Brasil. Escala la violencia contra los tupinambá de
Olivença, indígenas que ocupan un territorio al sur del estado de Bahía, en el
Nordeste de Brasil, reconocido oficialmente en 2009 después de un largo proceso
legal que se arrastró por más de una década. Los ataques son la última etapa de
un tenso conflicto por el cumplimiento de los derechos colectivos de los
indígenas y parte de un contexto mayor definido por la ausencia de una efectiva
reforma agraria en Brasil en el cual, tanto indígenas como campesinos no
indígenas, ven desaparecer la posibilidad de vivir de manera digna al
mantenerse intactos los latifundios y el poder de los grandes productores
rurales.
El resultado del desinterés por los gobiernos democráticos
para reorganizar la propiedad de la tierra, es el actual poder de facto de las
élites rurales de Brasil, que mantienen una importante injerencia en los
partidos políticos de todas las posiciones y una gran capacidad de presión a
los gobiernos municipales, estatales y nacionales. Élites que mantienen, sin
tregua, una permanente embestida contra los indígenas y sus derechos, más aún
porque después de la constituyente de 1988, en el contexto de la democratización
del país por el fin de la dictadura, el movimiento indígena nacional consiguió
un triunfo legal y político que transformó a estas poblaciones, junto a otros
pueblos llamados tradicionales, en los únicos sujetos colectivos a ser
reconocidos, aunque acotado, en su derecho a un territorio y a la devolución de
las tierras despojadas.
La exclusividad de este derecho constitucional transformó a
los indígenas, desde entonces y hasta la fecha, en el blanco de todo tipo de
ataques promovidos por los productores rurales, hacendados y el agro negocio,
para evitar, a toda costa, perder el derecho de continuar integrando a sus
propiedades las tierras ocupadas por indígenas y perder las que en diferentes
momentos históricos les fueron despojadas a estas mismas poblacionales. El
argumento de la élite rural es que la preproducción de estas grandes haciendas
sería, y lo es, uno de los pilares de la economía nacional, siendo, en estos
términos, más importantes para el desarrollo de país y la producción de empleos
las tierras en sus manos, que el derecho de los indígenas a un territorio.
En esta conflictiva trayectoria, los tupinambá de Olivença
iniciaron formalmente en 1997 el proceso para que se les reconocieran el
territorio tradicionalmente ocupados por ellos, para así conseguir la
delimitación y la devolución de la tierra que les había sido expropiada. Una
lucha que si se busca en los archivos no comienza en esta fecha sino hace
literalmente siglos, registrada en los repetidos documentos en los que las
disputas entre indígenas y no indígenas fue siempre el del uso de la tierra.
Actualmente el conflicto en la región continua dividido en
dos partes: de un lado, los tupinambá, provenientes de diversos pueblos
indígenas que ocuparon antes y después de la colonia los alrededores de la
entonces villa de Nossa Senhora da Escada, hoy la pequeña ciudad de Olivença.
Un lugar que se trasformó a lo largo del tiempo en uno de los centros indígenas
regionales después de que se les impidiera habitar fuera del llamado “aldeamento”.
Sin embargo, pese a la prohibición, la ocupación tradicional de esta región por
los tupinambá de Olivença no se reduce a esta localidad y se extiende a una
gran cantidad de parajes en las selvas y sierras vecinas. Ellos se encuentran
actualmente movilizados por la devolución del territorio de cual fueron
expulsados en diversos momentos, proceso que transformó a la tierra de
usufructo no privativo en propiedades privadas en manos de los no indígenas.
Del otro lado del conflicto, están los hacendados que se
instalaron en la región, principalmente en búsqueda de las grandes ganancias
del cacao, llamado “fruto de oro” por el precio que mantuvo durante el siglo
XX. Una producción que atrajo a otra clase social no indígenas: inmigrantes de
diverso estados del Nordeste brasileño que, huyendo de la pobreza y de la seca,
se emplearon como peones en las haciendas y se adentraron paulatinamente en las
tierras indígenas, instalándose en ellas. Actualmente estos dos grupos se
articulan, por motivos diferentes, para evitar la demarcación de la tierra
indígena, cuestionado, para ello, la veracidad de los tupinambá de Olivença
como poblaciones tradicionales y originarias, alegando su mezcla con la
población no indígena local para así argumentar que no tienen derecho a un
territorio.
El apoyo gubernamental a la élite rural, violencia directa y
estructural
Sin embargo, este conflicto que creció por el desdén de las
autoridades para acelerar la demarcación de la tierra tupinambá; por la falta
de interés de los órganos competentes de ofrecer alternativas dignas a los
pequeños productores familiares y campesino sin tierra que serán reubicados;
por la presión de los hacendados a los diversos poderes para mantener sus
propiedades intactas; como también por las movilizaciones indígenas que, para
ser escuchados, han retomado paulatinamente las propiedades despojadas por los
hacendados; ha vivido un drástico cambio en los últimos meses, dando inicio una
ola de violencia que se ha transformado en un movimiento anti indígena, el cual
cuenta con el apoyo político y económico de las élites locales, configurando ya
una campaña de odio contra cualquiera que sea, aparente ser o apoye a los
tupinambá de Olivença.
Este proceso de violencia no se encuentra asilado a un
contexto regional y parece contar con el amparo gubernamental de diversos
niveles, no solo por la omisión en la impartición de justicia en crímenes
cometidos contras los indígenas y en los delitos de discriminación y racismo,
sino también porque, al contrario de un actitud política que busca contener la
escala de violenta anti indígena, las autoridades se ha dedicado a agrandar el
encono, incluso en los partidos de izquierda, como lo hace el gobernador de
estado de Bahia, Jaques Wagner – del Partido de los Trabajadores (PT) – quien
en público se manifestó contra la demarcación de la tierra de los Tupinambá de
Olivença, posicionándose, además, a favor de una contra reforma que evite la
demarcación de las Tierras Indígenas en todos el país, oponiéndose así a la
histórica lucha por la autodeterminación que aún libran los indígenas de todo
Brasil.
Del mismo modo, las posiciones políticas contra los derechos
indígenas, y en particular contra la demarcación y devolución de sus tierras,
es también parte de una postura del gobierno nacional fomentada, ni más ni
menos que por Dima Rousseff y la ministra jefe de la casa civil, Gleisi
Hoffmann – ambas del mismo partido que el gobernador de Bahía –, esta última
política localizada al lado de las élites rurales opositoras a los derechos de los
indígenas y la cual, desde los primeros días en el cargo, se dedicó a suspender
diversos procesos abiertos de demarcación de Tierras Indígenas en los estados.
Una postura que es acompañada, además, de otras propuestas que pretenden
dificultaran la demarcación de nuevas Tierras Indígenas, como lo propone la
presidenta de la república al admitir la participación nuevas figuras de
gobierno al ya complicado proceso legal de entrega y demarcación de los
territorios ocupados por las poblaciones tradicionalmente, incluyendo a figuras
como el Ministerio de Justicia o el Congreso Nacional, ambas instancias de las
cuales se sabe las élites rurales cuenta con un fuerte grupo parlamentar y
jueces a favor de sus intereses.
Lo que hace un movimiento anti indígena
El encono en la región contra los indígenas tupinambá por
parte de los grupos opositores a la demarcación de su territorio no es solo un
conflicto entre el derecho liberal y los derechos colectivos, se trata del
surgimiento de un movimiento anti indígena que tienen consecuencias directas y
palpables sobre la vida diaria de los tupinambá. Un escenario en el que están
emergiendo también nuevos propósitos que han dejado de ser exclusivamente un
problema por la tierra y se han transformaron en iniciativas de odio contra la
población indígena.
La modificación en los objetivos de un sector amplio de no
indígenas puede verse en los diversos acontecimientos que comenzaron el pasado
14 de agosto, cuando, en la cercanías a la comunidad Serra do Padeiro,
municipio de Buerarema, hombres armados dispararon contra el transporte de la
Escuela Estatal Indígena alcanzando la cabina del conductor, sin que nadie
saliera herido. Sin embargo, la agresión no se trataba de echo aislada y
llevada a cabo por un pequeño grupo radicalizado, por el contrario, sucedió a
solo dos días de una amplia manifestación contra la demarcación de tierras
indígenas en el mismo municipio en la que bloquearon carreteras y quemaron
carros oficiales, y a diez días de que, en una movilización similar, quemaran
ocho casas de indígenas de la misma ciudad.
Esta campaña de odio tampoco ha sido silenciosa, acompañada
con diversos letreros espectaculares repartidos en las carreteras de los
alrededores en los que se amenaza explícitamente a los tupinambá y se les acusa
ser falsos indios, un mensaje acompañado de hombres armados en posición de
tiro. Una posiciones que ha tomado la población no indígena de la región y que
pese al nivel explícito de violencia, en lo que se puede ya tipificar en ley de
Brasil como crimen de discriminación y prejuicio, continua contando con el
apoyo de autoridades y del partido en el gobierno como lo dejan ver las
declaraciones del diputados Geraldo Simões quien alega: “se suspenda la
demarcación (…) que se reintegre la posesión de las propiedades individuales y
se inicie una negociación del gobierno, con los segmentos realmente indígenas”.
El respaldo de las autoridades ha permitido que se mantengan
los actos de violencia anti indígena los cuales dejaron de ser reservados a los
Tupinambá, extendiéndose a cualquiera que sea o aparente ser indígena. Este fue el motivo de la agresión
del pasado 5 de septiembre contra los profesores de la Licenciatura
Intercultural Indígena del Instituto Federal de Bahía (IFBA), João Veridiano
Franco Neto, Julia Rosa Castro de Britto y Edson Machado de Brito, este último
coordinador del curso e indígena kayapó, los cuales aun sin ser actores
involucrados en el confito, vivieron en carne propia el odio anti indígena que
se ha instalado en la región de los tupinambá de Olivença, en particular de los
alrededores del municipio de Buerarema.
Los profesores relatan que viajaban a la sede de su trabajo
en Porto Seguro, a 300km de ahí y a su paso por una localidad cercana a
Buerarema habrían encontraron la carretera bloqueada por otra movilización
contra la demarcación de la tierra de los Tupinambá. El carro paró a 700 metros
de la barricada y por transitar en un vehículo oficial fueron rápidamente
abordados por cuatro hombres y una mujer que, como relata el profesos Kayapó,
al percibir que había un indígena entre los pasajeros habrían dicho “hay un
indígena en el carro”, ordenándoles a los profesores y el chófer bajar de
vehículo, comenzado agresiones verbalmente principalmente al coordinador del
curso por ser indígena.
Seguido de las agresiones, los manifestantes se habrían
llevado el carro para quemarlo, forzándolos a entregar los celulares para
evitar su comunicación. Frente a la situación, los profesores tomaron la
decisión de que Edson Brito debería dejar el lugar por ser los ataques
dirigidos contra él por ser indígena. Los subieron a un taxi en la dirección
contraria a la manifestación para llevarlo a la ciudad más cercana y pedir
ayuda.
Un poco después João Neto y Julia Britto se dirigieron a la
policía para levantar la denuncia consiguiendo salir ilesos del abordaje. Sin
embargo, para Edson las cosas fueron diferentes y en el camino, el taxi de fue
alcanzado por un grupo de personas que, relata, lo habrían golpeado mientras
mantenía con él el siguiente dialogo:
—Eres indio, ¿no?
—Soy kayapó, no soy de aquí de Bahía.
—Pero, eres indígena ¿no?
—Sí, soy Kayapó, soy de la amazonia.
—¿Qué estás haciendo aquí?
—Soy profesor del Instituto Federal de Bahía en la
Licenciatura Intercultural Indígena.
—Eres amigo de ellos. ¿Estás preparado para morir?
(Se hizo un silencio y se escuchó el gatillo de un arma que
no disparó)
—Vete, no mires para atrás.
Como él mismo dice: “creí que iba a morir”, pero Edson solo
fue golpeado y después soltado con un ojo hinchado, consiguiendo llegar a la
ciudad de Itabuna, municipio vecino a Buerarema, donde continuó escondió los
siguientes días ya que el traslado a su lugar de trabajo, a donde se dirigía,
pasa obligadamente por la localidad donde fue agredido y amenazado.
Esta efervescencia de actos de odio entre los participantes
de un movimiento abiertamente anti indígena llevó, incluso, a que a hace uno
días algunos de sus miembros, al saber la noticia de que un hombre armado
habría sido detenido en los alrededores de la comunidad indígena de Serra do
Padeiro y traslado a las instalaciones de la municipio en la pequeña ciudad de
Buerarema, se dirigieran al lugar donde estaba detenido, cercando la estación
de policía y amenazas de sacarlo de lugar. Al saber que no se trataba de un
indígena se retiraron sin más exigencias.
El conflicto que se configura en el territorio tupinambá
está lejos de ser algo pasajero y parece tender a incrementarse por la posturas
de las autoridades en las que el gobernador de Bahía, aun después de los hechos
ya narrados, declaró que no intervendría hasta que el Ministerio de Justicia de
la federación se manifieste sobre la creación de la tierra de los tupinambá de
Olivença, un plazo que por leí esta expirado y en manos de la autoridad
competente hace más de un año y medio. Posiciones que en los hechos solo
respaldan al movimiento anti indígena dejando crecer el odio, sin que ningún
político le parezca relevante la violencia que está anunciada, incluso en
letreros y espectaculares de toda la región.
Con la colaboración e información de João Veridiano Franco
Neto, Julia Rosa Castro de Britto, Edson Kayapó Machado de Brito y Daniela
Alaracon y de los participantes de la Campaña Tupinambá
(http://campanhatupinamba.wordpress.com/)
