Los intentos por privatizar las semillas continúan
desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del
agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las
semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria
de mantener y reproducir semillas en un delito.
América Latina no está libre de tales ataques
Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las
leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones
que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas
de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas
tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de
investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.
Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las
leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los
agricultores no pueden hacer.
Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden
intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de
la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este
sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de
propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las
patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y
derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1
Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias
de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas.
Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han
multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.
¿Que es UPOV?
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra
(Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue
revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV
es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las
variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para
beneficio de la sociedad”. 2 En el lenguaje de UPOV, “protección” significa
privatización.
La historia de UPOV muestra una expansión permanente y
aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una
reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de
agricultores y campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad
solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba
la privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar
una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las
sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede
propiedad sobre variedades “descubiertas” y otorga derechos monopólicos sobre
la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a
las empresas pedir la confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y
productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden
demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.
El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer
en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el
presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los
agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar
su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones
adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las
semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los criterios de
protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por
promover la uniformidad de las semillas.
Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce
a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la
privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el
intercambio de conocimientos.
En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana
y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91. 3
El saco sin fondo de las ambiciones empresariales
Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una
aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto:
a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”,
lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios
de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un
absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra
humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros
de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las
semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación
de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie
de ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando
las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin
importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan
imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la
resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del
Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno
colombiano a retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo
aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las
semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos,
plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas.
Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario,
lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas.
La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas
desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para
amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más
aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad
de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.
Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos
altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley.
El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la
ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El
proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que
significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.
Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La
certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la
privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas
de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos
biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal
paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de
regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de
asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o
de los centros de investigación.
Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y
complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del
control absoluto de las semillas.
La resistencia crece y se multiplica
Pero también es en América Latina donde las resistencias se
están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado
frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación
hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el
protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances
corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.
Chile
La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está
intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación
de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas
propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que
aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden
impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la
confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se
imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho
toda su vida.
Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la
reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de
semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a
pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas —
especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad
civil.
A pesar de esta primera derrota, las organizaciones
siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando
Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y
activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal
Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se
sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió,
entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han
realizado en el país desde 2011.
Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y
a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco
había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el
gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio
urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones
pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo
tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a
campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por
televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades,
reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de
información con senadores, etc.
El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a
senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos
parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer
a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del
proyecto de ley.
Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la
votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se
harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente
comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.
A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre
de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán
movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la
brevedad.
Argentina
El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina
es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la
empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar
la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no
encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no
introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto
frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas
judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el
pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los
tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.
Si bien durante los últimos años de la década pasada el
gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de
Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio
de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández
anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con
Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una
planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en
la Ciudad de Córdoba.
A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el
Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de
Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja
transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la
modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los
grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley
al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.
La reacción de las organizaciones sociales no se hizo
esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en
discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de
Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del
país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió
ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en
diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.
Los análisis de las organizaciones sociales de una copia
filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a
partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año
1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma
impone.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de
la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines
de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y
más de 3 mil 500 firmantes particulares.
El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de
ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley
propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la
privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de
los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos
indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible
y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre
las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la
biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace
posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad
nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las
especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han
estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar,
mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir
de la cosecha anterior”.
El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto
de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro
país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene
la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la
seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de
nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio
agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro
pueblo”.
El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios
sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento,
lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante
los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser
un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes
nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura
anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al
Congreso.
Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si
no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja
transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”.
Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que “Los productores que
deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja
conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una
licencia limitada de uso de la tecnología”. Una particular manera de entender
el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.
La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca
cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la
lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de
Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está
intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.
Colombia
En abril del año 2102 el Congreso de la República de
Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el “Convenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cumpliendo los
“deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía
para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.
La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la
aprobación se había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y
desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las
obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están
bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía
y seguridad alimentaria de la población.
Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad
el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental
a la consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar
“la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies
vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden
cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que
han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente
diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los
alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e
imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las
empresas transnacionales”. 6
A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron
una presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012
que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera
se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta
previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o
administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169
de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha
consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el
momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la
Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a
través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los
perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de
declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de
normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”. 8
Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las
luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena.
Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla
privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a
multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las
semillas.
La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y
comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos
de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para
la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados
Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución tomando como
ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la
resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta
el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública,
y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal”
exponen sus autores.
El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió
con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron
al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples
reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por
dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones
campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro
que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente
derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras
vías. 10
Venezuela
En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la
Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha
provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este
Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la
prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las
cuestiones de propiedad intelectual.
La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido
dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la
“prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de
cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las
semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción
colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.
Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley
hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña
ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de
ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad
intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y
sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la
semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de
intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del
poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha
del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El
compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los
movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto
modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.
México
Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un
escenario de leyes combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales”
(1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la nueva
ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano
dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y
privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio
diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por
los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas
alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.
Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del
Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la
criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el
comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades
estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que
implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de
no seguir evolucionando”. 16
Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996
(parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998,
abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y
materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante
reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.
En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la
sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades
Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma
habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio
exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales
hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales,
forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas
variedades sean del dominio público”. 17 Se incluían los organismos
genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es
absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético
que no es vegetal”. 18
La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave
para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía
de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no
certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con
factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por
lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta,
pero seria un error pensar que está desactivada su aprobación. 19
En el resto de América Latina y el Caribe la situación
difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los
Estados Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la
firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República
Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para
adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el resto
del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las presiones para
la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países,
como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa
dirección.
Las resistencias dan sus frutos
Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en
toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas
han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas
ofensivas.
En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su
ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado
parlamentario.
En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los
senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.
En Colombia la movilización campesina logró que la
Resolución 9.70 fuera frenada.
En Venezuela existen firmes compromisos para que los
principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.
También en México las luchas sociales impidieron que Ley
Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con
UPOV 91.
Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que
ocurrirá en los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no
significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los
movimientos sociales son muy consientes de que la situación actual plantea el
desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para
enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las
semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole
el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía
Campesina.
Notas:
1 UPOV
2 “Leyes de semillas: imponiendo un apartheid agrícola”,
GRAIN, 29 de octubre, 2005.
3Ibid
4 “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que
pretende privatizar las semillas en la Argentina”, MNCI, CLOC-VC Argentina,
GRAIN, AT, ACBIO, 2 de octubre, 2012
5 Monsanto, “Licencia de uso, Intacta rr2”
6 “Propiedad intelectual y patentes”, Grupo Semillas, 18 de
mayo, 2012
7 “Colombia: Declarada inexequible la ‘Ley de Semillas’”,
Biodiversidad, 12 de diciembre, 2012
8 “Caída de leyes de obtentor y de Internet afectaría TLC”,
Portafolio, 27 de enero, 2013
9 “9.70, la historia de la semilla privatizada”, Clementina
Producciones – Victoria Solano, 2013
10 “Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir
de manera democrática”, Grupo Semillas, 9 de junio, 2013
11 Campaña Venezuela Libre de Transgénicos
12 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”,
GRAIN, 14 de abril, 2010
13 “Ley Federal de Variedades Vegetales”, SAGARPA
14 “Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados” (pdf), CONACYT, 18 de marzo, 2005
15 “Ley Federal de Producción, certificación y comercio de
Semillas” (pdf), Gobierno de Mexico, 15 de junio, 2007
16 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, op.
cit
17 “Mexican farmers block Monsanto law to privatize seeds
and plants”, Occupy Monsanto, 14 de junio, 2012
18 Ibid
19 Ibid
