Caracas, 11.10.2013 - Cuando se cumple un nuevo 12 de
octubre, calificado como el “Día de la Resistencia Indígena”, el Programa
Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea) desea visibilizar
el estancamiento de los derechos indígenas establecidos en el Capítulo VIII de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
El artículo 119 de la CRBV, que señala la obligación del
Ejecutivo Nacional en demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva
de sus tierras, ha sido incumplido en su totalidad.
La disposición transitoria décimo segunda colocaba como
plazo dos años para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos
del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y
entregado a sus propietarios.
La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena
ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el
estado Zulia.
Provea denunció que durante el 2012 fueron asesinados 06
indígenas yukpas por conflictos relacionados con la tenencia de tierras. El
03.05.13 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero quien había protagonizado
diferentes acciones de exigibilidad de derechos para presionar por la
demarcación del hábitat indígena y rechazar la explotación de minerales en sus
territorios.
A pesar que las autoridades han mostrado celeridad en la
captura y enjuiciamiento a los presuntos autores materiales, organizaciones
sociales del estado Zulia han expresado sus dudas sobre la transparencia de la
investigación así como la falta de voluntad política para sancionar a los
autores intelectuales del crimen.
El gobierno del presidente Maduro ha prometido aumentar la
producción de crudo y gas para el año 2019, según el llamado “Programa de la
Patria 2013-2019” entre otros recursos naturales a explotar.
Sin embargo, muchos de los yacimientos a desarrollar se
encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones
presentes en el artículo 120 de la CRBV acerca del ejercicio del derecho a la
consulta previa, libre e informada como requisito previo para el
aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte
del Estado.
En este sentido la profundización de una economía de tipo
extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y
ambientales que genera.
En el caso de la minería hay problemas adicionales, como la
presencia de los llamados garimpeiros y las denuncias de la participación de
funcionarios militares.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas
(COIAM) ha dicho que “La entrada de garimpeiros a territorio venezolano ha sido
constante y cíclica, y frente a esta situación, las respuestas del Estado
venezolano en términos de acciones efectivas para controlar la presencia
sistemática de los mineros ilegales de Brasil en tierras Yanomami, han sido
bastante deficientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos”.
Por otro lado, comunidades pemonas de la Gran Sabana en dos
oportunidades desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de
minería ilegal. Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de los
militares contra las comunidades.
Otra de las violaciones la constituye la presencia de
enfermedades que vulneran el derecho a la salud de las comunidades aborígenes,
derecho garantizado en el artículo 122 de la CRBV.
Provea ha venido alertando como, debido a la ausencia de
campañas de vacunación y jornadas de orientación en las comunidades, aunado a
la descoordinación y desorganización interinstitucional, periódicamente se
denuncian epidemias de enfermedades como malaria, hepatitis B, VIH, influenza
tipo B, tuberculosis y tétanos, entre otras.
El Pueblo Yanomami, por ejemplo, sigue desatendido a pesar
de existir un Plan de Salud Yanomami.
También se ha denunciado los casos de miembros de etnias
contaminados por mercurio, así como los nacimientos de niños indígenas con
enfermedades congénitas producto de la actividad minera.
En noviembre de 2012 la Fundación La Salle, la Universidad
de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre divulgaron
los resultados de un estudio que reflejaba que el 92% de las mujeres indígenas
de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los
mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Frente a estos hechos algunos pueblos indígenas han
levantado su voz y la respuesta del Estado ha sido abrir juicios penales en la
justicia militar.
Un ejemplo es el caso de los cinco capitanes Pemones
actualmente procesados en los tribunales militares del estado Bolívar.
Ante las anteriores situaciones Provea propone a los poderes
públicos:
- Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas,
tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas (LOPCI).
- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 de la
CRBV y Título VII de la LOPCI, que reconocen la existencia de la jurisdicción
indígena para la aplicación de instancia de justicia en sus hábitats con base a
sus tradiciones ancestrales.
- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para
medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en
territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el
ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las
comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.
- Implementar programas orientados a mejorar la calidad de
vida de los pueblos indígenas, propiciando el protagonismo de las comunidades
en el desarrollo de una política que trascienda el asistencialismo, abordando
estructuralmente los problemas de salud, educación y alimentación.
- Investigar y sancionar de manera transparente, expedita y
apegada al estado de derecho los asesinatos de indígenas en el contexto de
conflictos relacionados a la tenencia de tierras.
- Cumplir con el Acuerdo Amistoso suscrito en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para desarrollar un Plan de Salud para el
pueblo yanomami y garantizar la salvaguarda de su territorio de minería ilegal.
- Conceder libertad plena a los capitanes indígenas
procesados injustamente en tribunales militares.
(Prensa Provea)
No hay comentarios:
Publicar un comentario