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domingo, 22 de diciembre de 2013

Pronunciamiento de la II Cumbre Amazónica de COICA

Pronunciamiento de la II Cumbre Amazónica de COICA en solidaridad con CONAMAQ ante la agresión del gobierno a su local institucional

Las organizaciones de pueblos indígenas presentes en esta Segunda Cumbre, teniendo conocimiento de los lamentables acontecimientos acaecidos en Bolivia la noche del 10 de diciembre; el asalto y la ocupación de la casa de gobierno del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) principiada por una turba de individuos financiados por el gobierno y completada luego por fuerzas de la policía Boliviana.

Manifestamos nuestra más profunda preocupación porque desde la noche del martes 10 de diciembre las autoridades originarias del CONAMAQ están impedidas de desarrollar sus actividades con normalidad toda vez que no se les permite ingresar a sus oficinas y hacer usos de sus equipos de computación y comunicación, tan necesarios para la vida organizativa de los pueblos indígenas.

Repudiamos la actitud intervencionista y divisionista del gobierno de Bolivia con las organizaciones de pueblos indígena como fue en el año 2012 con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y ahora con CONAMAQ por el solo hecho de exigir el respeto y el cumplimiento de sus derechos a la vida, territorio y libre determinación.

Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, al Foro Permanente sobre cuestiones indígenas, al Mecanismo de Expertos para los Derechos de los Pueblos indígenas, el Relator Especial James Anaya a pronunciarse sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de Bolivia y del CONAMAQ.

Exigimos la inmediata devolución de la casa, oficinas, equipo y documentación a la organización CONAMAQ, así como la necesaria investigación judicial de los hechos del 10 diciembre y posteriores de agresión violenta a miembros del CONAMAQ, destrozos y pérdidas causada en los bienes y patrimonio de las organización de pueblos indígenas.

 Colombia, Villavicencio-Meta, 15 de diciembre de 2013

viernes, 13 de diciembre de 2013

"A los yanomamis nos están matando"

lavanguardia.com

La tranquilidad con la que vivían los Yanomamis llegó a su fin en la década de 1980, cuando la fiebre por el oro explotó en plena Amazonia y trajo a más de 40.000 mineros ilegales que sistemáticamente establecieron un negoció que sigue devastando una gran parte de la zona.

Al norte de Brasil y al Sur de Venezuela, los Yanomamis están distribuidos en alrededor de 250 comunidades en un territorio que alcanza los 19 millones de hectáreas, o lo que es igual a cuatro veces el tamaño de Suiza.

Es esta la zona, en la actualidad, la etnia indígena sobrevive a la explotación de los recursos naturales que causa enfermedades, envenenamiento, agresiones, violaciones y persecuciones a quienes se opongan.

Andrés Blanco, coordinador general de la ONG Yanomami Horonami, denuncia que la selva se ha convertido en un verdadero peligro para sus habitantes, debido a que  “cada vez hay más mineros, y nosotros como pueblo sabemos quiénes son, cómo trabajan y dónde exactamente tienen sus maquinarias”.

El líder indígena agrega que la violencia que viven se refleja de diferentes maneras. La más común es a través de explotación laboral, ya que los Yanomamis más jóvenes terminan siendo los “caleteros” de los mineros ilegales, quienes entregan alguna prenda de ropa o una lata de comida tras largas y forzadas jornadas de trabajo.

“También traen enfermedades, nos golpean, violan a nuestras hijas. Todo esto está acabando con nosotros, a los Yanomamis nos están matando poco a poco, ya hemos muerto muchos, muchos hermanos”.

La ONG Survival Internacional calcula que en la actualidad unos 1.000 buscadores de oro trabajan ilegalmente en la tierra yanomami. Entre las consecuencias está la transmisión de enfermedades mortales como la malaria y la contaminación de los ríos y los bosques con mercurio. La salud de los yanomamis se ve perjudicada y la atención médica crítica no llega hasta ellos, especialmente en Venezuela.

La situación ha reunido a las organizaciones indígenas de ambos países el pasado 11 de octubre en Puerto Ayacucho (Amazonas, Venezuela). Del encuentro publicaron una carta abierta en la que resaltaron:  “La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de nuestras tierras y contaminación de los ríos (…) No es posible tener buena salud si no tenemos nuestro territorio protegido”.

“No sabemos cuántos hermanos Yanomamis han sido asesinados, envenenados. Son más de 250 comunidades que para llegar hay que estar más de un mes viajando por río y caminando por la selva. Eso hace que sea un trabajo difícil” añade Andrés Blanco.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante la situación que vive del pueblo Yanomami, particularmente por la presencia y agresiones de mineros ilegales contra los miembros de las comunidades indígenas habitantes en esa zona. En un comunicado al Estado venezolano recomendó “que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos de violencia que se dan en la zona”.

Survival Internacional afirma que los mineros ilegales provienen de Brasil, otros son venezolanos y de los países de los alrededores. Estos buscadores de oro son autónomos: van por su cuenta y no forman parte de compañías o multinacionales mineras.

Investigar para denunciar

Blanco informó que en la actualidad hay tres grupos de 10 líderes Yanomamis investigando en la zona, con el fin de poder traer pruebas sobre el crecimiento de la minería ilegal en los territorios indígenas.

“Traeremos fotografías, vídeos y todo el material que sea necesario para interponer la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la propia Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”.

En este sentido, la Fiscalía Superior del Estado Amazonas explicó que en una acción coordinada con varias instituciones están recabando pruebas para castigar judicialmente a los mineros ilegales, que por la Ley de Ambiente deben pagar condenas de mínimo seis meses de prisión.

José Gregorio Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia) desconfía de que el gobierno reciba las pruebas con objetividad o que dicte castigo a los responsables. Él cree que el Estado ha satanizado las denuncias impuestas hasta el momento.

“Hay implicación de los propios militares en este negocio de la minería ilegal, es un negocio que beneficia a la gente del poder, así que las veces que han ido a investigar sólo ha sido por dos o tres días, no profundizan ante un tema tan extenso. Y cuando insistimos en seguir denunciando, entonces nos satanizan, el propio gobierno señaló que los Yanomamis estaban pagados por Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. ¿Esto es normal o coherente por parte de un gobierno?”.

En una de las últimas visitas que realizó el Estado venezolano a la zona, los representantes de la ONH Horonami estuvieron presentes y denuncian que durante el recorrido: “Vimos los campamentos de mineros ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos garimpeiros huyendo de la comisión que caminaba por la selva (…) Los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía que venían en la comisión, también fueron testigos de esto”. De esta visita no hubo detenidos, ni intervenciones en el lugar, según datos reflejados por el Ministerio de Interior y Justicia.

Minería gubernamental

La última amenaza para los yanomamis de Venezuela procede de la empresa china CITIC, con la que el Gobierno venezolano ha firmado un acuerdo de 700 millones de dólares para la exploración mineral en el Arco minero del Orinoco, en los estados de Amazonas y Bolívar. 

Según la Secretaría de Ambiente del Estados Amazonas, la empresa CITIC tiene prevista la construcción de cinco campos mineros en áreas habitadas por pueblos indígenas, incluso en Ocamo, que yace en el corazón del territorio yanomami.

Survival internacional considera que el Estado necesita comprometerse mucho más con los Yanomamis: consultarlos, escucharlos e involucrarlos en los proyectos sanitarios y territoriales. Y los movimientos indígenas exigen al gobierno que revise urgentemente el proyecto minero y sus políticas indígenas.

sábado, 26 de octubre de 2013

El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas

Por: Linda Manaka Infante

En días recientes mucho se ha escrito en relación a este mineral estratégico localizado al sur de Venezuela. El coltán en Territorio Venezolano se encuentra en el estado Amazonas y la parte oeste del estado Bolívar. Allí habitan los pueblos indígenas Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, la relación de estos pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales constituye, una parte fundamental de su identidad y espiritualidad y está profundamente arraigada en su cultura y en su historia. Estos pueblos indígenas también son profundamente conscientes de la relación existente entre las consecuencias ambientales de diversos tipos de desarrollo en sus tierras y las consecuencias ambientales y las posteriores repercusiones para la salud de sus pueblos. A través de su profunda comprensión de la tierra y su conexión con ella, las comunidades indígenas han administrado su entorno en forma sostenible durante generaciones. A su vez, la flora, la fauna y otros recursos disponibles en las tierras y territorios indígenas les han proporcionado sus medios de vida y han nutrido a sus comunidades.

En estas comunidades, se vive de la agricultura, la caza, la pesca, la cestería. Para cazar realizan un viaje de 7 días.  La Comunidad selecciona lo que consume, y así no destruye los recursos naturales. Las tierras son trabajadas por toda la Comunidad. Nadie es individualmente dueño de la tierra, los derechos de propiedad son colectivos.  Si la persona no pertenece a la Comunidad no puede explotar la tierra. Aquí nadie se concibe a sí mismo sin su territorio, ya que los indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, partiendo de lo espiritual consideran a sus mayores con admirable veneración, de igual manera lo son sus sitios ceremoniales, lugares sagrados como la misma tierra a quien llaman MADRE.

Es al mismo tiempo, un territorio con histórica ausencia estatal, víctimas de  garimpeiros, grupos armados, hasta masacres y agentes exógenos de toda índole que frecuentemente arremeten contra ellos, uno de los principales peligros contra la existencia misma de quienes han vivido allí desde tiempos milenarios, es precisamente el pecado de vivir en territorios con recursos naturales, sobre todo del llamado “oro azul”, que sin exagerar es más valioso que el oro negro, el oro blanco y el amarillo.

En una visión intercultural de la territorialidad indígena, como  la establecida en el ordenamiento jurídico venezolano, los pueblos indígenas son propietarios de sus territorios y de los recursos naturales que en ellos se encuentren. La Seguridad Territorial indígena es una obligación reconocida por el Estado venezolano a nivel constitucional y legal. Así, el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala lo siguiente:
 “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas (…) así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.  Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley”.
Del igual modo, el Estado venezolano suscribió el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que reconoce la Autonomía territorial indígena; y promulgó la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras Indígenas (LDGHTI) y la Ley Orgánica de Pueblos y comunidades Indígenas (LOPCI), que establece lineamientos procedimentales para llevar a cabo la demarcación de Tierras y Territorios indígenas en Venezuela.

Más aún, la garantía de efectiva protección de la Territorialidad indígena -establecida en el Convenio Nº 169- supone una protección real y en la práctica, y no solamente una protección legal. Por ello, la obligación primaria del Estado es la de garantizar la demarcación territorial indígena, la cual realizará el Ejecutivo, por órgano de la Comisión Nacional de Demarcación (cuya Secretaria Ejecutiva está adscrita al Ministerio del Ambiente).

Simultáneamente, como garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, el Estado está en la obligación de abstenerse o de impedir cualquier intervención exógena en los territorios y tierras indígenas aún no demarcadas ni tituladas. Según los Datos del Censo Indígena Oficial (INE, año 2001), existen en Venezuela 35 Pueblos Indígenas, que hacen parte de 2.054 comunidades, que hacen un total de 534.816 habitantes indígenas del país.  Hasta ahora el Gobierno Nacional sólo ha entregado a las Comunidades Indígenas 21 Títulos de propiedad colectiva sobre sus Tierras, cifra la cual representa el 1,02 % del Total de Comunidades existentes.

En consecuencia, en la práctica no se encuentra totalmente garantizada en Venezuela la Seguridad Territorial para los Pueblos Indígenas, lo cual supondría la garantía estatal de su permanencia pacífica y auto-desarrollo, en el espacio histórica y culturalmente identificado como propio.

Un mineral “estratégico” ubicado en territorio indígena, con la intervención de terceros que explotan ilegalmente el coltán, no sólo impide a los indígenas la permanencia pacífica en su territorio, sino que además genera todo tipo de problemas que afectan principalmente a estos pueblos, como son; la proliferación de enfermedades, la emergencia de nuevas figuras de poder y autoridad que chocan culturalmente con las autoridades tradicionales indígenas, reclutamiento de niños soldados, situación de semi-esclavitud para las mujeres indígenas, entre tantos otros flagelos igualmente graves.

Ante todo ello, y a pesar que el tema adquiere relevancia en los medios de comunicación en días recientes, es un problema que data desde tiempo atrás. El pueblo Baniva a través de la Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela APIVEN desde 2006, ha acudido ante la Comisión de Demarcación  a los fines de titular su territorio de conformidad con la ley, han transcurrido más de cuatro (04) años sin recibir respuesta alguna. También elevaron petición ante la Gobernación del estado Amazonas, a los fines de solicitar su intervención para la implementación de la demarcación y titulación prevista en la ley, y su actuación ante la presencia de grupos que explotan ilegalmente el coltán en las comunidades del Eje Carretero Norte de Puerto Ayacucho, de ello tampoco se obtuvo respuesta.

Acciones de protesta de la mano de etnias hermanas (yukpas, barís, entre otros) para exigir la efectiva demarcación y titulación  de nuestras tierras, sin embargo, insisten en tratar de invisibilizar las luchas.

Es el caso que desde el año 2009 se han realizado actividades de exploración sobre la existencia de yacimientos de coltán en el norte del estado Amazonas, específicamente en las comunidades indígenas del eje carretero Norte hasta el poblado de Puerto Nuevo, conocido como “El Burro”. No obstante, el problema llega hasta el interior del estado Amazonas, afecta principalmente al Municipio Guainía, en los afluentes del Río Guainía, sector este que está en frontera con Colombia, donde se encuentra el Municipio Guainía Colombiano, que también tiene grandes reservas de coltán, explotado ilegalmente desde hace un par de años y de reciente inicio de explotación por parte del Estado Colombiano.

A la vez se ha realizado una explotación minera ilegal de coltán a pequeña escala que ha ocasionado la contaminación de algunos afluentes de ríos y la muerte de varios hermanos indígenas a causa de la contaminación de aguas producida por la explotación ilegal.

El Ministerio de Industrias Básicas y Minería de Venezuela a finales de 2009 publicó un informe de sobre los proyectos de exploración del Coltán en el Amazonas Venezolano. En el mismo, se informaba que ya se tenía previsto crear una empresa mixta para la explotación del coltán en 176.300 Kilómetros cuadrados del estado Amazonas, comenzando las primeras concesiones por los yacimientos ubicados en las adyacencias de las comunidades Piaroa y Baniva. El propio informe del MIBAN destaca:

“Se considera que la superficie total del área a explorar es de aproximadamente 176.300 Km2. Esta superficie representa casi un quinto del territorio nacional, es decir el 19%. A los fines de sensibilizar la magnitud del área a explotar, la misma equivale aproximadamente al 73% de la superficie del estado Bolívar (240.528 Km2) o aproximadamente al 96% del estado Amazonas (184.250 Km2)[1]”.

Así mismo señaló el Presidente de la República en Enero de 2010 la implementación del Plan Oro Azul[2], que comprende la militarización de la zona a explorar hasta tanto comiencen la explotación desde entonces nuestras tierras han estado militarizadas, impidiéndonos el acceso a muchos lugares sagrados y ocasionando agresiones contra los miembros de la comunidad.

En fecha reciente, anunció el Presidente de la República en cadena nacional que la Dirección de Concesiones Mineras del Ministerio para el Poder Popular de las Industrias Básicas y Minería, ya tiene elaborada la concesión a una empresa mixta para iniciar la exploración “sustentable” de los yacimientos.

El 96% del estado Amazonas será expuesto a la exploración del mineral, cuya actividad ha ocasionado la muerte de más de 5 millones de personas en el Congo, y que el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 1952[3] adoptó un conjunto de resoluciones ante la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato y el desplazamiento de un número significativo de civiles, el reclutamiento y la utilización de niños soldados y la violencia sexual generalizada, destacando  que los autores deben ser llevados ante la justicia, y reiterando su condena de todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en ese país.

No es difícil colegir entonces, que el Estado Venezolano desconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas por estar afectados directa e indirectamente por dicha concesión. Ha violado el  derecho a la demarcación y titulación del territorio que tradicional y ancestralmente hemos tenido porque no ha creado los mecanismos eficaces para materializar este derecho. Así como también nos impide el uso de nuestro territorio por la militarización ordenada en el marco del Plan “Oro Azul”.

Según Erica Irene Daes, Relatora Especial de las Naciones Unidas en 2002, “El deterioro gradual de las sociedades indígenas se remonta al no reconocimiento de la profunda relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, sus territorios y sus recursos.”

Es por ello, que observamos con preocupación que los temas de debate en relación a la existencia de coltán en Venezuela, se circunscriban a intereses de índole económico, transferencia de tecnología, potencial energético y su ofrecimiento al mercado internacional; el asunto no es sólo de interés estratégico, se trata de los seres humanos que allí viven, los pueblos indígenas que no consideran su existencia sin su territorio y que de ninguna forma el Estado ha obtenido su consentimiento previo, libre e informado (como es su obligación de acuerdo a la ley) para avanzar cualquier plan de desarrollo. El Estado avanza en exploración y creación de empresas mixtas para explotar coltán, cuando antes de cualquier acción debe emprender un proceso amplio de consultas a los pueblos indígenas a los fines de obtener su consentimiento previo libre e informado. Se espera de un gobierno que se precie de ser socialista, dar prioridad al ser humano antes que al capital, los pueblos indígenas afectados por la explotación del coltán deben ser tema prioritario en la agenda gubernamental. Esperemos que el Gobierno Bolivariano no cometa los mismos errores que los sandinistas, que no supieron entender las razones de los miskitos.

Twitter: @LindaManaka
lindamanakainfante@gmail.com



martes, 22 de octubre de 2013

La resistencia indígena es el origen de los procesos de rebelión en Venezuela

Así lo sostiene el antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosonyi, quien considera un gran avance haber eliminado el “Día de la Raza”, que es “algo totalmente anticientífico y además inhumano” 

Más de 500 años han pasado desde que la invasión europea comenzó en estas tierras, pero es muy poco el tiempo que tienen posicionados conceptos como el que se expresa en la denominación de Día de la Resistencia Indígena para conmemorar el 12 de Octubre, a pesar del esfuerzo de mujeres y hombres como el antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosonyi.

Ha sido larga la lucha que desde sectores revolucionarios y comprometidos se ha librado para desmontar el discurso de un supuesto “descubrimiento” que convierte a Cristóbal Colón casi en un héroe fundador. Mosonyi tiene razones para defender ese cambio de visión:

“El 12 de octubre de 1492 es importante, querámoslo o no, porque en esa fecha se inició una etapa en la historia con miras a la mundialización, por la confluencia entre dos aconteceres, en un continente y otro. Ya no se trataba solamente de la historia de Europa como tal, o de Asia y mucho menos de América, y por eso ese día representa un cambio histórico inmenso, pero transformarla en el Día de la Resistencia Indígena para mí ha sido muy oportuno y positivo”

El cambio de denominación, agrega el investigador -Rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca- expresa que “el origen de los procesos de rebelión, de la independencia, y de todo lo que estamos viviendo del siglo XXI es la resistencia indígena”.

RESISTENCIA FUNDAMENTAL

El antropólogo aseveró que “lo mejor fue sustituir el contenido pretérito por hechos, procesos y fenómenos que han ocurrido en la historia, sobre todo en los últimos 500 años. Porque antes se hablaba del Día de la Raza, algo totalmente anticientífico y además inhumano, que se basa en los caracteres biológicos, que sólo sirven para discriminar unas poblaciones y otras, sobre la base de rasgos genéticos o fenotipos sin aportar nada positivo”.

Mosonyi destaca, de entre esos hechos y procesos, la resistencia del indígena, y aclara que paralelamente a ella hubo otras resistencias como la del mestizo, del afrodescendiente, del blanco de orilla y de tantas poblaciones que convergen en nuestro país. Pero la indígena, enfatizó, es la base de todo.

“Hay que entender que sin la resistencia fundamental de los pueblos indígenas esas otras resistencias, no se hubieran realizado con la magnitud y coherencia como verdaderamente ocurrió. En ese sentido es emblemática pues el indígena fue un pueblo condenado, no a desaparecer, sino a ser desaparecido, exterminado, a través de un programa de colonización hecho para no dejar ni un solo indio vivo. ¿Cuántas veces no decían “el mejor indio es el indio muerto”?, expresó.

“Esa resistencia fue, no solamente de los pueblos, sino también de la cultura, de los idiomas; le fue inoculada a otras poblaciones que llegaron después, que también tomaron la idea de no dejarse avasallar por fuerzas dominantes que ilegítimamente los pisoteaban, los oprimían”, agregó.

NO AL DESCUBRIMIENTO

Mosonyi recordó que ha ratificado muchas veces que no hubo descubrimiento: “Aun si no se hubiese tratado de habitantes de la especie humana, sino de otros seres biológicos, que también son respetables, creo que no es válido hablar de un descubrimiento hecho por unos seres y designar como descubiertos a otros seres distintos, sean humanos o no humanos: arrogarse esa prepotencia de que ‘yo descubrí un mundo nuevo’. Y cuando hay habitantes, muchísimo menos, como efectivamente ha sido la realidad”.

Al respecto comentó que “hoy sabemos mucho más de cómo transcurrió ese primer contacto indudablemente vergonzoso hasta para Colón y más para los que siguieron a Colón. A mí me escandaliza la sola idea de la pretensión de descubrir, por ejemplo, las Antillas”.

Mosonyi declaró totalmente incierto que los españoles hayan llegado a “zonas deshabitadas”, pues “cuando alguna superficie lo estaba, era por ser terrenos no productivos, o más bien por tener una biota de tipo vegetal y animal más que la humana, es decir, razones ambientales perfectamente respetables”.

El antropólogo ofreció el siguiente dato, para ilustrar si las Antillas estaban en ese momento habitadas: “En las Antillas había muchísimos seres humanos, esas islas estaban muy habitadas, llenas de gente. Se habló hasta de medio millón de habitantes en las Antillas para Rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Taucaaquel momento -los taínos, los siboneyes- sobre todo por taínos en lo que hoy es Cuba y Puerto Rico”.

Explicó que esas culturas existían y siguen existiendo: ”El taíno se está reconstruyendo, el Caribe nunca se extinguió y las lenguas arawak, que son muchísimas, también permanecen vivas, por ejemplo el wayúu que es arawak, tiene muchos hablantes. A tal punto que ya se contabilizan más de un millón de wayúus entre Colombia y Venezuela”.

LA VERDAD DE LO QUE PASÓ

Mosonyi expuso su visión de lo que ocurrió en aquel octubre, más de cinco siglos atrás: “Pudo haber sido un hermoso encuentro de culturas. Lamentablemente no lo fue, pues aunque apenas al llegar, en el primer momento, Colón estaba muy inspirado y escribió unas hermosas cartas donde habla muy bien de los pueblos arawacos que encontró, que si eran hermosos de cuerpo, que sin de alma, que si hablaban muy bonito, que eran unos pueblos encantadores, que eran trabajadores, casi idealizándolos”.

“Pero enseguida, el oro, los minerales, influyeron y empezaron a actuar compulsivamente porque ¿qué era lo que esperaba el reino de España? ¿para qué les pagaron? No era para hablar bonito o para mandar unas cartas con mucha retórica. Cuando empezó el proceso de la minería de oro y otras formas de explotación, y la esclavitud de los indígenas, eso se volvió un infierno”, apuntó.

El prestigioso investigador negó que en un par de años desaparecieran totalmente los taínos y otros indígenas: “Algunos permanecieron vivos por mucho tiempo, otros se mestizaron. Ha habido una sobrevivencia. El pueblo taíno, no se ha extinguido. Como algunos sacerdotes y cronistas se ocuparon de escribir las costumbres indígenas, la lengua, etc., con esa información estamos reconstruyendo la cultura y la lengua de los taínos en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Entre quienes migraron de las islas para residir allá, hay descendientes de taínos y también participan en esa reconstrucción”.

Agregó que “más allá de hablar de mestizaje vemos que existe una cantidad de elementos étnicos que hoy afloran también en regiones de Venezuela supuestamente no indígenas, como los estados Lara, Falcón, o Sucre. Allí surgen representantes de los Chaima, Caquetíos, Gayones, Ayamanes, y Jirajaras, que según nuestra historiografía tradicional ya no existían”.

“Pero resulta que sí existen. Y si se argumenta que no hablan su lengua, tampoco es verdad siempre, porque a veces encuentran los códices y con ellos buscan las raíces de su idioma”, sentenció.

Comentó que está terminando un libro sobre el grupo de los arawak donde afirma que, aunque allí había Caribes, en ese momento predominaban los arawak porque la conquista Caribe era casi tan reciente como la española. Pero allí había unas culturas bien específicas, con su organización, su agricultura, incluso con su tecnología.

LA MASACRE

Mosonyi, sin embargo, no duda en afirmar que “lo que sí hubo fue una tremenda masacre, hubo genocidio, etnocidio, de todo. Pero con todo lo mezquino que uno pueda ser, algunos sacerdotes católicos se portaron mejor que los conquistadores de la estirpe militar”.

El Rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, mencionó a algunos como Fray Montesinos, Bartolomé de las Casas, Bernardino Sahagun, “y otros más. Gracias a ellos tenemos algunos testimonios que han hecho posible a los descendientes de aquellos indígenas retomar su cultura y es así como encontramos movimientos activos, de indígenas y proindígenas”.

“Se perdió muchísimo, pero no tanto como se cree. Por eso es que actualmente, aparte de los representantes de aquellos pueblos indígenas que sí han permanecido resistiendo todo el tiempo y que siguen siendo casi exactamente lo que fueron históricamente hace siglos y milenios”, acotó.

Aclaró que hay también campesinos indígenas, o incluso urbanos indígenas que reivindican sus raíces sin renegar del mestizaje, pero que con todo y eso siguen siendo descendientes de la misma población que se creyó desaparecida: “Estas culturas se están desarrollando con la existencia de nuevas leyes favorables y medidas que propician y estimulan ese desarrollo, pero también ellos se autoestimulan porque basta que haya un mínimo de interés, una nueva forma de tratar la historia”.

“La ideología antiindígena que involucra pueblos otrora totalmente oprimidos, olvidados, convencidos ellos mismos de que estaban perdiendo sus características y hasta se estaban extinguiendo, con su vergüenza étnica, con su sumisión, desaparece y se produce un levantamiento, o un alzamiento de estas mismas poblaciones que presentan otro cariz, tienen otra voz, el discurso cambia, eso es lo que está pasando”, advirtió.

LAS BUENAS LEYES

“Hay países donde aún no hay buenas leyes para los indígenas. No es el caso de Venezuela, porque aquí realmente la legislación es excelente, comenzando por la Constitución, que no se ha cumplido totalmente pero por lo menos ese marco legal ya lo tenemos muy avanzado”, exprespo Mosonyi, quien acotó que “donde no existe esa legislación, los movimientos indígenas la están exigiendo en una onda distinta, de reivindicaciones, replanteamiento de su identidad y búsqueda de una solución sociodiversa en lugar de una solución homogeneizante”.

-¿Que impacto ha tenido ese cambio en las venezolanas y venezolanos de hoy?

“En Venezuela, salvo los inmigrantes más recientes, algo de indígena tienen casi todos, es casi inevitable y sin embargo no lo reconocen así. La propia población indio descendiente debe reconocer sus orígenes y ser orgullosa de esos orígenes y no rechazarlos ni discriminarla y mucho menos tener vergüenza étnica. En la medida en que reconozcamos esos aportes se enriquece también el proyecto país que estamos manejando”

Explicó que en la concepción del siglo XXI “se ha tomado en cuenta el aporte indígena, el Buen Vivir, etc., y en eso ya ha habido avances. Pero en comparación con el eurocentrismo contenido en las ideas revolucionarias como tales, todavía el peso específico del aporte indígena y el aporte afro son muy endebles”.

“Eso se nota cuando los hermanos afrodescendientes nos preguntan ¿por qué se habla de comunas y no se habla de cumbes? Hace falta introducir toda esa forma de hacer valer la parte comunitaria, las comunidades. El espacio que debe tener la herencia indígena y la no europea, la afro, incluso la mestiza nuestra, debe ser mucho más grande de lo que efectivamente se le concede hasta este momento”, expuso.

Para lograr algo como lo que plantea, Mosonyi comentó que “lo indicado es hacer valer la Constitución y las leyes, pues la forma como se permea la sociedad, incluyendo sus formas operativas, es todavía muy débil en relación con la fuerza de lo básicamente normativo”. No obstante, apuntó que “Tenemos más normas que la posibilidad de ejecutarlas o desarrollarlas en la praxis social, entonces eso es lo que hay que superar. Hay formas de hacerlo pero tiene que haber un amplísimo diálogo nacional para que nadie vea al indígena como una amenaza a la integridad del país, o las otras culturas como algo que se contradice con la unidad del pueblo”

Agregó que “aunque sabemos que esas suspicacias ya no caben, no tienen razón de ser porque es producto acumulado de muchos siglos de coloniaje. Pero para que eso se realice hace falta una participación primero que nada de los mismos pueblos indígenas, de los mismos pueblos afrodescendientes”.

“Quienes tenemos años, decenios en esa experiencia podemos suministrar nuestras ideas, nuestro conocimiento, pero hace falta de alguna manera que vaya más allá de lo normativo, aunque no dejo de reconocer que sí ha habido avances. Pero por lo menos, cuando comparo la posibilidad, la riqueza de todas esas manifestaciones con lo que se ha aplicado hasta el presente, veo todavía una asimetría, un desnivel demasiado grande porque el proceso ha sido demasiado lento”, declaró.

UNA UNIVERSIDAD QUE PIENSA Y SE SIENTE

Esteban Emilio Mosonyi es rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. En esa institución se piensa en cómo trabajar de una manera idónea, explica: La Universidad donde yo soy rector, ha estudiado el problema y tiene una práctica que puede aportar muchas formas de acelerar el proceso el problema es que se acepte el diálogo y se logre actuar en consecuencia”.

“Creo que con una gran voluntad política, si no en un año, ya en diez años la cosa podría parecer muy distinta de lo que tenemos hoy, pero si seguimos con cierta inercia, como dejar las cosas para después, estamos mal, es lo que nos enseño el capitalismo: resolver primero lo cuantitativo y dejar lo cualitativo una y mil veces para después, y eso es lo que hay que resolver”, asevera el antropólogo.

T/ Mercedes Aguilar

F/Héctor Rattia 

Discursos de Sabino Hijo y Carmen Fernández





Sabino Romero Martínez: Si nos quedamos quietos nos matan callados, la lucha por territorio sigue


Por: Sabino Romero Martínez
Fecha de Publicación: 18/10/13
Transcripción: Laclase.info

Charla ofrecida en la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de los Andes, Mérida 10 de octubre de 2013.

Buenos días a los watía. Los watía los llamamos a los blancos, pero sabemos que ustedes como los pueblos indígenas somos todos humanos. Hemos venido desde la Sierra, desde muy lejos, dando a conocer lo que está pasando en la Sierra de Perijá. En el caso de la demarcación, hemos luchado muy fuerte, en la lucha por tierra hay varios yukpa asesinados por tierras. El último asesinato fue el de mi papá, el 3 de marzo de este mismo año, de 2013, un día domingo. Después de tanta lucha que él dio, fuertemente, conjuntamente con nosotros, con Carmen y con el profesor Lusbi Portillo, que está siempre acompañando nuestra lucha, el proceso de demarcación, hasta hoy.

Nosotros, como los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá del estado Zulia, cercanos a un municipio que se llama Machiques, hemos dado una pelea y hemos demostrado que hay muchos que han perdido su vida por la lucha, hasta este momento. El 19 de marzo nos hemos sentado con el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, para que se tome en cuenta que hay varios asesinados. El 19 de marzo el gobernador del Zulia se compromete a pagar las bienhechurías de 10 fincas ubicadas en el territorio del Centro Originario de Chaktapa, nuestra comunidad. Los caciques como representantes de los pueblos indígenas todavía estamos buscando el pago de esas bienhechurías, este año la gobernación ha pagado 6 fincas.

El gobernador se presentó en mi comunidad a decirme que me quedara quieto, pues. Porque se sabe muy bien que la lucha de los pueblos indígenas, en el caso de Sabino, tanto a nivel de los antropólogos y sociólogos, como a nivel nacional, se conoce. Entonces cuando el gobernador Francisco Arias Cárdenas me dice que me quedara quieto, que no esté explicando el detalle de lo que está ocurriendo en la Sierra, el conflicto por las tierras, entonces es que yo digo que nosotros como luchadores no nos podemos dejar, porque somos el pueblo, tenemos que decirle al país, a los venezolanos, lo que está pasando todavía. El gobernador me quería hacer callar, para que no fuera a hablar en las ciudades, y estar silenciado. Fíjense lo que dijo: ya se pagó 6 fincas, y bueno, Sabino quédate quieto que yo te voy a ayudar en lo que necesitéis. Pero desde el 4 de marzo hasta este momento, saquen la cuenta, el gobernador se compromete con mi mamá a brindar ayuda, porque ya mi papá después de tanta lucha lo asesinan, y él como gobierno se compromete a ayudar. Pero en este momento no está ayudando, claro, se sabe que han pagado 6 fincas, pero eso es aparte porque eso le conviene al Estado. Entonces, yo como hijo de un luchador, para que ustedes se den cuenta, como antropólogos o estudiantes de la ULA que quieren conocer la lucha tanto de Sabino, que luchó y murió peleando por la tierra, como de nosotros, los caciques. Yo le digo a Carmen, nosotros tenemos que morir luchando y peleando, porque esa es la idea de nosotros, de los yukpa.

Ahora estamos nuevamente aquí en Mérida, dialogando con ustedes y dejando nuestra palabra aquí, dejando nuestra historia. Nosotros hemos reunido más o menos 200 yukpas para que me postulen como el cacique mayor del Centro Originario de Chaktapa, para estar firme y dando la información al país también. Venimos conversando entre yukpa y ganaderos, porque se está viendo que el gobierno tiene muchas estrategias, y nosotros como somos luchadores conocemos qué estrategias tiene el gobierno, ahora, a mí me pusieron como cacique del Centro Originario Chaktapa no para silenciar la lucha sino para hacer conocer la lucha, tanto a ustedes como al país Venezuela, e internacionalmente, porque no se ha cumplido lo que Sabino dijo: por aquí es la demarcación, y por aquí tiene que estar. Todavía no se ha cumplido, y depende nuevamente de nosotros hacer propuestas y protestar, porque los yukpa están diciendo que pagaron 6 fincas pero falta el resto, ¿no? He escuchado en reuniones que Blagdimir Labrador, el secretario del gobernador del Zulia, ha explicado detalle por detalle, que hay 49 fincas en el proceso del pago, pero que eso tiene un proceso, así mismo es como lo dice el gobierno, que eso tiene un proceso. Nosotros hemos venido para que esto se tome en cuenta y que para que también ustedes nos ayuden a que eso se dé, porque no queremos que haya más conflicto, no queremos más derramamiento de sangre del pueblo yukpa, y estamos nosotros pidiendo tranquilidad, no violencia, los ganaderos están de acuerdo con el pago de las bienhechurías, así mismo como lo dijo el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros como yukpa creemos todavía que está el presidente Chávez aquí, no creemos nosotros a Maduro, porque el presidente Chávez reconoció la Constitución y a los pueblos indígenas en Venezuela, cuando dijo que el derecho indígena hay que respetarlo, la Constitución está ahí y nos reconoce en el artículo 119 y el 260.

Todavía estamos luchando por tierras, hasta que se dé, porque eso es así, los luchadores luchan hasta la muerte, eso es así. Con esto quiero decir que a mí me pusieron como cacique del Centro Originario Chaktapa y estaré, pues, siempre luchando hasta la muerte, porque la misión es que se cumpla lo que ha dicho el cacique Sabino Romero Izarra: la demarcación viene por aquí, y tiene que darse por aquí. Sería muy importante para que ustedes sepan, aquí hay periodistas, medios de comunicación, ya hemos rescatado 6 fincas, les han pagado bienhechurías, tanto a “Tizina”, “Kusare”, como a “Brasil”, “Dinamarca” y “Paja Chiquita”, ahora falta el resto, los yukpa están entrando en las fincas y así está eso, hemos venido para que conozcan que todavía estamos luchando. El gobernador me ha dicho que yo me quedara quieto, y de una vez explico, ¿por qué es que me dice el gobernador que me quedara quieto? No se puede hacer, un luchador tiene que seguir y dialogar, así como estamos aquí, porque si nos quedamos quietos, bueno, nos matan callados y estamos silenciados, y la cosa no es así para nosotros. Todavía estamos aquí.

Nos hemos reunido con los caciques de los demás centros pilotos, dándonos ideas y con el pensamiento de Sabino. El día martes estuvimos reunidos con los ganaderos y la comisión del Inti del municipio Machiques. Los ganaderos, Javier Morán, Ender López, están de acuerdo en que se les pague y se van tranquilos, así mismo dijeron el martes los ganaderos que están en los territorios indígenas, solamente que el Estado nos pague y nosotros nos vamos. Yo mismo, recordando lo que dijo Chávez el 24 de agosto (2008) en Aló Presidente, cuando dijo que si los ganaderos quieren que se les paguen las vacas, bueno, se les pagan, y si no quieren que busquen sus cuatro caballos y se las lleven. Entonces yo recordando eso, les dije: díganme de una vez si ustedes quieren dejar sus reses, y si ustedes no quieren que se queden, ustedes saben muy bien cómo dijo el Presidente de la República, si no las quieren dejar busquen sus caballos y llévenselas, y las tierras quedarán para los pueblos indígenas. Los ganaderos dijeron, nosotros vamos a llevarnos los animales, las reses, con eso sí no nos vamos a comprometer. Ahora, la comisión del Inti estuvo presente ahí, porque yo mismo le jalo las orejas a la comisión del Inti de Machiques, le digo, señor, te necesitamos en esta reunión a tal hora, y que sea inmediatamente, porque los ganaderos se van a reunir conmigo y queremos que usted trabaje, porque ya eso tiene tiempo, el Inti está ahí y nunca está haciendo nada. Desde ayer se montaron en esa comisión a inspeccionar, pero por orden mía, porque esto estaba ahí quieto. Yo les dije, ¡trabajen pues!, desde mañana queremos que supervisen a las fincas, hace falta el avalúo, supervisión y levantar el informe, y luego ya se va conociendo que por ahí va la demarcación. Estamos dialogando con los ganaderos, la comisión del Inti, la lucha sigue pa´lante. Hasta la muerte, yo soy el hijo de Sabino, el que mataron el 3 de marzo, la lucha sigue, así será en la Sierra, más tarde, cuando se demarque la tierra nosotros vamos a poner la propia ley de los pueblos indígenas, cuando se demarque pondremos nuestra ley, nuestras normas, para que no siga pasando lo que ahora está pasando, si hay un conflicto indígena el Ministerio de Interior y Justicia interviene, como en el caso de Sabino y el hijo de Carmen Fernández, Alexander Fernández, a ellos los sacamos de la cárcel donde duraron 17 meses presos, en la cárcel de los watía, la cárcel ordinaria. El fiscal Alonso Guevara que viene de Caracas me pregunta: ¿Sabino, cómo podemos hacer en el conflicto entre indígenas? Yo le digo de una vez, el conflicto se tiene que resolver por sus propias costumbres, su propia ley, sus propias normas, y que sea en la comunidad de los yukpa, no que sea en el Batallón, no que sea en la Guardia, nada de eso. Nosotros tenemos derecho a resolver nuestros problemas en nuestras comunidades y nuestro propio territorio. Ahorita están en duda muchos, porque hay dos cosas que se están dando la lucha por tierra y hay conflictos entre indígenas.

La lucha sigue, por el territorio, por las demarcaciones, se continúa hasta la muerte, así como hizo batalla el indio Guaicaipuro, como lo hizo Sabino, 30 años luchando por tierra, y dijo la verdad, la tierra no es para mí solo, la tierra es para nuestro futuro. Gracias.


Carmen Fernández: Sabino y Alexander mueren por la lucha, como ellos hay muchos yukpa muertos


Fecha de Publicación: 19/10/13
Por: Carmen Fernández
Transcripción: Laclase.info

Intervención en el foro realizado en la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de los Andes, el 10 de octubre de 2013.

Mi nombre es Carmen Fernández. Volvemos de nuevo a Mérida. Venimos de la Sierra de Perijá, otra vez con la lucha de Sabino, de Alexander, de Sabinito, de Carmen, de Lusbi Portillo. La lucha de Sabino sigue, Sabino vive entre nosotros. Estamos aquí, estamos en Maracaibo, estamos en Caracas, estamos caminando con la lucha, nosotros no vamos a dejar la lucha, que viene de hace muchos años. Sabino y Alexander mueren por la lucha, como ellos hay muchos muertos, yo tengo las reseñas de Panorama sobre los asesinatos.

Cuando Alexander y Sabino estuvieron presos en el Batallón casi un año, de ahí los llevaron siete meses a Trujillo, nosotros seguimos tras ellos, no los dejamos solos, porque nos duele que esté preso un cacique. Fue una lucha fuerte en Caracas, mientras ellos estaban presos en Trujillo, para que les dieran libertad. Con la lucha, con los abogados, con Lusbi Portillo, salió Sabino, salió Alexander de la cárcel, de ahí nos fuimos a la Sierra de Perijá con la familia, todos los que estábamos en Trujillo y en Caracas, nos fuimos otra vez, nos llevamos a Sabino, a Alexander, y nosotros contentos con él, pensábamos que no iba a pasar nada con él. Él estuvo casi un año después de preso, y lo buscan para asesinarlo, primero asesinaron a Alexander, Leonel y José Luis, los sicarios mandados por los ganaderos, encapuchados lo encañonaron, lo sacaron de su casa y se lo llevaron, lo mataron más adelante. Vino la mujer a donde estaba yo, y me dice: se llevaron a Alexander y José Luis los encapuchados. Cuando unos hermanos lo encontraron, ya José Luis estaba muerto, ya Leonel estaba muerto, el que estaba un poco con vida era Alexander, y él habla: me asesinó un colombiano. Es el que está preso ahora, “Manguera”. Pero ya estaba agonizando, el hermano dijo: yo voy a ir a buscar a mi mamá para ver qué es lo que vamos a hacer para que te llevemos. Pero cuando yo llegué ya él no estaba en vida. Llamé para Machiques, llegó el CICPC, lo recogió, eran como las 4. Bueno, se lo llevaron, fuimos a Maracaibo detrás de él, a donde le hicieron la autopsia, lo llevamos para la Sierra otra vez, estuvimos ahí con él, lo enterramos, pensando que no iba a pasar más nada.

Sigue la lucha de nosotros, Sabino todavía estaba en vida, y nos dice la gente: Anita, abrí los ojos, que han ido a tu casa 4 veces los sicarios en las noches, que a vos te quieren matar también, y que te van a matar con todo e hijos y que iban a acabar con la familia de Sabino. Como en mi casa hay muchos perros, no llegaron, fueron como 4 veces, subieron para donde estaba yo. Pasaron las semanas, estaba yo en Maracaibo con un hijo mío, y me dijeron: mataron a Sabino, mataron al luchador, mataron al jefe de nosotros, el que luchaba por nosotros. ¿Quién lo mató? Los sicarios, los ganaderos los mandaron a matar a Sabino. El que mató a Sabino por ahora está preso, es el mismo que mató a Alexander, lo apodan “Manguera”, al otro lo apodan “Mantequilla”, ellos son los mismos, quieren acabar la familia de Sabino. Por medio de los ganaderos, que hay que acabar los indígenas, que nosotros estamos molestando por las tierras, eso es lo que pensaban los ganaderos. Pero como nosotros viajamos para Caracas, para Mérida, para Barquisimeto, entonces ellos se han dado cuenta de que nosotros estamos caminando ahora por la demarcación. Ahora Sabino murió, seguimos la lucha de él, como él nos decía: yo sé que a mí me van a matar, pero mi lucha no la van a dejar, sigan mi lucha, yo presiento que me van a matar. Cuando a él le llegaron, en una elección de cacique allá en la Sierra de Perijá, ahí fue que lo mataron, a él lo estaban persiguiendo mandados por ganaderos, sicariato. Él iba en una moto con Lucía y un muchachito cuando le pegaron el tiro y cayó. Nosotros siempre a donde vamos, estamos con él y lo estamos mencionando, nosotros no dejamos la lucha.

Ahora estamos en la lucha de la demarcación, lo ganaderos dicen que si se les paga ellos se van sin violencia, dicen ellos. Sabinito anda detrás de eso, nos reunimos con los ganaderos y el Inti. Estamos trabajando también con las redes de las mujeres, hicimos un documento con Marcianita, con Ana María, con Zenaida, mi persona, estamos en eso también, a ver si echamos pa´lante con todas las mujeres yukpa.


lunes, 21 de octubre de 2013

Carta pública de los Yanomami de Venezuela y Brasil

Puerto Ayacucho, 11 de Octubre de 2013

Nosotros, el Pueblo Yanomami de Venezuela y Brasil, representados por nuestras organizaciones “HORONAMI Organización Yanomami” y “HUTUKARA Asociación Yanomami”, reunidos en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, del 07 al 11 de octubre de 2013,  realizamos el Foro en conmemoración de los 20 Años de la Masacre de los Yanomami de Haximú (1993) y el Seminario Binacional “Derechos Indígenas y Políticas Nacionales”. En estos días de reflexión llegamos a las siguientes conclusiones:

1.- La lucha de los pueblos indígenas de Venezuela y Brasil resultó en un importante reconocimiento constitucional de nuestros derechos. Sin embargo, los gobiernos de Venezuela y Brasil deben realizar mayores esfuerzos para implementar los derechos reconocidos, mediante políticas públicas nacionales y binacionales que permitan garantizar la integridad de nuestro territorio y modo de vida. En particular nos solidarizamos con la Campaña “Movilización Indígena” realizada en Brasil, la cual hace un llamado nacional para que los pueblos originarios sean respetados y sus derechos específicos garantizados a propósito de los 25 años del reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución brasileña.

2.- Al conmemorar los 20 años de la Masacre de Haximú en la cual fueron asesinados en Venezuela 16 Yanomami (en su mayoría mujeres, ancianos y niños) por mineros ilegales brasileños (garimpeiros), queremos llamar la atención a nuestros Gobiernos sobre la necesidad de acciones efectivas para erradicar la presencia de mineros y así evitar la repetición del caso.

3.- Solicitamos el respeto a nuestros derechos originarios sobre nuestras tierras reconocidos por ambas constituciones, los cuales deben ser garantizados por la demarcación de las tierras y hábitats Yanomami y Ye’kuana, en el caso de Venezuela, y la protección de la Tierra Indígena Yanomami (TIY) en Brasil ya demarcada. Solicitamos también que la demarcación de nuestras tierras en Venezuela sea hecha respetando nuestra unidad territorial como pueblos. En el caso de Brasil, es necesario que el Gobierno retire a los hacendados que todavia están dentro de la TIY.

4.- Son muchas las denuncias sobre minería ilegal (garimpo) que nos traen nuestros parientes. La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de nuestras tierras y contaminación de los ríos. Es urgente que los Gobiernos de Venezuela y Brasil planifiquen y ejecuten acciones articuladas para erradicar y controlar la minería ilegal en nuestras tierras. Además de la minería ilegal, nos preocupa la intención de ambos gobiernos de promover la exploración y explotación minera. En el caso venezolano sabemos de la intención de establecer campamentos para la exploración minera en Convenio con la empresa china “CITIC” en los ríos Ocamo (Alto Orinoco), Paragua, Caura y Ventuari, dentro de las tierras de los Yanomami y de nuestros hermanos vecinos Ye’kuana. En Brasil nos oponemos a cualquier reglamentación que imponga la minería en nuestra tierra. Exigimos que nos consulten sobre estos proyectos y manifestamos que estamos en contra porque amenazan de nuestra vida.

5.- A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, en nuestras comunidades ha empeorado la situación de salud por la deficiente atención sanitaria y la presencia de mineros que traen epidemias y contaminación. Solicitamos que las instituciones públicas encargadas de la salud en ambos países mejore la implementación de las políticas respectivas incrementando la formación de agentes de salud Yanomami, la dotación de medicinas y la contraloría social. En el caso de Venezuela es urgente la ampliación de la atención a las comunidades lejanas. Solicitamos también que nos permitan participar en la revisión de estas políticas y en su ejecución. Igualmente es fundamental implementar acciones binacionales conjuntas para atender a las comunidades que habitan en la región fronteriza

Es  importante que se entienda la relación cercana entre la salud, las tierras y la presencia de minería. No es posible tener buena salud si no tenemos nuestro territorio protegido. También es importante comprender que para nuestra buena salud y la protección de nuestras tierras se necesitan acciones articuladas de los dos gobiernos que incluyan la participación de las organizaciones indígenas.

Descargue el documento final en el siguiente enlace:



domingo, 13 de octubre de 2013

Provea denuncia estancamiento en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas

Caracas, 11.10.2013 - Cuando se cumple un nuevo 12 de octubre, calificado como el “Día de la Resistencia Indígena”, el Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea) desea visibilizar el estancamiento de los derechos indígenas establecidos en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

El artículo 119 de la CRBV, que señala la obligación del Ejecutivo Nacional en demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, ha sido incumplido en su totalidad.

La disposición transitoria décimo segunda colocaba como plazo dos años para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y entregado a sus propietarios.

La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia.

Provea denunció que durante el 2012 fueron asesinados 06 indígenas yukpas por conflictos relacionados con la tenencia de tierras. El 03.05.13 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero quien había protagonizado diferentes acciones de exigibilidad de derechos para presionar por la demarcación del hábitat indígena y rechazar la explotación de minerales en sus territorios.

A pesar que las autoridades han mostrado celeridad en la captura y enjuiciamiento a los presuntos autores materiales, organizaciones sociales del estado Zulia han expresado sus dudas sobre la transparencia de la investigación así como la falta de voluntad política para sancionar a los autores intelectuales del crimen.

El gobierno del presidente Maduro ha prometido aumentar la producción de crudo y gas para el año 2019, según el llamado “Programa de la Patria 2013-2019” entre otros recursos naturales a explotar.

Sin embargo, muchos de los yacimientos a desarrollar se encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones presentes en el artículo 120 de la CRBV acerca del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada como requisito previo para el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado.

En este sentido la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera.

En el caso de la minería hay problemas adicionales, como la presencia de los llamados garimpeiros y las denuncias de la participación de funcionarios militares.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) ha dicho que “La entrada de garimpeiros a territorio venezolano ha sido constante y cíclica, y frente a esta situación, las respuestas del Estado venezolano en términos de acciones efectivas para controlar la presencia sistemática de los mineros ilegales de Brasil en tierras Yanomami, han sido bastante deficientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos”.

Por otro lado, comunidades pemonas de la Gran Sabana en dos oportunidades desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de minería ilegal. Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de los militares contra las comunidades.

Otra de las violaciones la constituye la presencia de enfermedades que vulneran el derecho a la salud de las comunidades aborígenes, derecho garantizado en el artículo 122 de la CRBV.

Provea ha venido alertando como, debido a la ausencia de campañas de vacunación y jornadas de orientación en las comunidades, aunado a la descoordinación y desorganización interinstitucional, periódicamente se denuncian epidemias de enfermedades como malaria, hepatitis B, VIH, influenza tipo B, tuberculosis y tétanos, entre otras.

El Pueblo Yanomami, por ejemplo, sigue desatendido a pesar de existir un Plan de Salud Yanomami.

También se ha denunciado los casos de miembros de etnias contaminados por mercurio, así como los nacimientos de niños indígenas con enfermedades congénitas producto de la actividad minera.

En noviembre de 2012 la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre divulgaron los resultados de un estudio que reflejaba que el 92% de las mujeres indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a estos hechos algunos pueblos indígenas han levantado su voz y la respuesta del Estado ha sido abrir juicios penales en la justicia militar.

Un ejemplo es el caso de los cinco capitanes Pemones actualmente procesados en los tribunales militares del estado Bolívar.

Ante las anteriores situaciones Provea propone a los poderes públicos:

- Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 de la CRBV y Título VII de la LOPCI, que reconocen la existencia de la jurisdicción indígena para la aplicación de instancia de justicia en sus hábitats con base a sus tradiciones ancestrales.

- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.

- Implementar programas orientados a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, propiciando el protagonismo de las comunidades en el desarrollo de una política que trascienda el asistencialismo, abordando estructuralmente los problemas de salud, educación y alimentación.

- Investigar y sancionar de manera transparente, expedita y apegada al estado de derecho los asesinatos de indígenas en el contexto de conflictos relacionados a la tenencia de tierras.

- Cumplir con el Acuerdo Amistoso suscrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desarrollar un Plan de Salud para el pueblo yanomami y garantizar la salvaguarda de su territorio de minería ilegal.


- Conceder libertad plena a los capitanes indígenas procesados injustamente en tribunales militares. 

(Prensa Provea)

Comunicado CEPSAL-ULA (A propósito de otro 12 de octubre…)

A siete meses de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra de la Comunidad Indígena de Chaktapa, en la Sierra de Perijá del Estado Zulia, Venezuela, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), grupo de investigación académica y de acción social adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL), de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, manifiesta lo siguiente:

1. La situación de los pueblos y comunidades indígenas de la Sierra de Perijá prefigura el estado general de los pueblos y comunidades indígenas del país, en cuanto al proceso de criminalización de la protesta indígena por la demanda histórica de sus derechos territoriales.

2. Dicho escenario anticipa casos similares en la cuenca del Caura del Estado Bolívar con el pueblo Yekwana, el pueblo Pemon en la Paragua del Estado Bolívar y del pueblo Uwottuja (Piaroa) en el Estado Amazonas, entre otros.

3. Esta peligrosa tendencia pone en evidencia escenarios de genocidios silenciosos hacia las culturas indígenas.

4. Lo anterior, sumado a la salida de instancias regionales de protección de los derechos humanos por parte del Estado venezolano, pone en entredicho la voluntad gubernamental de hacer efectivos los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente.

5. El ámbito interamericano de protección de los derechos indígenas ha sido el más preciado en cuanto al avance jurisprudencial en materia de garantías a estos pueblos históricamente discriminados.

6. El Estado venezolano como cualquier Estado colonial comete un doble crimen contra los pueblos indígenas del país, al criminalizar la demanda histórica indígena por el territorio y al dejar a estos sujetos de derechos desamparados de un espacio importante de protección y de garantías de sus derechos.

7. Esta perversa acción paradójicamente ocurre al mismo tiempo y con fines inconfesables, cuestionando el compromiso del Estado con el conjunto de derechos humanos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.

8. La condición de Estado colonial, tanto del anterior Estado liberal de derecho como del actual denominado democrático, social y de justicia, cabalga sobre los mismos fundamentos del Estado westfaliano de 1648.

9. Estos cimientos del Estado que aún no han cambiado, constituyen el principal problema con los cuales se enfrentan en la actualidad los derechos humanos en general y los derechos indígenas en particular.

10. Estos últimos aspectos hacen de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) un contrato social pendiente de materialización, sobre todo, en lo que se refiere a los derechos territoriales indígenas.

11. Hasta tanto a los derechos territoriales indígenas en Venezuela no se les conceda un tratamiento con rango presidencial, difícilmente se pueda avanzar en una agenda nacional para la demarcación.

12. Esta última debe ir vertebrada de los procesos de autodemarcación que los pueblos y comunidades indígenas del país han iniciado casi desde el mismo momento en que sería aprobada la nueva Constitución en el año 1999.

13. De nuevo, la materialización de los derechos indígenas en Venezuela es no sólo un asunto de voluntad política sino fundamentalmente de voluntad estatal, como condición de un garantismo constitucional descolonizador.

14. La muerte del Cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios.

15. El asesinato del Cacique Sabino Romero deja clara la inexistencia de un Estado que en su momento reconoció derechos indígenas, que se han ido difuminando frente a tanta impunidad.

16. Finalmente, la celebración de los próximos 12 de octubres deberían ser fechas propicias para hacer balances de derechos indígenas reconocidos y efectivos, y no para llamar la atención a las instancias gubernamentales de la existencia de derechos
indígenas pendientes.


En Mérida, Venezuela, el 12 de Octubre de 2013

jueves, 3 de octubre de 2013

Gracias a Sabino se le devuelve tierras el pueblo Yukpa

Por: Luisbi Portillo

La lucha de Sabino triunfó, ya los ganaderos comienzan al fin a salir de territorio original Caribe donde la conquista, la colonización, las dictaduras militares y los gobiernos de turno los arrinconaron. Sin pedirle permiso a nadie continúo el pensamiento y la acción de sus atancha, nunca se doblegó por miedo o prebendas como casi todos los líderes que como él guerreaban contra los violentos ganaderos y parceleros invasores. Superó el desgaste que originan las rencillas internas propia de su pueblo y se levanta con un único objetivo hacer que el Gobierno Socialista entendiese que no había otro camino para construir la paz y el convivir que pagarle las bienhechurías a los violentos ganaderos y parceleros de Perijá, no porque así lo quisiese sino porque así lo determina la ley blanca o “Ley Romana” como el las denominaba.

A la Gobernación del Zulia, al MAT y al INTI se les olvidó que gracias a Sabino y a su gente hoy ellos están administrando un recurso y el pago de bienhechurías de haciendas, y que debían de haber comenzado por pagar las tierras por la cuales murió su padre José Manuel, el mismo Sabino y Alexander junto con otros de los que hoy forman el Centro Originario Chaktapa dirigido hoy por Sabino hijo, y lo han dejado sin tierra y el dinero se acabó. Tremenda irresponsabilidad de estos amigos del Gobierno Socialista.

Nosotros para terminar les preguntamos qué van hacer ahora. Varias veces se los dijimos. Ya no hay excusa para seguir la indiferencia gubernamental, el tiempo aclaró que todo fue una patraña de ganaderos, dirigentes parceleros y Yukpa empleados del Ministerio Indígena. No era Sabino y su gente quienes violaban mujeres de parceleros, ni robó de ganado, ni sus hijos participaron en secuestros de algún ganadero. El lunes 23 del pasado mes el Cacique Mayor de Neremü Jesús Salvador Terán en la Radio Fe y Alegría de Machiques confesó lo que era vox populi al interior de las comunidades indígenas que todos estos robos y acciones vandálicas son y fueron cometidos por Olegario Romero Romero y Amalia Pérez y familiares.


Sugerimos que ese dinero sea todo invertido para lo que se acordó en la Asamblea Nacional: el pago de haciendas, si se requiere dinero para impulsar el Plan Productivo Yukpa o para pagar las bienhechurías de las haciendas y parcelas que solicita Sabino hijo y su gente sea solicitado al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional. Justicia para Sabino.

Sociedad Homo et Natura

sábado, 28 de septiembre de 2013

Foro Binacional: A 20 años de la masacre de Haximú



Las organizaciones Horonami y Hutukara, en representación de los Yanomami de Venezuela y Brasil, junto al Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía – Wataniba y el Instituto Socioambiental – ISA, invitan al Foro Binacional:

El pueblo Yanomami a 20 años de la masacre de Haximú (1993-2013)

Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Martes 8 de octubre de 2013, 3 pm.