Caracas/Jueves 31 de octubre: Reorganicemos el Frente de Lucha por la Tierra (convocatoria)

laguarura.net

Los movimientos sociales de Caracas, comprometidos con la lucha por la tierra, porque pueblo sin tierra es pueblo vencido, llamamos a luchadores sociales a no olvidar la muerte del Cacique Sabino Romero, asesinado el 3 de Marzo de este año, por sicarios pagados por ganaderos, situación que se conoce suficientemente y ante la cual, aun no se logra que los culpables intelectuales, sean encarcelados.

Aunque los culpables materiales han sido imputados y se encuentran en proceso de juicio, la vulnerabilidad histórica de la justicia venezolana, especialmente cuando se trata de pueblos originarios, exige mantener “vigilia” como pueblo en lucha, para que no impere la impunidad.

En tal sentido, convocamos a reorganizar el frente de lucha por la tierra, instancia que se inició como parte del trabajo, legado del Cacique Sabino, dentro y fuera de nuestra frontera, para visibilizar lo que ocurre realmente en la Sierra de Perijá, con el extractivismo depredador, que desplaza los pueblos, destruyendo su cosmovisión, asesinándolos, desconociendo los derechos establecidos en la Consitución Bolivariana

Para replantear la lucha por la tierra, recuperando las cosmovisiones originarias, que constituyen la herencia más preciada de los pueblos que luchan y respetan la madre tierra, nos veremos en el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (Cepap- UNESR), el Jueves 31 de Octubre a las 2 pm (Edif. José Vargas, piso 1 Cerca de la Defensoría de Pueblo, La candelaria)

En el mes de la resistencia de los pueblos originarios, profundicemos la lucha por la tierra

Asiste!!!!!!!

El complejo de Sansón

Immanuel Wallerstein

La Jornada

De la Biblia proviene la famosa historia de Sansón, quien es un héroe. Hay muchas interpretaciones del significado del cuento, donde Sansón, un israelita a quien Dios le otorgó fuerza, derriba el templo de los enemigos filisteos (también muy fuertes), muriendo en el proceso. Yo le doy el sentido de que un acto que parece irracional (Sansón muere en el proceso) es a la vez heroico y bastante sensato, porque resulta el modo (tal vez el único) de que el fuerte enemigo sea derrotado y su pueblo se salve.

Parece que en los días que corren tenemos muchos Sansones putativos que bloquean o buscan bloquear lo que consideran arreglos peligrosos con el enemigo. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, está diciendo que un mal acuerdo es peor que no tener ninguno. Se refiere a lo que mira como un acuerdo Estados Unidos-Rusia en torno a Siria y el posible acuerdo Estados Unidos-Irán. En Colombia, el anterior presidente conservador está despotricando contra el actual mandatario conservador por estar negociando con la organización guerrillera conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo los auspicios de Cuba y Brasil.

Y, por supuesto, tenemos las masivas no negociaciones que ocurren en Estados Unidos, en las que los miembros del Partido del Té en el Congreso estadunidense están utilizando su fuerza para vetar cualquier arreglo con las fuerzas enemigas que, para ellos, están encabezadas por el presidente Barack Obama y el Partido Demócrata, con la colusión de otros a quienes consideran el enemigo interno –es decir, esos republicanos que llaman a algún tipo de arreglo. No es difícil demostrar que todos estos Sansones están tirando la casa no sólo sobre el enemigo, sino sobre ellos mismos. Para ellos, sin embargo, aun cuando ello sea cierto, es un asunto de sincronía. Lo tienen que hacer ahora, mientras tienen todavía la fuerza para hacerlo. De otro modo el enemigo vencerá e institucionalizará o mantendrá los males que ellos ven que se están cometiendo.

Esta clase de lucha ideológica, como se le llama, impermeable al así llamado pragmatismo, no fue inventado en los últimos 10 o 20 años. Es tan antiguo como la socialización humana. Pero ahora asume una característica especial, precisamente porque estamos en los espasmos agónicos de la crisis estructural de nuestro sistema-mundo capitalista. En una crisis estructural podemos esperar que habrá dos fenómenos masivos –una enorme confusión intelectual y, como consecuencia, alocados vaivenes en los sentimientos, que a su vez conducen a más locos vaivenes.

Conforme hay más y más grupos listos para tirar el templo, aun cuando ellos mismos resulten aplastados, la gente más confundida e incierta acerca de lo que hay que hacer es el llamado establishment. Ya se fueron los días en que podían maniobrar cínicamente y salirse con la suya. Ya no es cierto que “plus ça change, plus c’est la même chose (mientras más se cambie, más es la misma cosa)”, es decir, que ningún cambio aparente es real, que son sólo cortinas nuevas en las ventanas, meros cambios en el personal.

Así, ¿qué es lo que podemos hacer si buscamos un cambio verdadero, un tipo diferente de sistema-mundo del que hemos vivido por lo menos los pasados 500 años? Lo primero que deberíamos hacer es no quedar atrapados en los debates y locos vaivenes entre los Sansones y los delestablishment. En realidad no importa quién de ellos gane en el corto plazo.

La segunda cosa que deberíamos hacer es no gastar toda nuestra energía lamentando el hecho de que aquellos que quieren un cambio fundamental (algunas veces llamados la izquierda mundial) no parecen estar unificados o claros en sus objetivos, o comprometidos en organizarse con urgencia. El hecho es que ellos mismos están atrapados en la confusión, por lo menos en este momento.

Que el templo se desquebraja es una realidad que va más allá de nuestros esfuerzos por sostenerlo, aun si lo intentáramos. Pero no necesitamos pararnos debajo de la avalancha de rocas. Tenemos que intentar escapar de ésta. Debemos tener la seguridad de que los miembros más poderosos del establishment están intentado hacer justo eso.

Pero, ¿cómo nos escapamos y con qué fin? De nuevo, insisto en que es un sentido de la temporalidad: la diferencia entre el corto plazo (tres años o me nos) y el mediano (los próximos 20 a 40 años).

En el corto plazo la gente de todas partes (99 por ciento) está sufriendo. Debemos luchar por minimizar su dolor, batalla que puede asumir múltiples formas. Puede ser presionar por legislaciones inmediatas o decisiones ejecutivas de las dependencias del Estado que ayuden de inmediato a los desposeídos o evitar los daños futuros al ambiente, o salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas o de las llamadas minorías sociales.

Pero en el mediano plazo debemos aclarar la naturaleza de las estructuras que esperamos institucionalizar si conseguimos inclinar la bifurcación en nuestro favor. Debemos intentar entender no sólo los objetivos de mediano plazo de la derecha mundial, sino la naturaleza de sus profundas divisiones internas. La llamada izquierda mundial está también profundamente dividida. Debemos trabajar para remontar esto.

Nada es fácil en este tiempo de transición de un sistema-mundo a otro. Pero todo es posible –posible pero lejos de ser una certeza.

Traducción:Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

El buen vivir, un concepto en disputa

Remedios Sánchez

lalineadefuego.info

La persistencia y recrudecimiento de varios problemas sociales, económicos, ambientales y culturales, evidencian que el planeta atraviesa en la actualidad una crisis que amenaza no solo la estabilidad política de varios países, sino que pone en tela de duda los supuestos sobre los que se ha levantado la llamada modernidad. Obsesionados por vivir “mejor”, en términos de tener cada vez más posesiones materiales y supuestos satisfactores, los seres humanos no hemos tenido empacho en echar mano de todo lo que nos rodea bajo la creencia de que la tecnología suplirá los daños que provocamos al planeta y nos permitirá resarcir, posteriormente, la pérdida de ecosistemas, biodiversidad y especies. Poco ha importado que en esta desenfrenada voracidad por vivir mejor, grandes contingentes de seres humanos hayan quedado relegados de la consecución de sus más elementales derechos, o que hayamos olvidado que somos parte de un sistema mayor en el que cada uno de sus componentes tiene una función que alimenta la trama de la vida. Menos importancia hemos dado a la erosión y pérdida de culturas, de lenguas y saberes milenarios, de los que con mayor humildad y una menor devoción a la “verdad” de occidente, podríamos aprender –o haber aprendido- nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.

En esta lógica de crecimiento económico ilimitado, con un gran simplismo confundimos los medios con los fines, y otorgamos al mercado y al dinero un papel decisivo en la definición del rumbo por el que debería transitar la humanidad (Leff 2006). No hemos concedido oídos a lo señalado un siglo atrás por el economista húngaro Polanyi al advertir la falacia de considerar como mercancías a la naturaleza y a la fuerza de trabajo (Alimonda2011).

Las astronómicas cifras económicas en términos de producción interna bruta de los países, deuda externa, flujos financieros internacionales, no han podido paliar un descontento social cada vez más amplio respecto a la forma en cómo el mundo está organizado. Los problemas ambientales contemporáneos como los impactos generados por el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono, el achicamiento de la masa polar, las crecientes dificultades en el acceso a agua y merma significativa de su calidad, la pérdida de especies y bosques, erosión y pérdida de suelos, contaminación atmosférica, constituyen motivos de alerta para pensar que la carrera por el crecimiento económico continuo es claramente insostenible y que no podemos mantener los mismos patrones de producción y consumo, menos aún reproducir la forma de vida de las economías más ricas del planeta. Hay sobradas evidencias para afirmar que el “perfil metabólico”[1](Fischer-Kowalski y Haberl 2000)- los flujos de energía y materiales que utilizan estos países para satisfacer sus estilos de vida-no alcanzan para todos y que es imperativo comenzar a tomar en serio los límites finitos de la tierra, la escasez de recursos y las restricciones en sus funciones de absorción de residuos y ritmo de reposición natural de los recursos no renovables.

En medio de este panorama complejo, si algo positivo puede desprenderse de la crisis contemporánea que atravesamos es el llamado de atención a la necesidad de reubicar el centro de nuestras motivaciones y a considerar que la complejidad de los problemas actuales demanda respuestas integrales, innovadoras y contundentes, que den sentido a la vida, que doten nuevamente a la naturaleza de su significado propio, independientemente de la economía, y que identifiquen puntos de encuentro entre lo natural y lo social, la ecología y la cultura, lo material y lo simbólico(Leff 2006). Entre los inmensos cambios que debemos introducir, resulta ineludible el desafío de proponer una nueva epistemología que interpele el discurso occidental homogenizante y aportar en lo que hoy se denomina como “pensamiento de frontera”, “que cuestiona la modernidad (…) y se interroga sobre caminos y lógicas alternativas” (Alimonda2011: 26). Para decirlo en palabras de Escobar, “la habilidad de la modernidad para proveer soluciones a los problemas modernos es cada vez más estrecha, haciendo (…) factible una discusión sobre una transición más allá de la modernidad” (2011: 83).

En este contexto, y recogiendo el conocimiento milenario de los pueblos ancestrales, en los últimos años ha comenzado a configurarse un nuevo paradigma que contradice la noción del progreso sin fin: la noción del Buen Vivir, inspirada en el “Sumak Kawsay” o “Suma Qamaña” de los pueblos indígenas de los andes ecuatorianos y del altiplano boliviano, respectivamente, y que puede equiparse al "UtzK'aslemal" de los pueblos Mayas. Aunque no existe una definición única y compartida del Buen Vivir (lo que desde otra perspectiva también podría ser entendido como una poderosa potencialidad de este concepto en ciernes), resulta interesante discutir algunos de sus fundamentos sobre los que parecería identificarse cierto consenso alrededor de su acepción y alcance.

La noción del Buen Vivir busca la consecución de un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, propone romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y la ha convertido en su objeto de manipulación, dominio y apropiación. Al llamar a modificar nuestra actitud frente a la naturaleza, el Buen Vivir parte del principio de que todo forma parte de una sola unidad y que la alteración de un elemento fractura la estabilidad del flujo vital. Apela por tanto a recrear una forma de co-existencia con la naturaleza que en lugar de asentarse sobre la explotación de los recursos hasta su agotamiento, promueva su optimización para el bienestar colectivo.

Pero, lejos de ser una postura que únicamente aboga por las causas ecológicas, el Buen Vivir reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para las comunidades humanas, desligada de la mercantilización a la que inevitablemente nos ha conducido el capital y un proceso de acumulación sin fin que ha desdibujado el sentido mismo de la existencia. De ahí que el Buen Vivir ponga énfasis, en la reciprocidad como principio fundacional de la convivencia humana y en la complementariedad según la que cada ámbito, sector o dimensión de la realidad se corresponden de manera armoniosa con otro ámbito, sector o dimensión del mundo. En la búsqueda de una vida plena, el Buen Vivir está íntimamente ligado a la interculturalidad y a la plurinacionalidad y en esa medida sugiere, por un lado, la necesidad de repensar nuevas formas de organización social y política de la mano con un nuevo modelo económico y aboga por otro lado, el encuentro entre saberes ancestrales, prácticas basadas en el lugar –para usar el lenguaje propuesto por Arturo Escobar (2011)- y lo mejor del pensamiento occidental y de los logros alcanzados en el mundo contemporáneo.

El Buen Vivir atraviesa la Constitución del Ecuador y consta como un derecho en la Constitución de Bolivia gracias a la lucha de movimientos sociales –principalmente de los pueblos indígenas- de ambos países y de una correlación de fuerzas que facilitó, en su momento, canales de interlocución y diálogo social. La construcción y concreción de sus postulados y principios está sin embargo aún pendiente. No basta que la incorporación del Buen Vivir conste en los más importantes cuerpos legales nacionales. Esta aparente conquista puede ser al mismo tiempo su mayor debilidad debido a los riesgos de institucionalizar su sentido.

La institucionalización del Buen Vivir y su consiguiente tecnocratización podría coartar y desviar la dimensión contestataria al orden establecido que está implícita en la génesis de esta noción pues con demasiada frecuencia el tradicional concepto de desarrollo, ese ideal de progreso (acumulación) incesante que promueve el capitalismo, es suplantado indiscriminada y acríticamente por el Buen Vivir. En última instancia, al ser cooptado por la institucionalización, el Buen Vivir es solo el ropaje bajo el que, con un aparentemente nuevo léxico, continúa un modelo de crecimiento económico fundamentalmente orientado a satisfacer la demanda externa, una democracia de baja intensidad y un manejo centralizado del poder político. Esta afirmación no es lamentablemente lejana al caso ecuatoriano en donde, antes que cambios estructurales, procesos de redistribución serios y sostenidos y rupturas profundas, bajo el régimen del Buen Vivir impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, hay cada vez más cercanía con una política de desarrollo basada en las denominadas ventajas competitivas –patrimonio natural- del que dispone el país y con un estilo de gestión política poco propenso a la participación y el diálogo.

Aunque podría argumentarse que en consideración del lapso transcurrido desde la aprobación de la Constitución ecuatoriana vigente (2008) a la actualidad es aún prematuro plantear una suerte de regresión en el alcance del concepto del Buen Vivir que instrumenta la institucionalidad del poder, algunos elementos de la coyuntura permiten corroborar tal afirmación. En efecto, es poco probable pensar que las excepcionales condiciones con las que ha contado el gobierno –importante respaldo social, control de todos los poderes del Estado, elevados ingresos producto de los altos precios del petróleo- puedan redituarse en los siguientes años a fin de introducir los cambios que aspiraba el país para transitar hacia el Buen Vivir y que posibilitaron el ascenso al poder del Presidente Correa. Estos cambios no se han producido en la magnitud y la forma que se esperaban; más bien se ha acentuado una orientación de la gestión pública distinta a la volcada en el primer plan de campaña y que ha provocado el distanciamiento con sus iniciales aliados: indígenas, ambientalistas y sectores de izquierda.

El proceso de institucionalización del Buen Vivir en el Ecuador ha dado poco espacio al diálogo intercultural, al juego democrático y a una real descentralización de la gestión pública, menos aún ha sentado las bases para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional. La participación se circunscribe actualmente, como en el pasado, a los procesos electorales; sin diálogo ni espacios para procesar diferencias. El disenso es sinónimo de traición y no en pocos casos ha significado la criminalización de la protesta social.

En el plano económico, pese a la disponibilidad de un régimen de Buen Vivir y del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos[2], el énfasis de las actuales políticas públicas descansa aún en el extractivismo–que en el corto plazo se pretende extender hacia regiones relativamente alejadas de la dinámica del mercado- y en una concepción según la quees necesario inyectar importantes recursos económicos para avanzar en la superación de la pobreza y corregir las asimetrías sociales que soporta el Ecuador. En esta carrera hacia el progreso siguen pendientes políticas para modificar la estructura de propiedad de la tierra, una de las más inequitativas en la región, y disminuyen cada vez más las expectativas sobre los prometidos cambios para modificar la matriz productiva e iniciar la transición hacia una economía post-extractiva.

La propuesta más difundida al respecto, la Iniciativa ITT-Yasuní que proponía mantener en tierra las reservas petroleras de los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (estimadas en 920 millones de barriles) localizadas al interior del Parque Nacional Yasuní, a cambio de una compensación internacional equivalente al 50% de los ingresos netos de las potenciales exportaciones de dichas reservas (estimadas en 7,2 millones de dólares), fue unilateralmente abandonada por el gobierno a mediados de agosto del 2013. A cambio de esta compensación, Ecuador se comprometía a no emitir 420 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera del planeta (cantidad equiparable a lo que cada año emiten Francia o Brasil).

Tal iniciativa constituía una oportunidad excepcional para sentar las bases de una nuevo pacto civilizatorio entre seres humanos y naturaleza, incorporaba el criterio de responsabilidades comunes y diferenciadas, abría las puertas para otro tipo de cooperación y para el reclamo de la deuda ecológica, protegía diversidad biológica única contenida en el Parque Yasuní y la vida de pueblos en aislamiento voluntario; constituía una respuesta efectiva para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático. Así lo entendieron pueblos indígenas, jóvenes y diversos sectores sociales que se identificaron con la Iniciativa Yasuní-ITT y que, a raíz de la decisión gubernamental, presionan por la realización de una consulta ciudadana que decida su futuro.

El abandono de la Iniciativa Yasuní ITT por parte del gobierno ecuatoriano es solo el corolario de una tendencia que comenzó a manifestarse con más claridad hacia mediados de su segundo mandato (2009-2013) y sobre la que el Presidente Correa no ha tenido empacho en reiterar su adhesión: una economía sustentada en las riquezas hidrocarburíferas y minerales del país, una constante minimización de los impactos ambientales y sociales bajo el argumento de las bondades tecnológicas y una división de la sociedad entre supuestos defensores y detractores del progreso.

En este contexto, la posibilidad de mantener la noción del Buen Vivir como una “ilusión movilizadora”, como una postura política que confronte la racionalidad dominante, que haga eco de otras y diversas visiones e identidades y que reivindique los saberes plurales (Leff 2006; Escobar 2011),no puede supeditarse a lo que haga o deje de hacer el poder. El hecho de que el Buen Vivir siga siendo parte de una epistemología alternativa –y de una ecología política renovada- dependerá en gran medida de la correlación de fuerzas existente en cada sociedad, de la capacidad de organización y propuesta de los sectores sociales, de la necesaria reapropiación política de los conceptos, de la profundización de una democracia participativa y con espacios para la resolución de conflictos y disensos. Ventajosamente, el Sur global presenta evidencias de la construcción de una voluntad social cada vez más grande para iniciar una reconciliación entre los seres humanos y la Tierra y para establecer el cimiento de un nuevo pacto civilizatorio. Disputemos entonces el verdadero sentido del Buen Vivir.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Acosta, Alberto y Esperanza Martínez (comp.). El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Ediciones Abya-Ayala. Quito, 2009.

Alimonda, Héctor. La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política latinoamericana. En: La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Alimonda, Héctor (coord.). Colección Grupos de Trabajo. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-987-1543-84.7

Escobar, Arturo. Ecología política de la globalidad y la diferencia. En: La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Alimonda, Héctor (coord.). Colección Grupos de Trabajo. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-987-1543-84.7

Fischer-Kowalski, Marina y Helmut Haberl. El metabolismo socioeconómico. En: Ecología Política. No. 19. Cuadernos de Debate Internacional. Fundación Hogar del Empleado. Icaria Editorial. Barcelona, 2000. ISBN: 1138-6738.

Leff, Enrique. La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En publicación: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Alimonda, Héctor. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2006. ISBN: 987-1183-37-2

Santos, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina.Perspectivas desde una epistemología del Sur. Ediciones Abya-Ayala. Quito, 2010.

Otros documentos consultados

República del Ecuador. Constitución del Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. Montecristi, 2008.

 República del Ecuador. Documento base de posición nacional. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20. Martha Moncada (coord.). Ministerio Coordinador de Patrimonio. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quito.2012.

SENPLADES.PlanNacionalparaelBuenVivir2009-2013.SecretaríaNacionaldePlanificaciónyDesarrollo.Quito, 2009.

SENPLADES. Evaluación. Plan Nacional para el Buen Vivir. Secretaría Nacional de Planificación. Quito, 2012.

Notas

[1]Según algunas estimaciones, las necesidades materiales totales –que incluye los insumos materiales directos y los denominados flujos ocultos- de los países industrializados ascienden a más de 80 toneladas por persona al año (Fischer-Kowalski y Haberl 2000:25).

[2]El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos consta por primera vez a nivel mundial en la Constitución ecuatoriana del 2008.

Fuente: http://lalineadefuego.info/2013/10/18/buen-vivir-un-concepto-en-disputa-por-remedios-sanchez/

Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma

Introducción

Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito.

América Latina no está libre de tales ataques

Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.

Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer.

Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1

Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.

¿Que es UPOV?

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. 2 En el lenguaje de UPOV, “protección” significa privatización.

La historia de UPOV muestra una expansión permanente y aparentemente sin límite de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos. El Convenio original otorgaba derechos de propiedad solamente sobre variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización, concedía poco más que el derecho exclusivo de comercializar una variedad privatizada y no establecía sanciones específicas. Con las sucesivas transformaciones en 1972, 1978 y 1991, UPOV actualmente concede propiedad sobre variedades “descubiertas” y otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, exportación, importación, además de permitir a las empresas pedir la confiscaciòn de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha. Asimismo, establece que las empresas pueden demandar penalmente, lo que implica penas de cárcel.

El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas.

Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.

En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que en este momentos aplica UPOV 91. 3

El saco sin fondo de las ambiciones empresariales

Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto:

a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.

b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.

c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.

Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.

Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.

Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.

La resistencia crece y se multiplica

Pero también es en América Latina donde las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.

Chile

La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.

Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.

A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.

Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.

El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de ley.

Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.

A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.

Argentina

El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.

Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.

A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.

La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.

Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.

El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.

El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.

El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.

Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que “Los productores que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología”. Una particular manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.

La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.

Colombia

En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.

La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.

Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales”. 6

A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012 que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”. 8

Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.

La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.

El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías. 10

Venezuela

En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.

La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.

Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.

México

Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de leyes combinadas 12 que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales” (1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la nueva ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.

Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”. 16

Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.

En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio público”. 17 Se incluían los organismos genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético que no es vegetal”. 18

La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero seria un error pensar que está desactivada su aprobación. 19

En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el resto del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa dirección.

Las resistencias dan sus frutos

Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.

En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.

En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.

En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.

En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.

También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.

Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy consientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.

Notas:

1 UPOV

2 “Leyes de semillas: imponiendo un apartheid agrícola”, GRAIN, 29 de octubre, 2005.

3Ibid

4 “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”, MNCI, CLOC-VC Argentina, GRAIN, AT, ACBIO, 2 de octubre, 2012

5 Monsanto, “Licencia de uso, Intacta rr2”

6 “Propiedad intelectual y patentes”, Grupo Semillas, 18 de mayo, 2012

7 “Colombia: Declarada inexequible la ‘Ley de Semillas’”, Biodiversidad, 12 de diciembre, 2012

8 “Caída de leyes de obtentor y de Internet afectaría TLC”, Portafolio, 27 de enero, 2013

9 “9.70, la historia de la semilla privatizada”, Clementina Producciones – Victoria Solano, 2013

10 “Resolución 970 del ICA: congelar, derogar y reconstruir de manera democrática”, Grupo Semillas, 9 de junio, 2013

11 Campaña Venezuela Libre de Transgénicos

12 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, GRAIN, 14 de abril, 2010

13 “Ley Federal de Variedades Vegetales”, SAGARPA

14 “Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados” (pdf), CONACYT, 18 de marzo, 2005

15 “Ley Federal de Producción, certificación y comercio de Semillas” (pdf), Gobierno de Mexico, 15 de junio, 2007

16 “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, op. cit

17 “Mexican farmers block Monsanto law to privatize seeds and plants”, Occupy Monsanto, 14 de junio, 2012

18 Ibid

19 Ibid

Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/4801-leyes-de-semillas-en-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistencia-que-crece-y-suma

Hacia un mundo desamericanizado: La mirada estratégica

Por: Raúl Zibechi

Durante siete décadas Estados Unidos fue el pilar del orden mundial. Aunque republicanos y demócratas consiguieron zurcir un acuerdo de último momento para evitar el default, parece necesario indagar en las causas de fondo, donde destaca el concepto de “crisis sistémica”.

 El 15 de febrero de 2006 se publicaba el segundo número del Boletín Global Europeo de Anticipación (GEAB, por sus siglas en inglés), una nueva herramienta para el debate político estratégico con una mirada diferente a la que venían exponiendo los hegemónicos  think tanks británicos y estadounidenses, promovido por el Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), localizado tanto geográfica como geopolíticamente en Europa central.

En esa fecha, casi siete años atrás, el boletín titulaba su análisis: “El fin de Occidente como lo conocemos desde 1945”, y anunciaba “una crisis económica y financiera de una dimensión comparable a la de 1929”. Destacaba siete aspectos de la crisis que se estaba gestando: la pérdida de confianza en el dólar, la explosión de los desequilibrios financieros estadounidenses, crisis del petróleo, pérdida de liderazgo global de Estados Unidos, desconfianza del mundo árabe-musulmán, ineficiencia de la gobernanza mundial y creciente incertidumbre en la Unión Europea.

A la vista de lo ocurrido en los últimos siete años, pueden sacarse dos conclusiones iniciales: no estamos frente a una extraordinaria capacidad de predicción sino ante la utilización rigurosa de herramientas analíticas, entre las que destaca la capacidad de mirar en el largo plazo las grandes tendencias, aquellas que no se visibilizan si nos conformamos con pocos datos y del corto plazo. La segunda, es que en momentos de confusión como los actuales, podemos fiarnos de ese tipo de análisis que, aún sin creerlos infalibles, pueden orientar en momentos de incertidumbre.

Euforia en el caos

En febrero de 2006 el GEAB comenzaba a manejar el concepto de “crisis sistémica global”, quizá la más consistente de las herramientas de su arsenal teórico. Más adelante, en febrero de 2009, hablarán de la “desarticulación geopolítica mundial”, para referirse a la completa modificación de la arquitectura política construida por los países triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo sus manifestaciones en los acuerdos de Bretton Woods (por los que se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), y en la creación de las Naciones Unidas, entre otros.

Cuando el GEAB anunció la crisis con epicentro en Estados Unidos, la Reserva Federal (FED) se aprestaba a dejar de publicar las cifras del M3, que hacen referencia a la masa monetaria que permite medir la liquidez o el dinero circulante. Para los analistas fue un momento de inflexión: en nueve años la masa monetaria se había duplicado. Además la FED dejaba de publicar los datos respecto a depósitos a largo plazo, acuerdos de recompra y datos de los depósitos en dólares en los bancos fuera de los Estados Unidos. Según analistas europeos esa decisión “podría convertir las inversiones al otro lado del Atlántico en un ejercicio de fe ciega en las declaraciones que haga la FED, más que en un ejercicio de toma de decisiones basada en datos económicos concretos” (Mario Mueller en oroyfinanzas.com 14 de noviembre de 2005).

Un pequeño hecho como éste, era capaz de revelar la profunda debilidad del dólar y de la economía estadounidense. Una situación que era, apenas, “indicador y factor central de la crisis sistémica global”. Por ésta entienden un cambio del sistema que, en rigor, comenzó en 1989 con la caída del muro de Berlín y el fin del sistema bipolar Estados Unidos-Unión Soviética. El haber comprendido que se transita una crisis sistémica, les permitió, “en un momento en que todos los indicadores económicos públicos estaban eufóricos”, anticipar la crisis en base al “análisis transdisciplinario” de un equipo de investigadores.

Caos en el caos

En estos siete años se sucedieron un conjunto de hechos que terminaron de debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo. Quizá el hecho mayor sea la crisis de 2008 (anticipada por un puñado de analistas, entre ellos el GEAB), que determina varias transiciones globales. Sólo recordar algunas de las más trascendentes: en 2010, por primera vez desde que existen mediciones, los países emergentes superan a los desarrollados como receptores de inversión extrajera directa según el informe anual de UNCTAD. No fue un año excepcional, ya que la tendencia s confirmó en los tres años siguientes, sino un viraje de hondas repercusiones en el orden global.

En 2010 China destronó a Estados Unidos como la mayor potencia manufacturera, ya que su producción industrial representó el 19,8 por ciento de la mundial, mientras la de su competidor fue del 19,4 por ciento (France Presse, 14 de marzo de 2011). Los principales indicadores de la industria muestran un viraje profundo: China produce más de 20 millones de vehículos por año, frente a la mitad de Estados Unidos que siempre había llevado la delantera (en 2000, Estados Unidos fabricaba 10 millones de vehículos frente a dos millones de China).

En 2011 China se convirtió en la segunda potencia científica del mundo sólo detrás de Estados Unidos, cuya posición se erosiona, superando a todos los países de Europa, mientras países como Irán y Turquía desarrollan su sector científico a ritmos tan vertiginosos como los chinos (El País, 29 de marzo de 2011).

A mediados de 2011 la agencia S&P degradó la calificación de Estados Unidos, lo que debe considerarse como un punto de inflexión que confirmó que “lo imposible estaba plasmándose” (GEAB, 17 de diciembre de 2011). En 2013 llegó la quiebra de la ciudad de Detroit, anunciando que otros municipios seguirían sus pasos.

Más recientemente, el deterioro de la capacidad de liderazgo de Washington comenzó a ser reconocida por una asombrosa variedad de medios, que hasta tiempo atrás ignoraban el asunto. La intervención de Rusia en la crisis de Siria, forzando a Occidente a aplazar indefinidamente la intervención militar, fue anotada como un síntoma mayor de la decadencia estadounidense. A principios de octubre los analistas bromearon al comprobar cómo el “pivote Asia Pacifico” definido con toda pompa por la Casa Blanca, como la clave de su reposicionamiento estratégico para contener a China, fracasaba estrepitosamente.

La reunión del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Bali, fue la apoteosis para China cuando debería haber sido la puesta en escena del pivote por parte de Barack Obama. La situación interna le impidió viajar. La falta de consenso entre demócratas y republicanos, ha consumido todas las energías de la Casa Blanca. Los presidentes Xi Jingpin (China) y Vladimir Putin (Rusia) fueron las estrellas del encuentro de la APEC en Bali, donde el chino recordó sus deberes a la Casa Blanca, en el sentido de que no puede permitir un default.

Según Pepe Escobar en Asia Times, “China fue la estrella del show de APEC”, una alianza de 21 países que representa la mitad de la producción y el comercio mundiales (Asia Times, 8 de octubre de 2013). China es el mayor socio comercial de la región, cuestión que contrasta con el Acuerdo Transpacífico impulsado por Obama que, según Escobar, es “un gran chanchullo corporativo que reducirá los aranceles para beneficio únicamente de las multinacionales estadounidenses”.

Recuerda que APEC fue inicialmente un foro afín a Estados Unidos, cuando en la cumbre de Indonesia, en 1994, “un incontestable Bill Clinton parecía dictar el futuro de Asia Pacífico”. En contraste, “Obama ha estado demasiado ocupado girando hacia su persona en lugar de girar hacia Asia”. Por eso, cuando se realice la próxima cumbre de APEC, en 2014 en Pekín, para entonces Obama puede haber encontrado tiempo para girar hacia Asia, pero “para entonces será demasiado poco, demasiado tarde”.

El tobogán del dólar

El muy circunspecto Financial Times, portavoz del capital financiero, publicó un artículo titulado “Sistema basado en el dólar es inherentemente inestable” (Financial Times, 2 de octubre de 2013). El artículo firmado por Ousméne Mandeng, actual director del grupo de gestión de inversiones Pramerica, ex director gerente del banco UBS y ex jefe de división en el FMI, sostiene que el sistema monetario internacional no funciona correctamente y que el culpable es el dólar.

El problema, en su opinión, es que Reserva Federal “no es probable que subordine sus objetivos nacionales a las necesidades de la economía internacional” y que siendo el dólar una moneda nacional dominante en el mundo, debería existir una convergencia entre el emisor y el resto del mundo, “lo cual evidentemente no es el caso”. La desestabilizadora guerra de divisas en curso no encuentra organismos internacionales (FMI, G-20) capaces de apaciguarla, mientras “los políticos carecen de coraje para reformar las bases del sistema y se inclinan por jugar en los márgenes”.

Ante este panorama, Mandeng defiende la necesidad de “reducir la dependencia del dólar” para que la economía mundial funcione mejor, y de ese modo se puedan evitar “crisis cambiarias recurrentes y alta volatilidad de precios de los activos”. En suma, dice que “la economía internacional necesita más monedas” y que la diversificación ayudaría a la economía del mundo a sostenerse sobre una base más amplia y “protegerse contra las vicisitudes de la política nacional de Estados Unidos”. Una mirada sugerente, sobre todo porque proviene del núcleo del sistema financiero.

Es justamente lo que vienen haciendo cada vez más países en el mundo. Días atrás trascendió que India está trabajando en “la posibilidad de pagar a Irán por los suministros de petróleo con divisas como el rublo, el yuan o el yen para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a la República Islámica de Irán, de realizar cualquier transacción por el crudo iraní en dólares y euros” (Russia Today, 5 de octubre de 2013).

Mucho más importante es el acuerdo alcanzado por el Banco Central Europeo y el Banco Central de China para intercambiar yuanes y euros, o sea realizar su comercio sin acudir al dólar (CNN Money, 10 de octubre de 2013). La Unión Europea es el mayor mercado de China y acuerdos de este tipo (ya firmó uno similar en junio con el Banco de Inglaterra) debilitan al dólar y aumentan el poder del yuan que ya es la novena moneda más transada en el mundo y camina hacia su creciente internacionalización.

La sustitución del dólar por otras divisas como monedas de reserva, ya no es un tabú y se debate abiertamente en los foros mundiales. No es, en absoluto, un debate ideológico, sino acerca de la creciente desconfianza en la capacidad de Estados Unidos para pagar su enorme deuda de casi 17.000 billones de dólares, mayor que su PIB anual. Lo que está en debate es “la capacidad de Estados Unidos y del Reino Unido para financiar sus déficits públicos, ya descontrolados” (GEAB, 18 de junio de 2009).

Al no haberse reformado el sistema financiero, causante de la crisis de 2008, las cosas no han hecho sino empeorar. La mirada estratégica es nítida: “En 40 años de desequilibrios comerciales estadounidenses y de variaciones bruscas de sus cotizaciones, el dólar como pilar del sistema monetario internacional fue la correa de transmisión de todos los resfriados de Estados Unidos hacia el resto del mundo, y este pilar que ahora se desestabiliza es el núcleo del problema mundial, porque hoy Estados Unidos ya no sufre un resfriado sino de una peste bubónica” (GEAB, 16 de junio de 2013).

En efecto, una economía deficitaria acostumbrada a que el resto del mundo la financiara, pero que a su a vez era garantía de estabilidad, un papel que ya no puede seguir cumpliendo por el deterioro de su posición en el mundo. Cuando las cosas se ponen de ese modo, sólo queda patear la pelota hacia adelante. Eso fue lo que se sucedió con el ataque al euro, decidido por un grupo de banqueros estadounidenses en febrero de 2010 (The Wall Street Journal, 26 de febrero de 2010). La segunda medida para aplazar la crisis fue la “flexibilización cuantitativa” (Quantitave Easing) decida por la FED, por la cual se inyectan 45 mil millones de dólares mensuales a través de la compra de obligaciones públicas. El problema es que cualquier anuncio de que se retirarán esos estímulos tiene efectos nocivos para “los mercados” que se han vuelto dependientes de los estímulos.

Deuda impagable y crisis política

En diciembre de 2001 el GEAB presentó sus anticipaciones referidas al futuro de la superpotencia. El título del boletín lo dice todo: “2012-2016: Estados Unidos insolvente e ingobernable”. La conclusión es que lo alguna fue el “buque insignia” del mundo parece haberse convertido en un “barco a la deriva”. Uno de los núcleos del análisis efectuado hace ya dos años, consiste en lo que denominan “la parálisis institucional estadounidense y la desarticulación del bipartidismo tradicional”. Como se verá, el análisis parece calcado del libreto que demócratas y republicanos están escenificando estas semanas que gira sobre un telón de fondo de recesión y depresión económicas.

El análisis sostiene que las principales instituciones del país, la Presidencia, el Congreso y la FED, “se revelan impotentes para decidir o poner en ejecución políticas significativas”. Este auténtico “bloqueo institucional” está mostrando la desarticulación del bipartidismo republicano-demócrata por la gravedad de la crisis, que no admite paños tibios y, sobre todo, porque en la última década dejó de haber “permeabilidad entre las visiones políticas de ambos partidos”. En efecto, la aparición del Tea Party entre las filas republicanas y de Occupy Wall Street (OWS) en los linderos del Partido Demócrata, supone una fisura entre ambas colectividades en base a intereses irreconciliables.

“El presidente no puede hacer gran cosa cuando el Congreso no tiene mayoría estable al estar profundamente dividido en las grandes orientaciones del país”, que se orienta hacia una división en cuatro fuerzas sociales, apunta el GEAB. Lo posible son apenas acuerdos de último minuto, pero ninguna solución de fondo ante la incapacidad de programar nuevos equilibrios presupuestarios. Detrás del Tea Party y de OWS hay dos propuestas incompatibles: sacrificar la reforma de la salud y otros gastos sociales del gobierno de Obama o sacrificar el gasto militar.

Entre las elecciones de 2014 y las presidenciales de 2016, estiman que podrá situarse el momento más crítico para el país. Los intereses de los poderosos, alineados por el complejo militar-industrial, pueden jugar la carta de un “salvador” para salir del caos actual. El general David Petraeus puede ser un buen candidato. Todo indica que lo peor está por venir: aún cuando negociaciones de última hora consigan (consiguieron..) llegar a un acuerdo para elevar transitoriamente el techo de la deuda, el daño a la credibilidad del país está hecho.

Mucho más allá de la pelea entre republicanos y demócratas, el problema de fondo el otro: “El país no afronta un crisis ´normal´, incluso ´grave´ como la de 1929, sino una crisis histórica del tipo de las que ocurren sólo una vez cada cuatro o cinco siglos” (GEAB, 17 de diciembre de 2011). Tal vez fue esa convicción la que lleva a las autoridades chinas a considerar que “tal vez sea el momento para que un mundo atónito comience a considerar la construcción de un mundo desamericanizado” (Xinghua, 13 de octubre de 2013).

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.

 Fuente: http://www.alainet.org/active/68319

18 de octubre, Día Nacional del Capitalismo Rentístico

Rómulo Betancourt y Gallegos junto a Eduardo Mendoza, promovido por FEDECAMARAS como ministro de agricultura de la junta que derroca a Medina. Eduardo Mendoza era hermano de Eugenio Mendoza, uno de los “aliados” de Medina y de hecho su Ministro de Fomento. Eduardo Mendoza es el abuelo materno de Leopoldo López y suegro de Thor Halvorssen, célebre agente de la CIA y la DEA vinculado a CAP y Pedro Tinoco e involucrado en los casos de terrorismo financiero de los años 90. El hijo de Thor Halvorssen, Thor Halvorssen Mendoza, primo de Leopoldo, dirige una organización denominada Human Rigths Foundation con sede en Nueva York, también una fachada de la CIA y la USAID para operar en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

La no tan abundante literatura venezolana sobre el tema petrolero y particularmente sobre el rentístico sufre de otro mal: y es que cuando se revisa, en la mayoría de los casos a uno le queda la impresión que el rentismo es algo así como una fatalidad, en el sentido griego del término: el país se ve enfrentado de manera misteriosa, inexpugnable e inevitable contra el rentismo, moviéndose siempre hacia un desenlace fatal por una fuerza ciega: el fatum petrolero.

Más concretamente, los venezolanos aparecemos en dicha literatura un poco como sísifos obligados a cargar una piedra gigante por una enorme cuesta que se nos devuelve cuando estamos –o creemos que estamos- por llegar a la cima: la piedra gigante sería la “siembra petrolera”, la cuesta: el bienestar, el progreso, la “Gran Venezuela”, etc., la maldición: la renta petrolera, ese resultado del “excremento del diablo” que hace vicio de su virtud condenándonos irremediablemente a la locura, el derroche, el estancamiento, al subdesarrollo, al populismo.

Desde Adriani y Pietri hasta Coronil, pasando por Pérez Alfonzo y Pérez Shell, esto es más o menos lo que se nos dice. No pocas veces el argumento se redondea con prejuicios racistas con respecto a la ignorancia del venezolano, su flojera, etc., aquel viejo chiste (que como todo chiste después de Freud, sabemos que tiene una estrecha vinculación con cierto “inconsciente colectivo”) muy bien cultivado en determinados sectores ilustrados y no tanto de la vida nacional: que Venezuela es un gran país magnífico pero lamentablemente habitado por venezolanos, que es un poco el contrapeso puesto por dios ante tantas riquezas y bellezas. Es lo que Adriani y López Contreras llamaba “crisis del hombres”, el mal y tarado “rebaño nacional” enfermo por siglos de miserias, ignorancias, realismo mágico y caudillos, el cual había que mejorar sino sustituir por buenos ejemplares provenientes de otras tierras con mejor porte y espíritu emprendedor.

Desde luego, la conclusión lógica de todo este razonamiento es que nuestro pobre país no se desarrolla porque el Estado despilfarrador –heredero del caudillaje- en colusión con la masa de flojos y vividores ha malgastado los recursos que debían ser utilizados en el desarrollo de la industria nacional. El supuesto es que debajo de ese Estado y esas masas existe una Venezuela productiva conformada por una raza de heroicos emprendedores que en las condiciones más adversas y por fuera del festín rentista se la han arreglado para surgir y mantenerse. Por eso uno observa y escucha hoy día a quienes muy orgullosos afirman que hay que acabar con el “petro-populismo”, reorientar la renta hacia actividades productivas (es decir, para el financiamiento del emprendimiento privado) para que estas nos enrumben hacia los senderos del progreso, a esos donde solo lleva la ética del trabajo y el espíritu capitalista.

Ahora bien, como suele suceder, este mito contrasta abiertamente con la realidad por varias razones, pero particularmente por una: porque en dicho “festín” los más beneficiados han sido precisamente esos “nobles emprendedores”, los cuales históricamente se han arrimado al Estado capitalizando su flujo de recursos. Es decir, los capitalistas criollos son los últimos interesados en que acabe el modelo rentista, son sus principales defensores, y de hecho, son sus creadores.

En efecto, para empezar por lo último, la ingeniería básica del modelo rentista, esa según la cual el Estado captura una renta internacional en razón del ejercicio de una propiedad nacional sobre el recurso petrolero que luego lo transfiere al sector privado para que impulse el desarrollo nacional, es invención de don Vicente Lecuna, quien para la época de redacción de la primera ley de hidrocarburos (1920) fungía de presidente del Banco de Venezuela, banco privado que cumplía todas las funciones administrativas del Estado: desde el cobro de impuesto hasta la emisión de moneda. En su famoso debate con Gumersindo Torres, el esquema Lecuna terminó imponiéndose por lo que la renta petrolera –lo que en la época se llamaba “canon de arrendamiento”- no la recibirían los terratenientes (como proponía Torres) sino el Estado, lo que en la práctica significaba ser administrado por la emergente burguesía financiera y comercial. Ese el inicio de nuestro rentismo: una creatura de la burguesía nacional, o más específicamente de una fracción de la misma, la que emergía con más fuerza desde los tiempos de instalación de las casas comerciales y la Compañía de Crédito inventada por la dupla Guzmán Blanco-Manuel Antonio Matos, oligarcas de pura cepa.

Los complementos de las bases del esquema rentista se darían en los años treinta. El primero de ellos en 1934 con el llamado “Convenio Tinoco”, esquema cambiario acordado entre el Estado y las transnacionales petroleras que implicó una sobrevaluación del Bolívar, lo cual se traducía en una mayor cantidad de dólares a cambiar por moneda nacional por parte de las petroleras, lo que redundaba en una mayor cantidad de dólares para el país utilizables para importar. El convenio Tinoco –que debe su nombre a Pedro Tinoco Smith (padre de Pedro Tinoco, futuro presidente del Latino, jefe de los “doce apóstoles” y uno de los más conspicuos pillos que hayan habitado estas tierras), quien fungía de abogado de las empresas y representante del Estado al mismo tiempo- terminó de enterrar a la ya malograda agricultura nacional, al tiempo que creó las condiciones necesarias para frustrar cualquier intento de industrializar al país por las desventajas ante el comercio importador, mucho más barato y rápido.

El segundo sería en 1939, con la firma del tratado de reciprocidad comercial con los Estados Unidos, una especie de TLC avant la lettre. Ya estamos  en tiempos de López Contreras. El acuerdo no solo fue celebrado sino impulsado por la poderosa burguesía comercial y financiera, quien obtenía a través del mismo muchas más ventajas para la profundización del comercio de signo importador.

Con estos antecedentes llegaremos a los tiempos de Medina Angarita. Habría mucho que decir sobre este período, pero lo fundamental por recordar es que es el primero y único intento real por revertir el capitalismo rentístico dentro de los márgenes del capitalismo. El proyecto fue impulsado por una élite burguesa cuyo propósito era transformar la economía nacional en una de base capitalista “normal”, industrial y no dependiente del ingreso petrolero. Para ello el gobierno de Medina hubo de combatir en al menos dos frentes: el internacional, contra las petroleras, pero también el nacional, contra los capitalistas criollos. Estos últimos formarán en 1943 una alianza gremial contra Medina a la que le darán el nombre de FEDECAMARAS. Estará conformada sobre todo por comerciantes, pero la dirigirá un banquero, Luis Marturet, de los todavía dueños del Mercantil. Acusaban al gobierno de Medina de intervencionismo en la economía, de perseguir la iniciativa privada, de ahogarla con controles de precio, de violar la iniciativa privada. El gobierno argumentaba que al ser principal actor económico tenía no solo el derecho sino el deber de planificar la economía y establecer criterios para la inversión. A la par, Medina llevaba a cabo un proceso de democratización que entre otras cosas establece la legalización de partidos como AD y el PCV. Este proceso irrita a los militares más reaccionarios, quienes siguiendo aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo se acercan a FEDECAMARAS. El trío lo completará AD, que cínicamente acusará al gobierno que lo legalizó de “dictadura”. El 18 de octubre de 1945 le dan un golpe de Estado e instalan una “junta revolucionaria” encabezada por Rómulo Betancourt.

Periódico "El país": 1945. Golpe de Estado contra Medina Angarita

Para derrocar a Medina aplicaron fórmulas hoy conocidas por todos. Se acapararon productos, se acusó al gobierno de causar inflación y escasez (buena parte de la cual era ficticia, cuando no consecuencia del contexto de guerra mundial). Se acusó al Estado de intervencionista al crear redes alternativas de distribución de alimentos, de aplicar controles de precio para evitar la especulación y de cambio para evitar la fuga de capitales. Se decía entonces, como ahora, que el progreso del país estaba en la libre iniciativa privada y que solos los empresarios tenían capacidad de definir los intereses de la nación. Mientras todo esto ocurría la prensa -que gozaba de amplias libertades dadas por Medina- se encargó de convertirlo en demonio y luego celebró abiertamente su derrocamiento.

La Junta durará dos años, luego de los cuales resulta electo Rómulo Gallegos. Es de hacer notar que se desmantelan varias de las políticas de Medina, pero particularmente las dos instituciones más criticadas por FEDECAMARAS por ser los instrumentos del intervencionismo de Estado no lo serán sino que pasan a ser dirigidas por los propios empresarios: el Consejo Nacional de Economía y la Corporación Venezolana de Fomento. Este último era una institución de financiamiento, creada para apoyar a los sectores priorizados para el desarrollo nacional. Pero en manos de FEDECAMARAS se transformará en una vía expedita de captación de la renta petrolera de la manera más corrupta posible: FEDECAMARAS dirigía y otorgaba los créditos que recibía ella misma, los cuales naturalmente nunca se dio a la tarea de retornar. Esta es la historia que Betancourt no cuenta en su célebre “Venezuela, política y petróleo” de hecho, dicha obra tiene como función expresa oscurecer bajo la retórica de la “distribución justa de la renta” la entrega de la misma a concentradas manos privadas.

En cuanto a los sectores industriales favorecidos y apoyados por la política de Medina rápidamente cambiaron de bando y lo dejaron solo en su pelea. Entre otros, los dos clanes Mendoza se acomodaron a los cambios y de allí surgirá esa particular condición de la economía venezolana: inflada en lo comercial y financiero, altamente concentrada en lo industrial. Por eso la especulación es la forma de funcionamiento normal del empresariado criollo.

Comparativo entre las tasas de acumulación de los capitalistas nacionales con los de otros países. Nótese como los “treinta gloriosos” del capitalismo central son superados por los al menos “cuarenta gloriosos” años de acumulación de la burguesía venezolana, en términos relativos claro está. Fuente: Asdrúbal Baptista. El relevo del capitalismo rentístico.

                              

Derrocado más tardes Gallegos por no ponerse a la altura de las exigencias empresariales, entraremos en dictadura de Pérez Jiménez que es como decir la “edad de oro” de FEDECAMARAS. Luego, resumiendo mucho, esa misma burguesía cuando considera que el dictador ya no responde a sus ambiciones, se adelanta al movimiento popular y termina apropiándose de las luchas democratizadoras. En complicidad con AD secuestra el 23 de enero y luego de varias idas y vueltas y pacto de Punto Fijo mediante crea las condiciones para el saqueo que que vendrá después.

En fin, tal día como hoy es un recordatorio que el rentismo no es una tara, un designio ni una maldición. Es un modo de apropiación de la riqueza social en pocas manos, en este caso de privatización del excedente petrolero a través del Estado que como todo modo de apropiación tiene un origen, una historia, unos arquitectos y unos defensores que luego levantan un mito que los encubre.

Fuente: http://surversion.wordpress.com/2013/10/18/18-de-octubre-dia-nacional-del-capitalismo-rentistico/