latifundio con que azotan los terratenientes los lomos del país.

Debido a esta historia, Venezuela se convirtió en un importador neto de alimentos en el mercado mundial. Además, subsidia el consumo con los excedentes del petróleo. Debido a esto, se especula, nuestro país no ha sido blanco de presión de las corporaciones biotecnológicas. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos considera convenientemente que Venezuela tenga una vocación agrícola, pues tiene mucha cantidad de territorio desperdiciado en latifundios (más de tres millones de hectáreas).

 A partir del año 2000, con la llegada del Comandante Chávez a la Presidencia de la República, el reimpulso de la agricultura en sus varias facetas (conuco, huerto, malla sombra, grandes cultivos, agricultura urbana) ha ido in crescendo. Se ha demostrado, incluso, que en todo un siglo de tragedia venezolana el conuco ha sido el único factor de producción que se ha mantenido (disperso pero resistiendo), aunque detrás de la gran escena, por sus facultades inherentes, lo cual lo hace ser la mejor propuesta para la producción de alimentos. Debido a esta convocatoria para generar comestibles desde y para el pueblo (no en balde la buena intención —para muchos mal ejecutada— de lanzar la Gran Misión AgroVenezuela) para obtener la tan anhelada soberanía alimentaria, el Coman, en abril de 2003, durante el II Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, prohibió la siembra de transgénicos (este NO rotundo nunca se hizo ley, pero fue reiterado por el Taita por lo menos unas tres veces más en 10 años) y pidió revisar en sucesivos AlóPresidente el tema (y engaño del agronegocio) de las patentes a su gabineteinstitucional.

  
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El frío de las montañas de Sanare arremete contra la voluntad de los movimientos campesinos y populares que dan vida a Monte Carmelo. El caserío se ve amontonado de gente dispuesta a defender con el cuerpo lo que se dice. Se escucha por ahí incluso un “hay que caminar con la palabra”.

El lunes 28 de octubre se celebra una asamblea para debatir y alimentar (o devorar) la propuesta de la nueva ley de semillas. Llegan a asistir, entre otros, los diputados Ureña y Acurero, quienes escuchan atentamente y debaten lo concerniente a la ley. Se decide, entonces, convocar cuatro mesas de trabajo.

El “pueblo legislador” anuncia discursos, propone ideas concretas en cuanto a la exposición de motivos y a la ley, asume su rol participativo y protagónico. Es un pueblo en revolución.

“¿Realmente necesitamos una ley para nuestras semillas? ¡La ley somos nosotros!”, dice un pure, campesino de vieja guardia.

“Aquí hay que entender que estamos en una guerra, y en esta guerra debemos pelear desde lo que comemos hasta lo que decidamos vivir como pueblo”, aclara una militante de la verdad.

“En Venezuela se importan transgénicos, además tenemos esa institución abominable llamada Agropatria, pero nadie dice nada”, lanza una agroecóloga.

En la mesa número 3, luego de varias horas de debate, Polilla, campesino de unos cincuenta y tantos, hace un golpe de mesa entre risas:

“Según leí recientemente, datos y vainas, somos en Venezuela poco más de 300.000 campesinos que tenemos que alimentar a unos 28 millones de glotones. ¡No hay cuerpo pa’ eso, compadre!”.

El año pasado (29 de octubre de 2012), durante el I Encuentro de Guardianes de Semillas, se redactó una declaración que se utiliza, en sesión plenaria al final de la noche, como soporte para la redacción de la próxima ley de semillas (sí, se decidió hacer borrón y cuenta nueva, en plena asamblea, mientras se elegía la metodología a seguir), que finaliza del siguiente modo: “¡Todas las manos a la siembra, todas las siembras a la escuela y a las bocas, promoviendo e impulsando la siembra y la cosecha de una sociedad nueva, donde las semillas más importantes son nuestros niños, niñas y jóvenes, verdadero semillero de la patria, porque sabemos que con la semilla se desentierra la historia de Abya Yala (Nuestramérica), territorio vivo que nos junta en una espiral que no entiende de fronteras!”

En algún momento de la noche Walterio Lanz, con su voz apagada pero firme, llamó a la reflexión: “No comercialicemos la semilla”. Ya 29 de octubre de 2013, Día Nacional de la Semilla Campesina, en Monte Carmelo se cuestiona el modelo agrario que los poderosos del planeta quieren imponer. No con mero discurso, demagogia o ideología sino desde el cuerpo a la semilla.

Caracas-Sanare
Originalmente publicado en la revista Épale CCS número 54

viernes, 1 de noviembre de 2013

Pueblo Legislador: debate junto a la Asamblea Nacional de la nueva Ley de Semillas

1 de noviembre de 2013
laguarura.net

Red Nacional de Guardianes de Semilla Venezuela


Los días lunes 28 de octubre y martes 29, Monte Carmelo -caserío del municipio Andrés Eloy Blanco (Sanare) Edo. Lara, situado a 70 kilómetros de Barquisimeto-, fue el escenario del 8vo Encuentro Día Nacional de la Semilla Campesina en el cual se llevó a cabo la primera discusión constituyente para una nueva ley de semillas.

Este encuentro agrupo a alrededor de más de 250 personas  y contó con la participación de alrededor de 120 colectivos a nivel nacional, como el Movimiento Campesino Jirajara, Corriente Revolucionaria Campesina Bolívar y Zamora, estudiantes de la Instituto Universitario Latinoamericano de Agreoecología  Paulo Freire (IALA), Campaña Venezuela Libre de Transgénicos, Sistemas de Trueke, Semillero Socialista de Monte Camelo y representaciones internacionales como El Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA),  Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y La Vía Campesina y todos los campesinos y campesinas, estudiantes, cultores y cultoras, educadores y educadoras y de más participantes del sector revolucionario.

Desde la tarde del lunes, inicio el debate en mesas de trabajo donde se llevó a discusión y construcción los principios que regirán el nuevo instrumento legal, entre las primeras demandas elevadas son: Protección de la semilla campesina y originaria, revalorizar las prácticas ancestrales de intercambio de semillas, y la prohibición de la producción, investigación y comercialización de semillas transgénicas en el país, además de fiscalizar y controlar el uso de semillas importadas, en esta discusión hicieron presencia  el diputado José Alfredo Ureña, de la Comisión permanente de Finanzas y Desarrollo Económico y el diputado Leobardo Acuero, además de organizaciones campesinas, comunitarias y colectivos del país.

Del debate constituyente se construyó colectivamente una propuesta de objeto de la nueva ley de semillas como base para la exposición de motivos cuya construcción continuará en próximas reuniones, en el marco del debate constituyente, revolucionario y vinculante, iniciado en Montecarmelo: 
 “El objeto de este proyecto de Ley es desarrollar y consolidar las competencias del poder popular organizado para la custodia, resguardo y regulación de las semillas, con base en el modelo de producción y el conocimiento originario, campesino y comunal, haciendo énfasis en el intercambio y la distribución local para garantizar nuestra soberanía alimentaria y la construcción del modelo económico productivo ecosocialista. Este proyecto de Ley tiene como objeto preservar, proteger y garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y uso de la semilla originaria y campesina, así como de  la inventiva, los saberes y prácticas ancestrales y populares asociadas a ellas, en tanto patrimonios genéticos, culturales y naturales inalienables de nuestros pueblos. Asimismo, la Ley prohíbe la liberación, el uso, la multiplicación, la entrada al país y la producción nacional de transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados), a la vez que prohíbe la propiedad intelectual, las patentes y la privatización de las semillas. La Ley regula la investigación, la producción, tenencia, importación, comercialización y uso de la semilla agroindustrial y/o corporativa en el ámbito público y privado.”
 Asimismo, se ratificó la necesidad de construir una ley de semillas de manera colectiva, amplia y participativa, superando las limitaciones de la vigente Ley de Semillas, insumos biológicos, que nos permita alcanzar los objetivos del Plan de la Patria.

Se acordó continuar con el debate constituyente este próximo fin de semana  en Seguiremos trabajando en la redacción de la exposición de motivos a partir de los siguientes insumos: 
  • Sistematización de mesas de trabajo 28 de oct. 2013.
  • Declaratoria de Monte Carmelo 2012
  • Aportes al debate generados en el IV CVDB
  • Declaración de motivos de la propuesta de ley generada por la subcomisión de desarrollo de la AN 
Así mismo se acuerda la consolidación de una comisión redactora conformada por los siguientes colectivos:  
  • CAMPAÑA VENEZUELA LIBRE DE TRANSGÉNICOS
  • FRENTE NACIONAL CAMPESINO EZEQUIEL ZAMORA
  • COLECTIVO CARIACO
  • SEMILLERO SOCIALISTA MONTE CARMELO
  • COLECTIVO PTMS y la RED DE ESCUELAS AGROECOLÓGICAS DEL ESTADO CARABOBO
  • SISTEMA DE TRUEKE KIRIKIRI
  • COLECTIVA BIOFÁBRICA DEL BUEN VIVIR

 Se acordó también que la próxima reunión se hará en Carabobo*, en la Aldea Héroes de Canaima 4F, Antigua Universidad de Carabobo, los días 2 y 3 de noviembre de 2013. Los objetivos específicos de la reunión serán: 
  1. Terminar la construcción de la exposición de motivos, a partir del Objetivo de la ley acordado en Monte Carmelo, alcanzando los títulos generales que producen la estructura. Se trabajará a partir de los insumos redactados en Monte Carmelo, las síntesis de las mesas de trabajo del 28/10 y otros documentos generados en reuniones anteriores.
  2. Adelantar aspectos de la estrategia constituyente a partir de los acuerdos de Monte Carmelo, produciendo una primera agenda de discusión que se proyecte a nivel nacional


ADJUNTAMOS LOS ACUERDOS Y OBJETO DE LEY SUSCRITOS POR LAS ORGANIZACIONES EN EL ENCUENTRO. 


fotografías y videos 

Descargue el proyecto de ley de semillas en el siguiente link:

martes, 29 de octubre de 2013

Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma

Introducción

Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito.

América Latina no está libre de tales ataques

Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.

Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer.

Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1

Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.

¿Que es UPOV?

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. 2 En el lenguaje de UPOV, “protección” significa privatización.

La historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades “descubiertas” y otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir la confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.

El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas.

Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.

En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91. 3

El saco sin fondo de las ambiciones empresariales

Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto:

a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.

b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.

c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.

Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.

Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.
Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.

La resistencia crece y se multiplica

Pero también es en América Latina donde las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.

Chile

La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.

Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.

A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.

Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.

El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de ley.

Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.
A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.

Argentina

El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.

Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.

A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.

La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.

Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.

El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.

El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.

El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.

Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que “Los productores que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología”. Una particular manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.

La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.

Colombia

En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.
La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.

Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales”. 6

A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012 que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”. 8

Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.

La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.

El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías. 10

Venezuela

En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.

La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.

Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.

México

Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de leyes combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales” (1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la nueva ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.

Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”. 16

Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.

En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio público”. 17 Se incluían los organismos genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético que no es vegetal”. 18

La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero seria un error pensar que está desactivada su aprobación. 19

En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el resto del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa dirección.

Las resistencias dan sus frutos

Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.

En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.

En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.

En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.

En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.

También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.

Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy consientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.

Notas:
1 UPOV

2 “Leyes de semillas: imponiendo un apartheid agrícola”, GRAIN, 29 de octubre, 2005.
3Ibid
4 “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”, MNCI, CLOC-VC Argentina, GRAIN, AT, ACBIO, 2 de octubre, 2012
5 Monsanto, “Licencia de uso, Intacta rr2”
6 “Propiedad intelectual y patentes”, Grupo Semillas, 18 de mayo, 2012
7 “Colombia: Declarada inexequible la ‘Ley de Semillas’”, Biodiversidad, 12 de diciembre, 2012
8 “Caída de leyes de obtentor y de Internet afectaría TLC”, Portafolio, 27 de enero, 2013
9 “9.70, la historia de la semilla privatizada”, Clementina Producciones – Victoria Solano, 2013
10 “Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática”, Grupo Semillas, 9 de junio, 2013
11 Campaña Venezuela Libre de Transgénicos
12 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, GRAIN, 14 de abril, 2010
13 “Ley Federal de Variedades Vegetales”, SAGARPA
14 “Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados” (pdf), CONACYT, 18 de marzo, 2005
15 “Ley Federal de Producción, certificación y comercio de Semillas” (pdf), Gobierno de Mexico, 15 de junio, 2007
16 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, op. cit
17 “Mexican farmers block Monsanto law to privatize seeds and plants”, Occupy Monsanto, 14 de junio, 2012
18 Ibid

19 Ibid